La diputada Maribel Espinoza aseguró que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y un grupo reducido de diputados incurrieron en una serie de delitos tras aprobar el informe que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales.
Según Espinoza, se trata de una "clara conspiración" que ya fue señalada por la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que advirtió sobre actuaciones irregulares dentro del Congreso Nacional.
La diputada citó textualmente el pronunciamiento del organismo internacional, el cual señala que se trata de "las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder".
Además, dijo que enviaron una petición formal a la presidenta Xiomara Castro para que no sancione el proyecto de ley que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales el aprobado el jueves bajo la presidencia de Luis Redondo.
En el documento los firmantes solicitan que el Ejecutivo ejerza su facultad constitucional, ya que el "supuesto proyecto de ley" fue aprobado sin quórum legal, con participación de un grupo reducido de diputados, en su mayoría del partido Libertad y Refundación (Libre).
Sostiene que la actuación del presidente del Congreso y de los diputados presentes configura delitos como "traición a la patria, rebelión, sedición y abuso de autoridad", al intentar, según señalan, desconocer la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025.
En su argumentación, recuerdan que Honduras es un Estado de Derecho y que "el poder solo puede ejercerse conforme la Constitución y las leyes; y no por voluntad de una persona o grupo de personas", citando el artículo 1 de la Constitución de la República.
Asimismo, el documento enfatiza que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único órgano competente para organizar y declarar los procesos electorales, y que dicha institución ya emitió la declaratoria oficial de las elecciones generales los días 24 y 30 de diciembre de 2025, conforme a la ley.
Subraya que cualquier inconformidad con los resultados electorales debe ser conocida exclusivamente por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y eventualmente por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Congreso Nacional tiene prohibido asumir atribuciones que no le corresponden.
En ese sentido, consideran que los hechos descritos deberían estar siendo investigados por el Ministerio Público, al tratarse de delitos políticos que afectan directamente la institucionalidad democrática del país.
El día de ayer @Lredondo y su grupo cometió una serie de delitos; su clara conspiración para impedir la alternancia en el ejercicio del poder ya ha sido expuesta claramente por la OEA @OEA_oficial al decir: “ las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños... pic.twitter.com/9D9i2ZcU3F
— Maribel Espinoza (@MaribelE59) January 9, 2026