Tegucigalpa, Honduras
El debilitamiento institucional promovido por el partido Libertad y Refundación (Libre), junto con lo que diversos sectores señalan como una actuación deliberada del oficialismo, ha desencadenado una nueva crisis política en Honduras, a solo 39 días de las elecciones generales.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, mantiene bloqueada la convocatoria a las sesiones legislativas, pese a los reclamos de las bancadas opositoras. Desde el 27 de agosto no hay sesiones.
Además, el CNE vive un conflicto permanente entre sus tres consejeros, especialmente por la falta de conectividad en el sistema de transmisión de resultados.
Sobre este punto, Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, manifestó que “el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el ejercicio pleno de ese derecho, respetando la institucionalidad y las competencias de cada órgano, pero es el TJE quien debe pronunciarse sin dilación; caso contrario, toda la responsabilidad recae en sus funcionarios”.
Solórzano agregó que “la responsabilidad por la falta de votación recaería en quien, teniendo la obligación de resolver, no lo haga a tiempo”.
Y exhortó: “La democracia y el proceso electoral están por encima de cualquier interés de los partidos políticos y de los politiqueros de nuestro país. Ya es tiempo que actúen por amor a Honduras y sus instituciones”.
Mientras, el analista político Olban Valladares cuestionó que “es deplorable, inaceptable, vergonzoso y penoso, porque estamos en un periodo crítico donde lo último que debe ocurrir es la politización del proceso”.
En medio de la crisis institucional, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, anunció que el 30 de noviembre al mediodía se declarará ganadora de las elecciones, pese a que en ese momento el proceso electoral estará aún en curso.
El gesto ha sido interpretado por analistas como un intento de imponer una narrativa de victoria anticipada, lo que podría provocar disturbios o el desconocimiento de los resultados oficiales.
De acuerdo con las últimas encuestas, la candidata oficialista muestra una caída sostenida en la intención de voto, y varios sectores atribuyen su comportamiento a una reacción desesperada ante ese descenso.
“Hay un comportamiento marcado: cuando Libertad y Refundación no logra el apoyo de las mayorías, no actúa con vocación democrática”, declaró Mena.
Origen de la crisis política
El caos que rodeó las elecciones primarias de marzo tuvo como principal detonante el papel de las Fuerzas Armadas, cuya actuación operativa desató una tormenta política y logística.
En lugar de garantizar una custodia neutral del material electoral, los militares retrasaron la distribución de urnas, provocando un colapso logístico que paralizó el proceso en varios centros de votación de Tegucigalpa.
En julio, el CNE quedó hundido en un pleito interno entre sus propios consejeros por la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
Durante más de un mes, el órgano permaneció paralizado por la pugna entre representantes partidarios, incapaces de ponerse de acuerdo sobre la empresa proveedora del sistema.
Esa disputa política impidió la realización de simulacros y verificaciones técnicas, dejando al país sin certeza sobre la transparencia del conteo preliminar de votos.
Un mes después, el 27 de agosto, el Congreso Nacional, bajo el mando de su presidente Luis Redondo, entró en parálisis, agravando aún más la crisis institucional.
Su negativa a convocar sesiones mantiene detenida la agenda legislativa y alimenta la percepción de un Estado inmovilizado.
