San Pedro Sula, Honduras. A partir de octubre, los hondureños retornados al país recibirán un apoyo económico de 2,500 lempiras, informó Carlos Cordero, director del Instituto Nacional de Migración (INM).
El funcionario explicó que el beneficio tendrá carácter retroactivo desde el 27 de enero de 2026, por lo que también serán incluidos los hondureños que hayan retornado al país desde esa fecha.
De acuerdo con el INM, hasta septiembre se contabilizan 32,704 hondureños retornados durante 2026. El bono será entregado a las personas registradas como beneficiarias por la institución.
Cordero indicó que Migración dispone de información sobre los retornados, incluido el departamento y municipio donde residen.
“Nosotros tenemos el registro de todos ellos, tenemos la información de qué departamento y en qué municipio viven”, explicó el funcionario.
Según detalló, el INM comunicará a los beneficiarios el lugar y el procedimiento para reclamar el apoyo económico.
El anuncio representa la reactivación de un beneficio dirigido a las personas que regresan al país después de un proceso migratorio, particularmente quienes son retornados desde Estados Unidos.
Para César Ramos, representante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), el apoyo económico es necesario, pero la magnitud del retorno requiere una respuesta más amplia por parte del Estado.
Ramos señaló que las organizaciones que trabajan con población migrante han insistido en que el Gobierno considere la situación como una emergencia migratoria, debido al número de hondureños que están regresando al país.
Según sus declaraciones, además de quienes son deportados, existe un grupo de hondureños que retorna por cuenta propia, lo que amplía el fenómeno más allá de las cifras de deportaciones.
El representante de CASM también advirtió que no todos los retornados llegan con recursos económicos para cubrir sus necesidades inmediatas.
Explicó que algunas personas regresan después de permanecer detenidas en Estados Unidos y pueden llegar sin dinero, con dificultades para trasladarse desde los centros de atención hasta sus comunidades de origen.
Ramos cuestionó que la asistencia para el traslado no necesariamente cubra todo el recorrido de una persona hasta su comunidad.
Como ejemplo, mencionó a personas cuyo destino final se encuentra en departamentos alejados de los principales puntos de transporte. En esos casos, después de llegar al destino cubierto por el traslado estatal, todavía pueden necesitar dinero para transporte y alimentación.
También señaló que los vuelos de retorno pueden llegar durante la tarde o noche, lo que genera dificultades adicionales para quienes no cuentan con familiares que puedan recibirlos.
De acuerdo con Ramos, organizaciones sociales y religiosas han asumido parte de la atención que reciben los migrantes retornados.
Mencionó, entre otros espacios, casas de migrantes ubicadas en La Lima y Choloma, donde pueden recibir alojamiento y asistencia.
El representante de CASM sostuvo que las organizaciones buscan que exista una respuesta coordinada entre el Gobierno, las municipalidades, organismos internacionales y las instituciones que trabajan con migrantes.
Ramos también planteó la necesidad de activar el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM)) y de incorporar a organizaciones sociales y gobiernos locales en la atención de los retornados.
La propuesta, explicó, es que la atención no termine cuando la persona sale del centro de recepción, sino que exista acompañamiento cuando llegue a su municipio de origen.
En esa línea, también destacó la reciente aprobación de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, publicada como Decreto 73-2026.
La normativa contempla mecanismos para facilitar el retorno y beneficios para la introducción de menaje de casa e implementos de trabajo, además de crear una Ventanilla Única del Retorno.
La ley establece, entre otros beneficios, exenciones para determinados bienes e implementos de trabajo y mecanismos de coordinación entre instituciones para facilitar los trámites de los retornados.
Para las organizaciones que trabajan con migrantes, el desafío ahora es que las medidas de asistencia y reinserción alcancen a las personas una vez que regresan a sus comunidades y puedan acceder a empleo, capacitación y oportunidades para generar ingresos.
