Una red de corrupción conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces es señalada por el Ministerio Público de haber defraudado al Estado de Honduras por más de 3,084 millones de lempiras, utilizando contratos irregulares, laudos arbitrales sin valor legal y procesos judiciales viciados.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), con el respaldo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra al menos 13 personas, entre ellas exautoridades de Gobierno, representantes legales de empresas y funcionarios del Poder Judicial.
Entre los acusados figuran Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República; Nelson Javier Márquez Euceda, exsecretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional; Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora General de Gobierno; y otros exfuncionarios y representantes legales de las empresas DRC Inc. y NAINSA.
Según las investigaciones, el caso se remonta al año 2,000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado, con fondos internacionales, adjudicó un contrato a DRC Inc., empresa estadounidense sin autorización para operar en el país, la cual subcontrató de manera ilegal a NAINSA. En 2001, el cooperante internacional canceló la ayuda por irregularidades, pero años más tarde ambas empresas impulsaron demandas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
UFERCO detalla que ambas empresas actuaron en conjunto para fingir ser entidades separadas, promoviendo demandas fraudulentas contra el Estado por los mismos hechos, y firmaron un acuerdo confidencial para no demandarse entre sí. Esto fue acompañado por escritos falsos, uso de reglamentos no publicados y la participación de jueces y árbitros afines que facilitaron resoluciones millonarias.
Entre los señalados también están los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, acusados de prevaricato judicial, por admitir demandas millonarias incluso después de que el laudo en que se basaban fue declarado nulo en 2009 y 2013.
En 2019, NAINSA promovió otra demanda utilizando el mismo laudo nulo. En enero de 2020, el entonces secretario de SEDECOAS, Nelson Márquez, envió un informe a la PGR recomendando firmar un acuerdo para evitar un “mayor perjuicio”, a pesar de conocer la ilegalidad del documento. Un mes después, se firmó el acuerdo extrajudicial con pagos millonarios, aunque Márquez incumplió lo pactado. En 2022, se admitió una nueva demanda contra el Estado, pese a las resoluciones firmes previas.
La Fiscalía también acusa a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso, al justificar su ausencia en una audiencia con un certificado médico que resultó fraudulento. Asimismo, a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
Las autoridades sostienen que los involucrados se beneficiaron directamente del dinero obtenido a través de estas demandas, con depósitos a cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a familiares de altos funcionarios implicados.
