Congreso aprueba fusión de fondos del RAP para préstamos de vivienda

El Congreso Nacional aprobó la fusión del Fondo de Pensiones, unos 5,960 millones de lempiras que estaban en el “limbo” tras la derogación de la Ley Marco de Protección Social, con el Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF) del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

La medida busca beneficiar a los trabajadores al facilitar el acceso a créditos para vivienda y proteger el valor de sus ahorros previsionales.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley Marco de Protección Social en abril de 2022, el RAP dejó de percibir aportes y acumuló alrededor de 5,900 millones de lempiras en fondos de pensiones provenientes de contribuciones obrero-patronales que quedaron congeladas.

Este fondo, por sí solo, es insuficiente: al no recibir nuevas aportaciones, únicamente administra los recursos ya ahorrados, lo que limita la posibilidad de garantizar una pensión digna al momento de la jubilación.

En este contexto, el Congreso Nacional aprobó que estos recursos “congelados” se integren al FOVIIF. Con esta medida se busca fortalecer el ahorro total y cumplir con estándares internacionales, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece protección económica en casos de invalidez, vejez o muerte. Además, al incorporarse al FOVIIF, los recursos respaldan la capacidad de los afiliados para acceder a préstamos de vivienda.

Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, explicó a LA PRENSA que, al fusionarse ambos fondos, el dinero no desaparece, sino que cambia de “bolsillo” para mantenerse activo. Añadió que los ahorros seguirán generando intereses diarios, lo que contribuye a preservar su valor en el tiempo.

“Ese dinero ahí está y se les va a devolver con los intereses, lo que pasa es que hay un mecanismo; no se les está tocando, solo es que el RAP pueda acceder a mecanismos novedosos de financiamiento de vivienda”, indicó.

Umaña señaló que el sector vivienda requiere de estos fondos ante la alta demanda de trabajadores que buscan acceder a una casa propia, lo que a su vez dinamiza la construcción y genera empleo.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Directivo del RAP, declaró a LA PRENSA que el monto aproximado que estaba “congelado” asciende a 5,960 millones de lempiras.

“Hay una base legal clara para que esos recursos queden protegidos dentro de un fondo útil para el trabajador, pero la operatividad exacta debe manejarse conforme a la regulación del RAP”, explicó.

Detalló que el decreto entrará en vigencia tras su publicación en La Gaceta, y que la integración deberá implementarse con seguridad jurídica y transparencia, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que regulará los tiempos de ejecución. Esto implica que primero debe entrar en vigor la ley y luego aplicarse conforme a la normativa y reglamentos del RAP.

En cuanto a los requisitos para que un trabajador pueda optar a esos fondos o a un préstamo, se mantendrán los actualmente vigentes en el RAP, aunque serán revisados para mayor claridad con la aprobación de la CNBS.

“El espíritu de la ley es que los derechos del trabajador no se pierdan. La ley contempla expresamente que la integración al FOVIIF garantiza los derechos adquiridos de los afiliados por las aportaciones hechas legalmente al Fondo de Pensiones. También establece que el total acumulado quedará sujeto a las condiciones de beneficios, retiro y devolución previstas en los reglamentos del RAP”, agregó.

El Congreso Nacional también aprobó un período excepcional de seis meses para que empresas no afiliadas al RAP puedan regularizar su situación. El objetivo es ampliar la cobertura del sistema, ya que muchas empresas no están afiliadas, lo que ha limitado el acceso de trabajadores a beneficios como vivienda, ahorro y previsión social.

Durante este período, se eliminarán multas, recargos e intereses para incentivar la afiliación voluntaria. Además, se permitirá al RAP ofrecer planes de pago de hasta 60 meses. Esta medida no aplicará a empresas ya afiliadas en mora, con el fin de mantener la equidad, y contará con supervisión de la CNBS para garantizar transparencia.

“Durante ese tiempo podrán afiliarse e iniciar sus aportaciones sin pagar retroactivos, ni intereses, ni multas, ni recargos, ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa. Esta medida no aplica a las empresas que ya están afiliadas y están en mora, ni a las que ya tienen convenios de pago vigentes, porque esos convenios deben respetarse”, añadió Sikaffy.

El empresario sostuvo que Honduras necesita soluciones prácticas ante la inestabilidad económica, priorizando salidas legales y equilibradas que no generen incertidumbre.

Señaló que la propuesta logra consenso entre trabajadores y sector privado, con el objetivo de proteger el ahorro, ampliar el acceso a vivienda y facilitar la formalización de empresas. Además, surge como respuesta a la inconstitucionalidad de la Ley de Protección Social, reflejando una salida institucional basada en el diálogo y la legalidad.

Ariel Santos, directivo de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), manifestó que el RAP dispondrá ahora de mayores recursos para financiamiento de vivienda, algo clave considerando que los fondos de Banhprovi se agotan rápidamente por la alta demanda y las bajas tasas de interés.

Indicó que desde febrero no hay fondos disponibles en Banhprovi y que esperan que, después de Semana Santa, se habilite nuevo financiamiento para evitar que el sector vivienda se detenga.

El gobierno del presidente Nasry Asfura creó la Secretaría de Estado en el Despacho de Vivienda, con el objetivo de reducir el alto déficit habitacional mediante la formulación y ejecución de proyectos de vivienda digna, apoyados en herramientas como Banhprovi. Actualmente, el déficit habitacional en Honduras supera los 1.6 millones de viviendas.