San Pedro Sula, Honduras. La tardanza del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en resolver las 22 oposiciones al Acuerdo Institucional 092-2025, ha generado preocupación entre más de 150 mil pobladores de comunidades que consideran que podrían verse afectados.
El acuerdo plantea una nueva delimitación y recategorización de la Zona de Reserva del Merendón (ZRM) y entre las comunidades que esperan una resolución están Cofradía, El Zapotal, Armenta, El Retiro, Los Pinos y Las Delicias del Norte, así como otros sectores aledaños.
También están a la espera personas que poseen predios que, según manifiestan, no pueden registrar, así como propietarios que aseguran que no pueden realizar reparaciones o reformas en sus viviendas debido a las restricciones establecidas por la legislación vigente, pese a tener décadas de habitar en la zona.
El Estado de Honduras, a través del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), emitió en octubre de 2025 el Acuerdo Institucional 092-2025, mediante el cual redefine los límites de la Zona de Reserva del Merendón, ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de San Pedro Sula.
El acuerdo también propone derogar el Decreto 46-90, conocido como Ley de Protección del Merendón, y categorizar la zona como “Parque Nacional”.
El Acuerdo Institucional 092-2025 es la base para la creación de un nuevo decreto ley. En cumplimiento de la normativa vigente, el ICF realizó tres publicaciones para que las personas que se consideran perjudicadas por esta pretensión se presentarán por escrito sus argumentos, acompañados de la documentación correspondiente y los fundamentos legales de su oposición.
El plazo establecido fue de 60 días hábiles, contados a partir de la última publicación, realizada el 16 de abril de 2026.
Tras las publicaciones, particulares, patronatos, organizaciones ambientalistas y empresas presentaron sus respectivas oposiciones, en su mayoría por estar en desacuerdo con la recategorización.
Otros casos corresponden a comunidades creadas antes del Decreto 46-90 que, según sus pobladores, se han visto imposibilitadas de realizar reformas en sus viviendas y escriturar sus propiedades debido a las restricciones existentes.
Estos pobladores resultarían beneficiados con la nueva delimitación y, por ello, sus habitantes expresan preocupación por la tardanza del ICF en enviar al Congreso Nacional el acuerdo correspondiente.
Antecedentes del decreto en curso
Según los antecedentes, el 23 de enero de 2013 fue aprobado el Decreto 334-2013, mediante el cual se redefinieron los límites de la Zona de Reserva del Merendón.
En este decreto ley se excluye de la ZRM el área núcleo del Parque Nacional Cusuco. Posteriormente, el 24 de octubre de 2024 se publicó en La Gaceta Oficial de Honduras el Decreto 058-2024, que establece la derogación, en todas y cada una de sus partes, del Decreto Legislativo 334-2013 y ordena al ICF redefinir los límites de la ZRM.
El 16 de octubre de 2025, el ICF publicó en La Gaceta Oficial de Honduras el Acuerdo Institucional 092-2025, que describe los nuevos límites de la ZRM, con una recuperación de 1,100 hectáreas, y asigna además la categoría de manejo de área protegida como “Parque Nacional”. Esta propuesta generó el conflicto entre sectores de la población.
El Decreto Ley 46-90 constituye una ley especial que dio vida a la ZRM y fue creado por iniciativa de la Municipalidad de San Pedro Sula. Según el texto, dicha normativa le otorga competencia a la municipalidad para ejercer el control sobre las áreas de producción de agua y las zonas de reserva de las cuencas hidrográficas en la Cordillera del Merendón dentro de su jurisdicción.
Por ello, sectores sampedranos han expresado su descontento, pues consideran que, al declararse la zona como Parque Nacional, el manejo pasaría al ICF.
Socializan el nuevo acuerdo interinstitucional
Actualmente, el Instituto de Conservación Forestal trabaja en la elaboración de un nuevo acuerdo institucional que busca respetar algunos aspectos y reformar otros, con el objetivo de garantizar el cuidado de la montaña, así como el respeto a las comunidades y la empresa privada.
Ya se conformó una mesa técnica interinstitucional y se realizó la primera reunión. Posteriormente se desarrollarán otros encuentros para recopilar la información necesaria.
José Armando Ramírez Mejía, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF) , explicó que ya se realizó la primera mesa técnica, en la que participaron las instituciones involucradas en el tema ambiental.
Ramírez señaló que comprende la preocupación de los sectores involucrados y aseguró que el proceso se desarrollo conforme a la programación establecida, con el objetivo de brindar tranquilidad a todos los actores.
“Tenemos que culminar la socialización con todos los sectores y poder documentar bien el acuerdo institucional que se enviará al Congreso Nacional una vez se resuelvan las impugnaciones”, indicó.
El objetivo, explicó, es que el documento llegue con todas las observaciones y el proceso de socialización en octubre, para posteriormente proceder a su discusión y eventual aprobación en el Congreso Nacional.
El funcionario detalló que el ICF ya realizó una redefinición de los límites georreferenciados y aseguró que no se vulnerarán los derechos de las comunidades ni de la empresa privada, además de que se respetarán las construcciones existentes.
Para la delimitación realizada en 2025 se utilizó tecnología moderna y coordenadas geográficas. El proceso fue acompañado por representantes de patronatos, líderes comunitarios y la Municipalidad de San Pedro Sula. Sin embargo, los límites serán revisados para evitar problemas futuros, según explicó el funcionario.
Comunidades piden seguridad jurídica
Gabriel Linares, dirigente de El Zapotal, manifestó que la montaña y las fuentes de agua deben protegerse, pues considera que se trata del pulmón de San Pedro Sula.
“Nosotros como comunidades no nos oponemos a que se proteja; al contrario, cuando ocurre un incendio somos los primeros, no solo en este sector sino en otros puntos”, afirmó.
Agregó que las comunidades participan en jornadas de reforestación, prevención de incendios forestales y conservación de las fuentes de agua de las que dependen millas de familias.
“A nosotros lo que nos preocupa y queremos que el ICF responda es que se respetan los límites que se hicieron georreferenciados, pues como está en el 46-90 muchas comunidades están en problemas y muchos tienen problemas para inscribir sus propiedades, acceder a financiamiento y hasta mejorar sus casas”, dijo.
Linares también indicó que, con el Decreto 46-90, hasta un tramo de la carretera hacia Occidente queda por encima de la cota 200, lo que, según el dirigente patronal, aumentó la inseguridad jurídica de muchos poblados que reúnen a más de 150,000 personas.
En las observaciones técnico-jurídicas presentadas ante diputados de Cortés se plantea que la redefinición realizada por el ICF sea remitida al Congreso Nacional para su aprobación, manteniendo intacto el régimen de protección de la Zona de Reserva de El Merendón y sin alterar su categoría ambiental.
Asimismo, los pobladores respaldan que los asentamientos existentes continúan sujetos a estrictas obligaciones ambientales y que se prohíban nuevas invasiones, loteificaciones y cambios de uso del suelo en las áreas boscosas y de mayor importancia hídrica de San Pedro Sula.
La petición de las comunidades es que el proceso y se envía al Congreso Nacional, lo que permitirá otorgar seguridad jurídica tanto a la reserva forestal como a las comunidades ubicadas en sus alrededores.
