San Pedro Sula, Honduras. La reciente detención de la excónsul hondureña en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Ada Serrano, a quien las autoridades estadounidenses acusan de recibir cientos de miles de dólares en sobornos, pone de relieve, una vez más, un problema que sigue plagando al servicio consular hondureño: la corrupción.
De acuerdo con los analistas consultados, la raíz del problema puede rastrearse hasta el sistema bajo el cual se nombra a estos representantes diplomáticos, en el que la idoneidad de las personas para ocupar los cargos tiene menos peso que sus conexiones dentro del entramado del servicio exterior.
Por otro lado, la falta de controles confiables dificulta la supervisión, la auditoría y la rendición de cuentas. Según las fuentes consultadas, esto ocurre porque las mismas personas encargadas de ejercer esos controles a menudo forman parte del sistema viciado e ineficaz.
Falta aplicar la ley
Para el analista internacional Graco Pérez, el principal problema del servicio consular hondureño es la falta de aplicación de la normativa vigente.
“El origen de todo es la falta de aplicación de la Ley del Servicio Diplomático y Consular, una ley que no se aplica”, postula.
A su juicio, esta inobservancia provoca que los nombramientos en la Cancillería hondureña y en los consulados en el exterior se basen principalmente en relaciones familiares, compromisos políticos y compadrazgos.
En este esquema, la idoneidad y el profesionalismo del personal nombrado pasan a un segundo plano. Para Pérez, la situación de los consulados no es más que una extensión de la dinámica política y administrativa que con frecuencia impera en la administración pública hondureña.
“Todo el problema se origina en el país y se proyecta hacia el exterior”, observa Pérez.
En este punto coincide Antonio “Tony” García, quien se desempeñó como vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios durante el gobierno de Xiomara Castro.
García sostiene que el servicio exterior hondureño adolece de una “debilidad de la carrera diplomática”, pues los nombramientos se hacen “en función de militancia política, favores, compadrazgos y nepotismo”.
Mecanismos de control
En teoría, existen controles y evaluaciones para auditar el desempeño de los funcionarios consulares. Por ejemplo, en declaraciones brindadas al diario El Heraldo, el excanciller Carlos Enrique Reina afirmó que “se hacía auditorías sorpresa y se aplicaban correctivos donde se encontraban”.
Reina destacó que, durante su gestión al frente de la Cancillería, “trabajamos ampliamente para enfrentar esta red de tráfico de trámites consulares que viene de años atrás y como toda red criminal transnacional, tiene sus ramificaciones. Con los Estados Unidos trabajamos muy de cerca para atacar estos temas”, aseguró.
Sin embargo, los esfuerzos por corregir los abusos y las deficiencias a menudo se ven frustrados porque quienes deben aplicar los controles pertenecen al mismo sistema que hace posibles esas irregularidades.
“El Estado como tal se ha encargado de neutralizar al mismo Estado en todos los sistemas de control”, señala Graco Pérez.
Por su parte, Tony García añade que las autoridades solo dan importancia a las irregularidades cuando los escándalos trascienden públicamente.
“Me refiero a un problema endémico de décadas de gobernanza. Sólo cuando trasciende a la opinión pública los gobiernos tratan los problemas seriamente”, argumenta García.
Para contrarrestar el problema, Pérez propone contratar auditorías externas e independientes que evalúen individualmente a cada funcionario.
“Tienen que hacer una auditoría, evaluar uno por uno el personal, dejar de estar haciendo ese tipo de nombramientos partidarios y aplicar la ley”, subrayó.
Tony García plantea una solución más pragmática: asignar personal profesional con competencias no solo en materia administrativa, sino también en atención humana y profesional, sin dejar de lado los castigos ejemplares para los funcionarios corruptos.
“Con suficiente personal y consulados las citas estarán siempre disponibles y no habrá negocios oscuros”, manifestó.
García recordó que, como solución tecnológica, se implementó el sistema Acos (Aplicación de Servicios Consulares), para ayudar a los connacionales a programar sus citas y realizar sus trámites de manera gratuita. Según explicó, la única limitante serían los cupos y los espacios disponibles en cada oficina consular.
Imagen de país
Los escándalos en el servicio exterior tienen un efecto nefasto en la confianza de la ciudadanía y en la imagen de Honduras ante la comunidad internacional, cuyos integrantes pueden percibir al país como una nación plagada de corrupción.
“(Da) mala imagen de país. Países donde la legalidad no se aplica afectan la inversión y el turismo. Actos vergonzosos como el de hoy le dan la vuelta al mundo”, dijo Tony García, en referencia al arresto de la cónsul Serrano en Atlanta.
Por su parte, Graco Pérez señala que Honduras ocupa el penoso honor de figurar como el primer caso presentado en Estados Unidos bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera.
“Es el primer caso que se presenta bajo esta ley de prevención de extorsión extranjera y desafortunadamente, está ocupando ese penoso primer lugar”, lamentó Pérez.
Además de las auditorías externas, Pérez propone aplicar la Ley del Servicio Diplomático y realizar concursos para seleccionar al personal.
También plantea simplificar los trámites consulares para eliminar los incentivos que alimentan los cobros irregulares por los servicios y, finalmente, cumplir con los compromisos de un plan de gobierno orientado a profesionalizar la Cancillería como institución.
A estas propuestas, Tony García añade la necesidad de incrementar el número de consulados y programar los consulados móviles con mayor frecuencia.
Considera que contar con suficiente personal y lugares de atención permitiría evitar el surgimiento de negocios ilícitos que tanto han manchado la imagen de Honduras en general y del servicio exterior en particular.