San Pedro Sula, Honduras. Las protestas y tomas de carreteras registradas esta semana volvieron a poner bajo presión al sistema eléctrico hondureño, luego de que el traslado de combustible hacia varias plantas generadoras sufriera retrasos y obligara a recurrir nuevamente a alivios de carga.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que las interrupciones en distintos puntos de la red vial afectaron el suministro oportuno de carburantes hacia las plantas térmicas y provocaron atrasos en los envíos de búnker hacia la principal generadora privada ubicada en el sur del país.
La situación redujo temporalmente la disponibilidad de generación térmica en momentos en que otras centrales enfrentaban limitaciones, por lo que el sistema tuvo que desconectar circuitos para proteger el Sistema Interconectado Nacional.
Sin embargo, expertos consultados por LA PRENSA advierten que las protestas únicamente agravaron un problema que ya venía acumulándose desde semanas atrás y que vuelve a dejar al descubierto deficiencias de planificación, dependencia de combustibles, insuficiente generación disponible y una red de distribución envejecida.
La advertencia del CND
Desde finales de agosto, el Centro Nacional de Despacho (CND) informó que, debido a la escasez de combustible, se interrumpiría el suministro de ciertas plantas generadoras arrendadas. Esto se combinó con el mantenimiento de las subestaciones de Cañaveral y Río Lindo y forzó la desconexión de diversos circuitos en la zona norte y atlántica del país, regiones de alta demanda que, de pronto, se encontraron sin suministro debido a la insuficiente generación.
“Hay una falta de planificación”, explica Lester Ramírez, experto en temas de energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), además de un problema estructural relacionado con la dependencia de los combustibles en momentos en que los precios se encuentran disparados y la generación renovable resulta insuficiente.
Contribuye al problema la falta de continuidad de una administración pública a la siguiente, pues, aunque el gobierno anterior contrató el arrendamiento de energía térmica, precisamente para evitar el problema de los apagones, el gobierno actual aún no ha corregido las deficiencias en ese arreglo.
“Me parece a mí que las decisiones siempre han sido muy antojadizas y reflejan lo que cada gobierno tiene en su agenda”, observa Ramírez.
Pero incluso si la generación de energía no representase un problema tan serio, todavía se tendría que lidiar con la anticuada red de distribución, la cual provoca un elevado nivel de pérdidas técnicas.
“El problema realmente está en la parte de la distribución, es decir, que esa energía que se genera pueda distribuirse a diferentes partes del país, porque la parte de la conducción está muy obsoleta y no permite que esa energía generada llegue al usuario final”, dice Ramírez.
José Barrientos, gerente del CND, confirmó este extremo en una entrevista concedida a LA PRENSA a comienzos de septiembre, cuando el problema ya se había agudizado. En aquella ocasión, Barrientos comentó que “Estamos perdiendo alrededor de 250 a 300 (megavatios) de generación, eso ya nos agota cualquier reserva que habíamos tenido para abastecer la demanda”.
Fallo de proveedores
El ingeniero Samuel Rodríguez, quien ha seguido de cerca la crisis energética hondureña, reveló que el problema de falta de combustible advertido por el CND en agosto se debió a las dificultades del proveedor para suministrar el combustible necesario.
“El gerente (de la Enee) dijo que el proveedor de diésel que estaba anteriormente no tenía capacidad financiera para poder financiar a la empresa y tuvieron que hacer toda una reestructuración de cambio de proveedor para poder tener un proveedor que realmente le pudiera hacer frente a ese costo financiero de abastecer de combustible las plantas”, detalló.
Rodríguez refiere que esta clase de proveedores debe poder satisfacer el 100% de la demanda de carburante, más un 10% de reserva, y que, cuando un proveedor falla, otro debería estar listo para tomar su lugar, en una especie de “Plan B” energético que garantice el suministro sin interrupciones por falta de combustible.
Pero, según este experto, la red de distribución no es el único componente obsoleto del sistema.
“Desde que se hizo la reforma en 2014 no hemos tenido una tan sola licitación para compra de energía nueva. Entonces, ya el parque generador que tenemos de las plantas existentes, sobre todo las de búnker, ya tienen más de 22 años en un parque obsoleto”, asegura.
La antigüedad de las plantas obliga a efectuar frecuentes mantenimientos, durante los cuales es necesario interrumpir la generación. Esto provoca indisponibilidad de energía en el sistema, la cual Rodríguez calcula en hasta 670 megas entre todas las plantas generadoras existentes.
El costo productivo
El resultado de toda esta crisis termina perjudicando a los sectores productivos y, entre estos, el más golpeado es el de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).
Pronunciándose sobre esta situación, Efraín Rodrígueaz, directivo de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), calcula que los constantes apagones de entre 6 y 10 horas han provocado pérdidas de no menos de 10 millones de lempiras diarios, tan solo entre las pequeñas empresas que operan en la región del Valle de Sula.
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“Si le sumamos a nivel nacional, estaríamos perdiendo mínimo 30 millones diarios”, dice el dirigente gremial.
Rodríguez agrega que, debido al efecto acumulativo de esta situación, “nos han debilitado, nos han mantenido en estancamiento, hemos perdido competitividad y no hemos podido avanzar, no hemos podido desarrollarnos, no hemos podido generar más empleo ni hemos mejorado en nuestros procesos de producción, porque tenemos esa carga fuerte que por años nos ha venido causando pérdidas”, lamentó.
El directivo habla de productos dañados, maquinaria y equipos averiados que hay que reemplazar cuando no pueden ser reparados. Menciona también empresas que tienen que extender los horarios de trabajo hasta altas horas de la noche a fin de cumplir sus compromisos de producción, lo que también implica el incremento de los costos en alimentación y transporte para el personal.
La reciente promulgación de la Ley de Justicia Energética no significa que un problema de semejante envergadura vaya a resolverse de un día para otro.
Todavía queda mucho por recorrer, pero este nuevo intento puede servir como un primer paso para corregir la situación si consigue atacar las causas que provocan las deficiencias en el suministro y si abre el mercado al capital privado para que, con más actores participando, los consumidores tengan más opciones para proveerse de energía y no tengan que depender de una empresa estatal que, a últimas fechas, se ha dedicado principalmente a administrar crisis.
