Los partidos políticos comenzaron un año decisivo operando dentro del mismo modelo electoral antiguo y fosilizado que mantiene a la democracia hondureña caminando en el filo de la navaja por no llegar a acuerdos para instaurar la segunda vuelta, ciudadanizar las juntas receptaras de votos y limitar la reelección de diputados y alcaldes.
En marzo, los tres partidos políticos con más simpatía, Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL), celebrarán elecciones primarias para escoger a los candidatos a cargos de elección popular que disputarán los comicios generales de noviembre en los cuales también participarán otras instituciones como Democracia Cristiana (DC), Partido Innovación y Unidad Social (PINU-SD) y Partido Salvador de Honduras (PSH).
Todas esas organizaciones elegirán al próximo gobernante, 128 diputados y 298 alcaldes, sin haber cumplido lo que un día prometieron: la instauración de una segunda vuelta electoral, ciudadanización de las mesas electorales, separación de las elecciones de corporaciones municipales y limitación en la reelección de alcaldes y diputados que en muchos municipios y departamentos se han convertido en caudillos con aires de dictadores.
Los hondureños entran en un nuevo proceso político teniendo dos elecciones que desembocaron en situaciones contrastantes: las generales de 2017 estallaron en una crisis social y las generales de 2021 en un júbilo masivo.
Para las generales de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a 5,182,425 ciudadanos, pero solo ejercieron el sufragio 3,580,527 votantes, equivalente al 68.58%. Xiomara Castro, con 1,716,793 votos, ganó el proceso.
Con 51.12% se convirtió en la candidata más votada y marcó un récord dentro del sistema. Sin embargo, la cantidad de marcas obtenidas respecto al universo de electores equivale al 33%.
Por no haber segunda vuelta, Hernández se reeligió con 1.53% de ventaja
En las generales de 2017, en medio de acusaciones de fraude presentadas por el candidato Salvador Nasralla (Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Libre-PINU), quien obtuvo 1,360,442 marcas (41.42%), Juan Orlando Hernández (PN) logró la reelección presidencial con 1,410,888 votos, equivalente al 42.95% del total de votos válidos (3,284,704) y equivalente a tan solo el 24% del padrón electoral 5,795,264, según el registro que tenía el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Con el fin de evitar que un ciudadano se convierta automáticamente en presidente con una minúscula diferencia de 1.53% sobre su rival y un porcentaje global escuálido que no representa ni la tercera parte del padrón electoral (como el de Hernández en 2017), algunos políticos y diputado han propuesto desde hace varios años en el Congreso Nacional la aprobación de la segunda vuelta.
Algunos países latinoamericanos, como Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile, utilizan la segunda vuelta electoral para garantizar que el ganador de una elección cuente con el respaldo mayoritario y la aplican cuando ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera ronda, de acuerdo con análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
Para el dominicano Jatzel Román, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, algunos países de América Latina, como Honduras y México, deben mantener el debate sobre la creación de la segunda vuelta para reducir las probabilidades de ocurrencia de crisis poselectorales, como las de 2017.
“Países como México y Honduras, que han tenido elecciones en las cuales han elegido presidentes con 35% y 40% de votos en medio de cuestionamientos, deberían debatir sobre la segunda vuelta acorde a su cultura política. En 2017, los resultados de las elecciones paralizaron a Honduras por lo menos un mes.
Eso marcó lo que sería el siguiente cuatrienio gubernamental. Con una segunda vuelta, hubieran votado en una segunda ocasión y hubieran evitado la crisis”, dice Román, quien estuvo en Honduras en 2017 como observador de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Román, entrevistado por Diario La Prensa, plantea que una segunda vuelta evitaría la repetición de un proceso electoral, como han sugerido algunos candidatos políticos después de perder el proceso, puesto.
“Cuando se propone repetir una elección, estamos hablando del trauma de una anulación, estamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando de reconocer que el sistema fracasó y de una desconfianza que reina”, argumenta.
De 16 países de América Latina que celebran elecciones libres, según Román, “12 tienen segunda vuelta, unos lo han tenido a lo largo de su historia democrática, otros han tenido que establecerlo por los cambios precisamente políticos que obligaron a una votación que ofreciera mayor legitimidad al ganador. De esos 12, algunos tienen diversos modelos para definir quién es efectivamente la persona que no requiere ir a balotaje. La mayoría de países tienen el sistema 50% +1”.
