Tegucigalpa, Honduras. Para cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y así evitar que Honduras caiga en listas grises que golpeen la economía nacional.
En una jornada que se extendió por unas 6 horas para realizar el tercer debate, el Congreso Nacional aprobó un amplio paquete de reformas que modifica, adiciona y deroga 88 artículos contenidos en cuatro normativas en materia de prevención y combate al lavado de activos.
El proyecto de decreto consta de 11 artículos que intervienen de forma integral la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Decreto No. 144-2014), la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Decreto No. 131-2014), la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Decreto No. 27-2010) y la Ley del Sistema Financiero (Decreto No. 129-2004).
Con estas modificaciones, el Estado busca armonizar el marco jurídico hondureño de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, fortalecer los mecanismos de debida diligencia basada en riesgo y cerrar los vacíos utilizados por estructuras criminales para blanquear capitales ilícitos, financiar el terrorismo y facilitar la proliferación de armas de destrucción masiva.
"Básicamente, es poder tener un control de lo que se trabaja financieramente o de lo que se mueve económicamente en nuestro país, tener reglas claras para evitar que estructuras criminales utilicen métodos como la lotificación y los bienes raíces para limpiar su dinero y fortalecerse financieramente", manifestó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.
El mayor peso normativo recae sobre la Ley Especial contra el Lavado de Activos (LECLA), donde se intervinieron 44 disposiciones: 29 artículos reformados, 14 adicionados y uno derogado.
En este cuerpo legal se actualizan las definiciones de activos, beneficiarios finales, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y análisis patrimonial, además de fortalecer las funciones de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Asimismo, el decreto incorpora un nuevo Capítulo VI dentro de la LECLA (artículos del 35 al 41) para regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y crear el registro REPSAV bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Paralelamente, la ley prohíbe de manera expresa el cierre indiscriminado de cuentas bancarias para proteger la inclusión financiera de los ciudadanos.
"Aquí es identificable cuando personas de la noche a la mañana ya son millonarias en este país y se dedican a lotificar grandes extensiones de tierra; todos esos puntos van a generar una alerta para revisar hacia atrás su actuar financiero y que las unidades de inteligencia puedan bloquear y detener el blanqueo antes de que ese dinero entre limpio a un banco", explicó Paz.
En cuanto a la Ley de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), el legislativo intervino 14 preceptos mediante 11 reformas y tres derogaciones.
El articulado redefine como sujetos obligados a los casinos, empresas de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, venta de vehículos, abogados, notarios y contadores públicos.
Para estos sectores no financieros se fijan umbrales específicos de control en transacciones en efectivo, estableciendo un límite de 3,000 dólares en casinos y de 15,000 dólares en operaciones con metales y piedras preciosas.
No obstante, la normativa resguarda la información amparada por el secreto profesional cuando se trate de labores de representación o defensa legal, y gradúa el régimen de sanciones administrativas a cargo de la CNBS.
"Primero tiene que haber una investigación profunda, tal y como lo establecen los procedimientos legales, y después proceden los aseguramientos y la incautación; no se puede incautar primero y después investigar, y si son activos líquidos pasan a manos de la OABI para distribuirse entre los entes de seguridad tras una sentencia condenatoria en juicio", puntualizó el parlamentario nacionalista.
Respecto a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (LSPDD), se modificaron 12 artículos, se adicionaron 16 y se derogó uno, sumando 29 intervenciones.
Esta reforma redefine el aseguramiento registral como la medida cautelar ordinaria, dejando la incautación material como un recurso subsidiario y excepcional que exigirá motivación judicial reforzada.
De igual forma, se imponen plazos máximos estrictos de seis meses, prorrogables por un período igual, para las medidas cautelares; se regula la fase administrativa de investigación del Ministerio Público; se incorpora de forma obligatoria a la Procuraduría General de la República (PGR); se protege el domicilio familiar y los derechos de terceros de buena fe; y se actualiza la cooperación internacional mediante el nuevo Capítulo XVII.
En la Ley del Sistema Financiero se reformó el numeral 1 del artículo 127 para ordenar la notificación legal inmediata a bancos y deudores cuando una institución financiera entre en liquidación forzosa. Además, el artículo 10 del decreto establece un techo máximo del 30 por ciento a los embargos judiciales sobre transferencias estatales destinadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), sancionando con nulidad y responsabilidad judicial su incumplimiento.
Apoyo dividido
"Honduras no es un sistema aislado y depende de un sistema financiero regulado por el GAFI, organismo que dicta las normas; si el país no hace las reformas necesarias para actualizar su sistema financiero puede ser declarado en zona gris, lo que generaría penalidades como la cancelación de cuentas corresponsales a los bancos nacionales", señaló Marlon Lara, diputado del Partido Liberal.
El congresista liberal destacó que la actualización normativa responde a la evolución tecnológica de las redes criminales y exige mayor trazabilidad en los movimientos bancarios cotidianos, obligando a los depositantes a respaldar documentalmente la procedencia de sus capitales sin criminalizar de entrada al ciudadano.
"Tiene que haber por parte de las personas que hacen depósitos la obligación de comprobar el origen de su dinero, porque cuando se incautan o congelan bienes no quiere decir que la persona sea culpable de inmediato, sino que está bajo investigación y mientras tanto la OABI es la responsable de custodiar esos recursos", indicó Lara.
A pesar del respaldo mayoritario de las bancadas tradicionales, la representación legislativa del Partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra del dictamen al advertir presuntos vicios de inconstitucionalidad en el procedimiento administrativo y en las facultades otorgadas a los entes de inteligencia financiera.
"Consideramos que la ley que se acaba de aprobar violenta principios constitucionales, sobre todo el de retroactividad que únicamente aplica en materia penal y no en una ley de carácter administrativo, además de otorgar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para tomar acciones sin autorización previa de un juez competente", denunció Marco Ramiro Lobo, diputado de Libre.
El parlamentario de oposición cuestionó además la limitación presupuestaria impuesta a los embargos contra la entidad administradora de bienes incautados y advirtió que el cambio de terminología entre incautación y congelamiento mantiene intacta la vulneración a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
"El tema de la imposibilidad de cumplir sentencias firmes al limitar los embargos sobre activos que administra la OABI a un 30 por ciento debilita nuestro sistema judicial, y aunque cambien la terminología de incautar a congelar, en esencia es lo mismo y será susceptible de recursos de inconstitucionalidad", concluyó Lobo