La Concesionaria Vial (Covi), encargada de la CA-5, debía asumir la administración y mantenimiento de la carretera desde 2022, pero el traspaso aún no se ha concretado, generando un reparo económico.
El Gobierno pide a la concesionaria sentarse para que no apliquen el aumento a los conductores. El gobierno adeuda 170 millones de lempiras de los amentos