“En mi país, República Dominicana, entre 1986 y 1994, hubo tres grandes crisis poselectorales, pues en cada una de ellas, el presidente electo lograba entre 35% y 42% de los votos y casi siempre era por márgenes de 1% y 2% por encima del segundo lugar y un 60% que no voto por él. Entonces, sin entrar en acusaciones de fraude, sin entrar en todo lo concerniente, si hubo manipulación o no, no es muy difícil arengar a la población contra una persona que tuvo el 60% de los electores en contra o por lo menos no a favor”, ejemplifica.
Tras la última crisis de 1994, “Dominicana hizo la reforma constitucional que estableció la doble vuelta electoral, solamente la hemos tenido en una ocasión, en 1996, pero eso reconfiguró el sistema político dominicano de forma tal que los partidos políticos crearon una cultura coaliciones, una cultura de alianzas y de diálogo y se acabaron las crisis poselectorales en República Dominicana”, agrega.
Es necesario regular la reelección de alcaldes y diputados
Además de poner en la mesa de debates el tema de la segunda vuelta, otros analistas plantean que es necesario poner un alto a la reelección de diputados en vista de hay muchos que se están volviendo dinosaurios dentro de la cámara legislativa y, de igual manera, muchos alcaldes han permanecido en el poder por décadas sin permitir la alternancia democrática.
Uno de los cambios más relevantes y determinantes que debe hacer Honduras está relacionado con la integración de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, acreditados por el CNE a propuesta de los partidos políticos, y que el día de las elecciones se convierten en autoridad en cada centro electoral.
Históricamente, los miembros de este organismo, anteriormente llamado Mesa Receptora de Votos (MER), han sido los activistas más leales y considerados más hábiles por los partidos políticos.
Muchos de ellos, en diferentes procesos pasados, se vieron involucrados en la venta de credenciales extendidas por el CNE, alteración de actas de cierre de urnas o llenado ilegal de urnas con votos marcados por ellos mismos para abultarle los resultados a un candidato en detrimento de otro.
La corrupción electoral, arraigada y común el día de los comicios, podría reducirse si los miembros de las Juntas Receptoras de Votos fueran integrados por ciudadanos sin afiliación partidaria y designados por el CNE a través de un proceso de selección transparente. Los analistas llaman a esto “ciudadanización de las urnas”.
Varios analistas consultados por La Prensa coinciden en que la falta de independencia en la supervisión de los comicios ha permitido que los partidos políticos controlen el proceso electoral en su totalidad, lo que ha debilitado la confianza ciudadana y ha aumentado el abstencionismo en cada elección.
El sociólogo José Luis Herrera es del criterio que “las principales fuerzas políticas del país deben ponerse de acuerdo para llegar a concretar una segunda vuelta y otras aspiraciones que tiene la sociedad”, pero hace la salvedad que “por tener Honduras un sistema democrático incipiente, es necesario fortalecer los procesos electorales haciendo prevalecer la transparencia para que lo resultados sean creíbles y aceptados por todas las partes”.
“Sobre la base de eso está trabajando la representación que hay en el Consejo Nacional Electoral. Veo los esfuerzos que en este momento ha promovido Marlon Ochoa dentro de la institución y me parecen correctos. Creo que vamos por buen camino. Vale la pena ubicar como logro el uso del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) en las elecciones primarias de marzo”, dice Herrera, entrevistado por Diario La Prensa.
Para que la democracia madure, de acuerdo con Herrera, es necesario que sociedad hable más de política.
“Cada normativa, para mí, desde una perspectiva sociológica, debe ser aceptada por la sociedad y la sociedad acepta las normativas cuando es preparada educativamente, culturalmente. Caso contrario, la sociedad cambia la norma a través del desarrollo educativo. En nuestro caso, necesitamos hablar más de política en los centros educativos, no por medio de una clase de educación cívica, a través de una clase política para que los jóvenes puedan tener una discusión sobre la vida política del país”, dice.
Pese a las imperfecciones en el sistema electoral, Honduras ha dado pasos importantes, en 2020, el país “era una autocracia electoral”, pero avanzó hacia la democracia electoral después de las elecciones de 2021, según el Instituto V-Dem del departamento de Ciencia Política Universidad de Gotemburgo, Suecia.
“Parte de los avances se deben a la mejora en la calidad de las elecciones. Después de años de elecciones marcadas por la violencia electoral y el fraude, las elecciones de 2021 fueron relativamente pacíficas e inclusivas, tuvieron una participación récord y resultaron en la primera mujer presidenta, Xiomara Castro”, establece el informe La Democracia gana y pierde en las urnas, publicado en 2024 por la iniciativa Variedades de la Democracia (V-Dem) de ese instituto.
Análisis de esa entidad indican que en Honduras se produce una reducción considerable de las irregularidades en la votación y se fortalece la autonomía del Órgano de Gestión Electoral (OE).
