El ministro de seguridad, Gustavo Sánchez, anunció este martes la captura del diputado Nelson Javier Márquez Euceda y otros dos exfuncionarios señalados por su presunta participación en una red de corrupción que, según las investigaciones, defraudó al Estado por más de 3,084 millones de lempiras.
Las detenciones se producen luego que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en conjunto con la Fetccop, presentara un requerimiento fiscal por delitos de fraude, prevaricato judicial, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
Márquez será presentado mañana, miércoles, en audiencia de declaración de imputados en juzgados capitalinos.
Entre los capturados por la Policía Nacional figuran Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la empresa NAINSA; Caronte Rojas Zavala, quien formó parte del Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados y el subjefe de bancada nacionalista Nelson Javier Márquez Euceda.
Según la acusación, los implicados formaron parte de una estructura criminal que, durante más de dos décadas, utilizó contratos irregulares, laudos arbitrales sin valor legal, escritos falsos y decisiones judiciales amañadas para favorecer demandas millonarias contra el Estado hondureño.
Las investigaciones revelan que el fraude se originó tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a DRC Inc., empresa sin permiso para operar en el país, que luego subcontrató a NAINSA. Ambas compañías promovieron demandas fraudulentas amparadas en un laudo arbitral que fue declarado nulo desde 2009 y 2013.
Entre los señalados también están los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, acusados de prevaricato judicial, por admitir demandas millonarias incluso después de que el laudo en que se basaban fue declarado nulo en 2009 y 2013.
Según el requerimiento por el Ministerio Público, en 2019, NAINSA promovió otra demanda utilizando el mismo laudo nulo. En enero de 2020, el entonces secretario de SEDECOAS, Nelson Márquez, envió un informe a la PGR recomendando firmar un acuerdo para evitar un “mayor perjuicio”, a pesar de conocer la ilegalidad del documento. Un mes después, se firmó el acuerdo extrajudicial con pagos millonarios, aunque Márquez incumplió lo pactado. En 2022, se admitió una nueva demanda contra el Estado, pese a las resoluciones firmes previas.
La Fiscalía también acusa a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso, al justificar su ausencia en una audiencia con un certificado médico que resultó fraudulento. Asimismo, a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
Las autoridades sostienen que los involucrados se beneficiaron directamente del dinero obtenido a través de estas demandas, con depósitos a cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a familiares de altos funcionarios implicados.
