La suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) coloca a más de 55,000 hondureños en Estados Unidos ante uno de los escenarios migratorios más complejos de las últimas décadas.
La decisión judicial de una Corte de Apelaciones, que también afecta a nicaragüenses y nepalíes, no solo reactiva el riesgo de deportaciones, sino que deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad inmediata, obligándolas a buscar salidas legales, diplomáticas y humanitarias en medio de un panorama incierto.
Durante más de dos décadas, el TPS permitió a los hondureños trabajar legalmente, sostener a sus familias y contribuir a la economía estadounidense. Hoy, con la protección suspendida, el temor vuelve a instalarse en comunidades con más de dos décadas de arraigo en ese país, muchas de ellas con hijos ciudadanos estadounidenses, negocios propios y una vida construida lejos de Honduras.
Organizaciones defensoras de migrantes y analistas coinciden en que la vía judicial, aunque necesaria, ya no es suficiente por sí sola. El fallo abre un período crítico en el que el tiempo juega en contra de los beneficiarios, mientras aumenta la presión para que el Gobierno de Honduras actúe con rapidez y creatividad.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, calificó la decisión como un golpe doloroso para una comunidad que ha luchado durante años por su permanencia legal en Estados Unidos.
“Definitivamente, la decisión duele, y duele no solamente por el impacto que va a tener en la comunidad, sino por la forma en que se trata a la comunidad tepesiana y a la comunidad hondureña”, expresó.
Palma recordó que durante los últimos ocho años los beneficiarios del TPS han demostrado que no encajan en los estigmas que con frecuencia se les atribuyen, al subrayar que se trata de personas trabajadoras, responsables y comprometidas con sus familias.
A pesar del revés legal, la Alianza TPS no contempla rendirse. Su equipo jurídico analiza las rutas para continuar el litigio, incluida la posibilidad de acudir a la Corte Suprema, aunque reconoce que la batalla también debe librarse en el ámbito político y en la opinión pública.
“Siempre hemos dicho que tenemos que ganar en las cortes, pero también tenemos que ganar en la opinión pública. El Congreso puede aprobar un proyecto de ley que dé una solución real a lo que está pasando con el TPS”, señaló Palma.
El dirigente recordó que el programa ya fue cancelado en el pasado y sobrevivió gracias a demandas judiciales, como el caso Ramos, pero insistió en que la salida definitiva debe ser legislativa, con un camino claro hacia la residencia permanente para los tepesianos.
Entre las opciones vigentes mencionó iniciativas como la Ley Dignidad, el Dream and Promise Act y el Secure Act, aunque advirtió que ninguna prosperará sin presión social y voluntad política.
Lo que queda es elevar el tema a nivel de Gobierno
Desde una perspectiva más estructural, el analista en temas internacionales Graco Pérez consideró que la suspensión del TPS es un hecho consumado y que los recursos legales únicamente están ganando tiempo.
“Lo que se está ganando es tiempo. Aun si la Corte Suprema fallara por un error administrativo, el presidente Trump podría volver a cancelarlo siguiendo el procedimiento correcto”, explicó.
Pérez subrayó que este período debe aprovecharse para que el Estado hondureño fortalezca su presencia consular y brinde asesoría migratoria efectiva a los afectados, ya que muchos podrían tener alternativas legales que no han explorado por falta de información.
El analista insistió en que Honduras carece de una política migratoria clara y que la crisis del TPS evidencia la urgencia de definir una estrategia de Estado, que incluya permisos de trabajo temporales, acuerdos bilaterales y opciones en otros países.
“Estados Unidos tiene su política migratoria clara. Honduras es la que necesita definir su política exterior y migratoria para poder proponer alternativas reales”, afirmó.
Para Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, el camino judicial está prácticamente agotado y la única salida viable es la vía diplomática directa con Estados Unidos, encabezada por el presidente Nasry Asfura.
“Aquí la única opción se llama Nasry Asfura. Él debe utilizar los canales diplomáticos que ahora tiene abiertos y hacer una solicitud formal del TPS”, sostuvo.
Flores recordó que en 2020 una solicitud similar terminó dando frutos años después y considera que Honduras sigue siendo elegible para el TPS debido a sus actuales condiciones sociales y económicas.
El dirigente fue contundente al describir la situación de los tepesianos como un estado de indefensión, donde cada detención podría terminar en deportación inmediata. “Defender el TPS en la Corte ya no nos asegura nada. Lo que queda es elevar el tema a nivel de Gobierno y asumir la responsabilidad política”, enfatizó.
Desde el ámbito humanitario, César Ramos, de la Comisión de Acción Social Menonita, expresó sorpresa por la decisión judicial, pero llamó a no abandonar ni la vía legal ni la diplomática.
“El Gobierno tiene la obligación, a través de Cancillería y los consulados, de proteger a más de 55 mil compatriotas para evitar deportaciones inmediatas”, señaló.
Ramos advirtió que la suspensión del TPS podría desencadenar una emergencia migratoria en 2026, en un contexto donde ya se contabilizan más de 4,500 hondureños retornados en lo que va del año.
El representante menonita propuso activar de inmediato el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (Conaprohm) para diseñar una estrategia integral junto a la sociedad civil, la empresa privada y el Estado.
“No se trata solo de cifras económicas, aunque estas personas representan más de 200 millones de dólares anuales en remesas. Son seres humanos y hay que garantizar sus derechos”, recalcó.
Las organizaciones coincidieron en que, mientras se buscan soluciones a largo plazo, Honduras también debe prepararse para recibir a quienes sean deportados, mediante asistencia humanitaria, oportunidades de empleo y programas de reintegración social.
El llamado final es claro: el tiempo es limitado y la cancelación del TPS obliga a una respuesta inmediata, coordinada y de alto nivel político. Para miles de hondureños, el futuro depende de que las alternativas pasen del discurso a la acción.
