Tegucigalpa, Honduras.- El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruiz Nieto, fue condenado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, tras acreditarse irregularidades en el traslado de bienes incautados, entre ellos joyas valoradas en 1,271,860 lempiras.
La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), por hechos ocurridos el 3 de agosto de 2019, cuando Ruiz Nieto se desempeñaba como titular de la institución.
De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, el entonces funcionario trasladó desde las oficinas regionales de la OABI en San Pedro Sula, Cortés, hacia Tegucigalpa, Francisco Morazán, varios bienes incautados durante el operativo denominado Emperador, desarrollado en El Progreso, Yoro.
Entre los bienes trasladados se encontraban 135 lotes de joyas y 28 relojes de diferentes marcas, que permanecían bajo custodia de la institución. Sin embargo, el traslado se realizó sin cumplir el procedimiento administrativo establecido ni efectuar la entrega correspondiente a la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados (UBID), dependencia responsable de recibir, custodiar y manejar este tipo de evidencias.
Cuando los bienes llegaron a Tegucigalpa y se efectuó la revisión correspondiente, se constató la desaparición de las joyas.
La investigación fiscal estableció que el entonces director incumplió las disposiciones del artículo 17 del Reglamento de la OABI, que establece que las joyas y otros valores deben depositarse en una caja de seguridad de un banco o entidad financiera del sistema nacional, bajo la responsabilidad de la unidad competente.
Asimismo, se le atribuyó incumplir sus deberes de administración, custodia y supervisión de los bienes incautados que estaban bajo responsabilidad de la institución.
Por estos hechos, Ruiz Nieto fue condenado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, cuya sanción contempla la inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público por un período de tres a seis años.
Al exfuncionario le presentó un requerimiento fiscal en el marco de la Operación Omega XI, ejecutada el 19 de noviembre de 2021.
La audiencia de individualización de la pena por el caso de las joyas quedó programada para el 3 de noviembre de 2026, fecha en la que el órgano jurisdiccional determinará la sanción correspondiente.
