Con la presencia única de diputados de Libertad y Refundación (Libre), un pequeño grupo del oficialismo se reunió este jueves en el hemiciclo legislativo y aprobó un informe que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales.
El informe plantea la posibilidad de un recuento general de votos, incluyendo la apertura de más de 19,000 urnas a nivel nacional.
La sesión fue encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acompañado únicamente por diputados propietarios y suplentes de su bancada. La diputada liberal Mireya Guillén apenas logró contabilizar 68 parlamentarios, cifra con la que se alcanzó por escaso margen la aprobación del informe, sin la participación de las bancadas de oposición.
Durante la jornada, el diputado de Libre Ramón Barrios leyó por más de dos horas un extenso informe en el que sostuvo que la declaratoria carece de validez, basándose en una serie de supuestas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral.
Entre los señalamientos expuestos se incluyeron presuntas amenazas de Estados Unidos relacionadas con el envío de remesas, denuncias atribuidas a la ministra del Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre la supuesta coacción de grupos armados a electores para que no votaran por la candidata oficialista Rixi Moncada, así como otras anomalías que, según el documento, vician de nulidad el proceso.
La votación se realizó levantando la mano, sin registro nominal ni debate de fondo. El informe apenas fue aprobado con 68 votos, correspondientes a diputados de Libre y el respaldo de la diputada liberal Mireya Guillén.
Durante la sesión, Redondo concedió la palabra a casi la totalidad de los diputados presentes de la bancada oficialista. En varios casos, las intervenciones derivaron en mensajes de despedida política, principalmente de parlamentarios que no lograron la reelección en los comicios recientes, convirtiendo la jornada en un acto más simbólico y partidario que en un ejercicio efectivo de deliberación legislativa.
Las afirmaciones contenidas en el informe no estuvieron acompañadas de resoluciones judiciales firmes ni de pronunciamientos oficiales de los órganos electorales o jurisdiccionales competentes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y el alcance real de lo aprobado por la bancada oficialista.
Juristas y sectores de oposición han reiterado que el Congreso Nacional carece de facultades constitucionales para anular una declaratoria electoral o para ordenar un recuento general de votos, competencias que corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral, mediante los recursos establecidos en la ley.
