La inseguridad volvió a golpear al sector transporte en la zona norte del país. Varias unidades de la ruta 10, que cubre el servicio desde el sector Ticamaya en Choloma hacia San Pedro Sula, paralizaron sus operaciones dejando a cientos de pasajeros sin poder movilizarse hacia sus lugares de trabajo.
La suspensión del servicio se da como medida de presión y protección por parte de los empleados de la ruta, quienes aseguran ser víctimas constantes de asaltos y extorsiones.
Según conductores, diferentes estructuras criminales están exigiendo elevadas sumas de dinero para permitirles trabajar, situación que ya se ha vuelto insostenible y temen por sus vidas.
El punto de buses ubicado en el barrio Concepción del centro de San Pedro Sula amaneció vacío. “Un día que no trabajemos es un día que no comemos, pero las amenazas han sido constantes y tenemos que valorar nuestra vida. Nosotros solo somos empleados, nos ganamos el pan de cada día para nuestra familia, pero tememos por nuestras vidas”, relató uno de los motoristas, quien prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad.
La paralización también afecta directamente a los usuarios. Héctor Fuentes, quien diariamente utiliza esta ruta para trasladarse desde el sector El Paraíso hacia el centro de la ciudad, lamentó que no cesa la inseguridad.
“Llegué tarde a mi trabajo. Por la falta del servicio me tocó pagar taxi y eso es un gasto que no puedo cubrir todos los días. No solo los transportistas están siendo afectados, también nosotros como pasajeros”, expresó Fuentes.
Ante la situación, autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dinámico) hicieron un llamado a los transportistas para formalizar las denuncias y aseguraron que ya trabajan de oficio para brindar seguridad en la zona y garantizar la operación de las unidades.
Paros como este se han vuelto cada vez más frecuentes en San Pedro Sula y sus alrededores, donde los extorsionadores mantienen bajo amenaza al rubro del transporte.
En los últimos años, decenas de conductores y ayudantes han optado por abandonar sus empleos ante el temor de ser asesinados por criminales que cobran “impuesto de guerra” a quien se niegue a pagar.
Las autoridades continúan solicitando colaboración ciudadana para frenar este fenómeno mediante las denuncias, mientras los usuarios y empleados del transporte aguardan una pronta solución que les devuelva la tranquilidad para trabajar y movilizarse sin miedo.
