El proceso electoral de Honduras, correspondiente a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, dio un giro luego de que el Congreso Nacional, dominado por diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), aprobara en una sesión extraordinaria una iniciativa para realizar un nuevo escrutinio de los votos, a pesar de que los resultados ya habían sido oficializados por el ente electoral.
La medida quedó formalizada con la publicación del Decreto No. 58-2025 en la edición del 9 de enero del diario oficial La Gaceta, documento que fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro. En el decreto se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) efectuar un recuento general de todas las actas de cierre emitidas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante los comicios.
La disposición implica la revisión de más de 19,000 actas electorales, a pesar de que el CNE ya había cumplido con los plazos establecidos por la ley, declarando el 24 de diciembre de 2025 como presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y validando también los resultados de alcaldías y diputaciones.
La propuesta fue impulsada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, dirigente de Libre, quien no logró su reelección como diputado en las pasadas elecciones. Sectores de la oposición lo acusan de actuar al margen del orden constitucional y de promover una medida que, según ellos, pone en riesgo la estabilidad institucional del país.
Aquí cinco claves sobre el nuevo rumbo del proceso electoral a menos de tres semanas para que asuma el nuevo presidente electo de Honduras:
1. Iniciativa aprobada sin la oposición
La petición del Parlamento ante el Ministerio Público (Fiscalía) para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga un nuevo escrutinio de las elecciones, fue aprobada sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, en su mayoría de los partidos Nacional y Liberal, a los que, según sus propias denuncias, se les impidió ingresar al hemiciclo.
Además, si los diputados de la oposición hubieran ingresado, se iban a abstener porque consideran que la Comisión Permanente que, desde octubre de 2025 instaló Redondo, que no convocaba a sesiones ordinarias desde agosto, es ilegal porque está integrada solamente con nueve diputados, de Libre, de los 128 que integran el Congreso.
2. No puede haber nuevo escrutinio
Redondo aduce que se debe escrutar las más de 19.000 actas electorales porque no todas fueron escrutadas, desconociendo que el CNE declaró el 24 de diciembre presidente electo a Asfura y una semana después dio a conocer los resultados de alcaldías y diputados, que estaban pendientes.
El CNE, pese a los múltiples obstáculos que tuvo el escrutinio, tenía hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones, en las que se registraron 2.792 actas con inconsistencias, que en su mayoría fueron escrutadas. Las que no pudieron ser escrutadas pasaron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tiene hasta el próximo día 20 para dar su informe final, que será inapelable.
En ese sentido, juristas coinciden en que lo aprobado esta madrugada por el Parlamento no procede, porque ya hubo una declaración del ente electoral.
3. Ambiente de polarización
El nuevo escenario se desarrolla en un ambiente en el que es evidente el debilitamiento institucional y la confrontación en el Parlamento y entes electorales, con un partido, Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que no reconoce los resultados aduciendo fraude.
Zelaya también alega que además de fraude hubo injerencia de Trump para que los hondureños votaran a favor de Asfura, perjudicando a la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien quedó en tercer lugar. En contraste, Castro declaró el 18 de diciembre que reconocerá al ganador de las elecciones declarado por el CNE y entregará el poder el 27 de enero.
4. Rol del Poder Judicial
Luego de que menos de 86 diputados oficialistas aprobaron la iniciativa de Redondo, según la oposición, falta saber si la presidenta Castro sancionará o vetará la iniciativa y si la Fiscalía procederá contra el CNE, mientras se acerca la instalación de los nuevos diputados del Parlamento, previsto para el 25 de enero.
Si la iniciativa llegara a prosperar, eventualmente podría llegar hasta la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según juristas.
5. Buscan retrasar la transición pacífica
En un nuevo ambiente de incertidumbre, con un Parlamento funcionando a medias, los hondureños esperan que la situación se resuelva pronto y se agilice el proceso, mientras la oposición considera que Redondo y "Mel" Zelaya buscan retrasar o desestabilizar la transición política.
