El Partido Libertad y Refundación (Libre), representado por Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó una propuesta que pone en jaque la transparencia y legalidad del proceso de escrutinio en las elecciones primarias.
La iniciativa plantea eliminar el acta de escrutinio, el acta de cierre y el cuadernillo de votación firmado por los votantes, dando prioridad absoluta al sistema biométrico para vincular los resultados electorales con las marcas registradas por los dispositivos.
La Ley Electoral vigente contempla como único recurso para la revisión de resultados el acta electoral, no así el uso de dispositivo biométrico, el cual no se refleja en la normativa que rigió los procesos de 2021.
El reglamento que regula el uso del dispositivo biométrico y la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), elaborado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), carece de carácter vinculante. En su capítulo II establece que, en caso de fallar el dispositivo biométrico, los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) deberán realizar la identificación manual de los votantes utilizando el cuaderno de votación, sin asociar los resultados al dispositivo electrónico.
Marlon Ochoa sugirió que “el bipartidismo quiere que se validen votos que no están registrados en el biométrico; no acepta mi propuesta por la transparencia y el combate a la inflación. En sesión de pleno, las consejeras pidieron tiempo para analizar propuesta, pero ya los voceros del bipartidismo atacan públicamente”.
Como ente colegiado, la decisión sobre la adopción de la petición presentada por Ochoa deberá someterse a votación y aprobarse o rechazarse por mayoría; es decir, con al menos dos de los tres votos del pleno de consejeros.
El exmagistrado electoral Augusto Aguilar advirtió que “la ley establece que el escrutinio se hace con base en las actas de cierre, no se refiere al sistema biométrico ni a la tinta indeleble, ni la firma en el listado”.
Rechazo
La oposición calificó la solicitud de Marlon Ochoa como un intento de deslegitimar la voluntad popular, al no verse favorecidos en las votaciones.
“Excusas, excusas y más excusas, ¿en qué artículo de la Ley Electoral está que el biométrico cuenta votos? El biométrico es para identificar electores, no para contabilizar actas, quieren confundir. Esta será la cantaleta. El 30 de noviembre tendrán voto de castigo enorme”, fustigó el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas.
Roberto Contreras, candidato del Partido Liberal y actual alcalde de San Pedro Sula, tildó como peligroso que el sistema biométrico sea utilizado como un arma.
“Qué es lo que hacían con el lector biométrico, era sorprender a las personas de la tercera edad o personas muy humildes saliendo del aula y poniéndoles el dedo a las personas y de allí los llevaban engañados al centro de votación de Libre”, cuestionó.
El jefe edilicio sampedrano agregó que la “persona que no tenga control biométrico o no le reconozca la huella porque de repente tiene problemas, va a tener que hacerse siempre manualmente”.
Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, es del criterio de que “el biométrico es para identificar a la persona, no es para validar ni contabilizar el voto; por ejemplo, si se hace realidad esta propuesta, todos los votos de todas las personas cuyas urnas llegaron tarde el 9 de marzo no contarían”.
Zambrano aseguró que “Libre quiere que miles de votos de personas emitidos legalmente se queden sin contar. Los votos son válidos con el hecho del ejercicio democrático”.
Alia Kafati, virtual candidata a diputada del Partido Liberal en Francisco Morazán, aseguró que “Libre no sabe ganar sin fraude, sin violencia y sin dinero sucio. Ahora que el lector biométrico les arruina el Plan Venezuela, Marlon Ochoa anda en crisis existencial. El pueblo ya los tiene medidos y los sacará en las urnas”.
Intervención al CLE
Ayer, un equipo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y fiscales de la Unidad Especial contra Delitos Electorales allanaron el Centro Logístico Electoral (CLE) para recopilar las urnas que han sido denunciadas por presuntamente contener votos inflados.
Los agentes fiscales llegaron a eso de las 3:00 pm a secuestrar alrededor de 10 urnas que presentarían irregularidades, aunque hasta el momento no han sido confirmadas qué número de urnas son.
Se prevé que serían las denunciadas por el consejero Marlon Ochoa en la última semana en redes sociales.
La acción se deriva luego de que el lunes el fiscal general Johel Zelaya confirmó dos requerimientos fiscales en contra de cinco funcionarios del Consejo Electoral, encargados de la comisión de transporte del CNE, así como un representante de la firma Ingeniería Logística y Transporte, que fue contratada para movilizar las maletas electorales. Por el caso ya hay seis personas procesadas y detenidas, mientras que el Ministerio Público continúa indagando quiénes tienen responsabilidad en que varias urnas llegaran tarde a los centros de votación el día de las elecciones el 9 de marzo.
Los números indican que en los 50 centros más afectados por las demoras, más de 5,000 personas se quedaron sin votar.
