Las amenazas contra docentes no son un problema reciente, pero en los últimos meses algunos casos han trascendido de las autoridades educativas a la Policía Nacional y al Ministerio Público, situación que mantiene la preocupación entre maestros y directores de centros educativos de Cortés.
Gilberto Benítez, director distrital de Educación, explicó a LA PRENSA que anteriormente los docentes comunicaban este tipo de situaciones a los directores de los centros educativos y posteriormente a las direcciones distritales o departamentales.
Sin embargo, señaló que algunos casos han llegado ahora a las autoridades policiales y de investigación, lo que evidencia la necesidad de dar seguimiento a las denuncias y establecer medidas de protección para los maestros que se encuentren en riesgo.
“El caso de amenazas a profesores no es reciente”, manifestó Benítez, quien agregó que cuando un docente se siente amenazado, la situación no solo afecta al maestro, sino también a su familia y a la comunidad educativa.
El funcionario consideró necesario que las denuncias sean investigadas y que las autoridades actúen cuando exista riesgo para la integridad de un docente.
La preocupación por la seguridad de los maestros también se refleja en solicitudes de traslado.
En junio, cinco docentes solicitaron ser trasladados de centros educativos del sector de Choloma debido a supuestas amenazas, según información proporcionada por autoridades educativas.
Benítez explicó que, cuando un maestro enfrenta una situación que pone en riesgo su vida, las autoridades educativas deben valorar las medidas correspondientes para protegerlo, entre ellas el traslado a otro centro educativo.
El director distrital señaló que la situación también representa un desafío para los centros escolares, debido a que la ausencia de un docente por motivos de seguridad puede afectar el funcionamiento de la institución.
Según Benítez, durante años los docentes que enfrentaban amenazas recurrían inicialmente a los directores de los centros educativos para comunicar su situación.
Posteriormente, los casos podían ser conocidos por las direcciones distritales y departamentales. Ahora, algunos han trascendido hasta las autoridades de seguridad y de investigación.
El funcionario sostuvo que esta situación obliga a fortalecer los mecanismos de atención y seguimiento de las denuncias para evitar que las amenazas queden únicamente como reportes internos.
La protección de los docentes, agregó, debe formar parte de las medidas de seguridad que se implementen en los centros educativos, junto con acciones dirigidas a proteger a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.
