La audiencia inicial contra el diputado Nelson Márquez y seis imputados más se centró este martes en la presentación de las pruebas que se buscan evacuar en esta etapa procesal.
El juez que conoce la causa programó la continuación de la audiencia inicial para este jueves, momento en que el Ministerio Público presentará objeciones a los medios de prueba y a las excepciones y nulidades planteadas por las defensas.
El martes, las defensas legales de los siete imputados presentaron excepciones y nulidades respecto a las actuaciones del Ministerio Público, en relación con la acción penal que promueve el ente acusador del Estado.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que dichas excepciones y nulidades fueron planteadas por falta de acción, por extinción de la causa y por cosa juzgada, ya que, según los apoderados legales, no debió promoverse la acción penal contra sus representados.
Los defensores de Márquez y los demás acusados también plantearon incidentes de prescripción, argumentando que habían transcurrido más de diez años desde la presentación del requerimiento fiscal.
Los otros implicados presentes en el proceso son Eva María Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, Irissabel Lucía Miranda Hernández, Caronte Rojas Zavala y Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
Alina Aguilera, apoderada legal del juez Raymundo Gradiz, señaló al término de la audiencia: "Nosotros presentamos dos excepciones por falta de acción, basadas en el hecho que a mi representado, por su condición de juez, se le debería de seguir un proceso de antejuicio".
El MP había solicitado un proceso de antejuicio contra Gradiz Vilorio, pero —según Aguilera— la Corte de Apelaciones, por unanimidad de votos, declaró sin lugar la solicitud.
"La idea del antejuicio es hacer una revisión de los actos procedimentales de un juzgador. Esto era en materia civil, no tenía por qué conocerlo la Sala Penal; la revisión del proceder del juzgador debía hacerse en la Sala Civil, pero no se respetó esa condición", reclamó Aguilera.
Por su parte, Jair López, representante legal de Caronte Rojas, también presentó otra de las excepciones en este proceso, que actualmente se sigue contra siete de los 11 señalados por el presunto desfalco al Estado de Honduras.
Acusados de un fraude millonario
Según el requerimiento fiscal, los imputados se habrían coludido para defraudar al Estado por más de 3,084 millones de lempiras, durante más de dos décadas después del paso del huracán Mitch, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
Según la acusación, los implicados formaron parte de una estructura criminal que, durante más de dos décadas, utilizó contratos irregulares, laudos arbitrales sin valor legal, escritos falsos y decisiones judiciales amañadas para favorecer demandas millonarias contra el Estado hondureño.
Las autoridades sostienen que los involucrados se beneficiaron directamente del dinero obtenido a través de estas demandas, con depósitos a cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a familiares de altos funcionarios implicados.
Presentación voluntaria de exprocuradora de la república
Se conoció que el escrito de presentación voluntaria introducido por el apoderado legal de la exprocuradora general de la República, Lidia Estela Cardona Padilla, fue aceptado por el juez de la causa.
La señora Cardona forma parte del expediente investigativo del MP, que la vincula como presunta autora material del fraude al Estado.
"En el caso de Lidia Cardona, esta había sido la petición realizada por la Fiscalía, que ella fuera citada. Atendiendo esa solicitud, el juez la admitió".
La audiencia de declaración de imputado para Cardona se realizará el viernes 15 de agosto a las 9:00 am, en la Sala VI del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.
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