Una sentencia judicial firme bloquea al exalcalde sampedrano Rodolfo Padilla Sunseri lanzarse al ruedo político e inscribirse como precandidato y participar en las elecciones primarias del 9 marzo de este año.
El sábado 18 de enero, Padilla Sunseri (2006-2009) retornó a Honduras después que huir en 2017, tras que por mayoría de votos un tribunal le revocó la medida de arresto domiciliario que gozaba y ordenó prisión preventiva, pues tenía varios procesos en su contra.
Tras su retorno al país, un sector del partido Libertad y Refundación (Libre) planteó la posibilidad de que sea inscrito como precandidato a alcalde de San Pedro Sula en uno de los movimientos oficialistas.
“Lo que puedo decir es un agradecimiento con la gente, con Dios, estoy muy contento y muy agradecido porque no todos los días Dios me da una segunda oportunidad, me siento alegre de volver”, subrayó Padilla al salir del aeropuerto José Ramón Villeda Morales.
Esta semana tuvo una reunión a puertas cerradas en Tegucigalpa, con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, la precandidata presidencial Rixi Moncada y el diputado Luis Redondo.
Sentencia firme
En noviembre de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Padilla por el delito de prevaricato administrativo a una pena de seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por nombramiento o elección popular por el delito de prevaricato administrativo.
También, fue condenado a cumplir simultáneamente a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el mismo tiempo.
A finales de diciembre de 2024, los abogados del exedil de San Pedro Sula presentaron ante el Juzgado de Ejecución la nulidad de la sentencia firme “por considerarlo inconstitucional, ya que se violaron los principios de defensa, debido proceso y legalidad penal”.
Solicitaron la extinción de la pena amparándose en la denominada Amnistía para la Liberación de los Presos Políticos o Pacto de Impunidad.
De su lado, el Ministerio Público manifestó su oposición a la petición porque Padilla fue condenado por un delito que no está contemplado en el catálogo de delitos de la Ley de Amnistía.
En la sentencia, el Juzgado de Ejecución subraya que “no puede decretar la nulidad de una sentencia firme con base en el artículo 74 de la Ley sobre Justicia Constitucional” por lo que declaró “no ha lugar la nulidad planteada por la defensa,” en virtud de que no es competencia de esta judicatura “modificar o anular una sentencia firme”.
La condena por este caso tendrá por extinguida hasta el 28 de febrero de 2028.
