Para que el modelo de concesión entre la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) y el Estado funcione de manera eficiente, se requiere el cumplimiento estricto del contrato por parte de ambas partes, algo que, según la empresa, no ha venido ocurriendo de forma sostenida en los últimos años.
Sin embargo, con el presidente Nasry Asfura al mando, la concesionaria espera que la situación cambie y se puedan ejecutar las inversiones planificadas mediante un trabajo coordinado que garantice el cumplimiento del contrato y la sostenibilidad financiera y operativa de la carretera CA-5, uno de los principales corredores logísticos del país.
Desde el inicio de su gestión en 2022, el gobierno de Xiomara Castro acordó con Covi-H mantener congeladas las tarifas de peaje para los conductores como una medida de alivio económico. No obstante, esta decisión generó una deuda acumulada por subsidios no pagados a la concesionaria, la cual ascendió a unos 12 millones de dólares (aproximadamente 318 millones de lempiras) a inicios de 2026.
Ante el vencimiento de los acuerdos de subsidio y la falta de pago, la concesionaria anunció un incremento significativo en las tarifas a partir de enero de 2026.
Tras negociaciones de última hora con autoridades salientes, se acordó un “compás de espera” hasta mediados de febrero de 2026, mientras el nuevo gobierno define la política tarifaria y la continuidad de los subsidios.
“En años anteriores se cubrió la diferencia tarifaria generada por la no aplicación del ajuste correspondiente a 2021, 2022, 2023 y 2024. Actualmente, está pendiente la diferencia tarifaria generada durante 2025. Hemos mantenido comunicación institucional para que este tema se atienda dentro de los canales correspondientes”, indicaron representantes de Covi-H en una entrevista concedida a LA PRENSA.
Consultada la concesionaria sobre si existe conformidad con el cumplimiento del contrato o si ha faltado apoyo gubernamental, respondieron: “Nosotros cumplimos con las obligaciones contractuales y mantenemos la carretera bajo estándares exigentes para que el modelo funcione y se sostenga en el tiempo. Es importante que todas las partes actúen con la misma diligencia y que se respete lo pactado. La seguridad jurídica se construye manteniendo reglas claras y estables durante toda la vigencia del contrato, siempre con un enfoque de beneficio al usuario”.
En cuanto a las expectativas sobre el gobierno de Nasry Asfura, expresaron que confían en que se priorice la continuidad institucional y el cumplimiento del contrato, buscando soluciones prácticas y responsables que aseguren la sostenibilidad de la CA-5.
“Nuestro interés es seguir entregando una carretera segura, eficiente y en buenas condiciones, y trabajar de manera coordinada para que las decisiones se traduzcan en mejores resultados para los usuarios y el país”, añadieron.
Millonaria deuda de la administración anterior
Benjamín Castro, representante de transporte pesado, manifestó que el gobierno de Xiomara Castro dejó una deuda millonaria con Covi-H que tendrá que asumir la actual administración.
A juicio de Castro, se firman contratos que luego no se cumplen a cabalidad, lo que provoca pérdidas millonarias en demandas y multas que, al final, terminan pagando los hondureños. Señaló que esos recursos podrían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación y proyectos sociales, por lo que consideró que los acuerdos público-privados deben analizarse con mayor rigor antes de su firma.
El dirigente explicó que el intercambiador en la carretera CA-5 en Villanueva, Cortés, fue construido por la concesionaria “a regañadientes”, debido a los atrasos en los pagos que mantenía el Gobierno. Agregó que los transportistas representan alrededor del 80% del recaudo del peaje, mientras que el 20% restante corresponde a vehículos particulares.
“Nosotros hemos pagado nuestros peajes, pero el dinero que el Gobierno les debe no se los ha dado. Ahora quieren recuperarlo incrementando el peaje a nosotros, y no nos vamos a prestar para eso. En el momento que Covi diga que nos va a incrementar el peaje sin haber consensuado con nosotros, desde ese momento nos paralizamos”, aseveró Castro a LA PRENSA.
De acuerdo con datos de la concesionaria, el tráfico promedio diario por los tres peajes de la carretera CA-5 es de aproximadamente 13,000 vehículos, y la recaudación bruta por peaje y servicios complementarios asciende a unos 264 millones de dólares (cifras acumuladas hasta mediados de 2025).
En una década de concesión, la empresa ha invertido 278.6 millones de dólares, distribuidos en 23.9 millones en operación de peajes, 64.8 millones en mantenimiento vial rutinario y mayor, y 131.5 millones en obras de mejora y ampliación inicial.
