Las amenazas y agresiones contra docentes en algunos centros educativos de la zona norte y el resto del país se han convertido en una preocupación creciente, aunque pocas veces trascienden públicamente. La problemática, según autoridades educativas, es más frecuente de lo que reflejan las denuncias formales.
Gilberto Benítez, director distrital del sector 26 en San Pedro Sula, reconoció que existen casos en los que maestros han tenido que ser removidos de sus cargos tras recibir amenazas que ponen en riesgo su integridad. Sin embargo, explicó que muchas situaciones no se formalizan por el temor de los afectados.
De acuerdo con Benítez, la falta de denuncias no significa que el problema no exista, el docente señaló que algunos maestros prefieren guardar silencio para evitar represalias o conflictos mayores dentro de las comunidades educativas.
El director indicó que incluso el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha reconocido la existencia de amenazas en el entorno escolar. En varios casos, afirmó, las intimidaciones no solo provienen de estudiantes, sino también de padres de familia.
Según explicó, cuando un alumno incurre en amenazas contra un docente, en ocasiones lo hace respaldado o influenciado por sus propios padres, esta situación, añadió, debilita la autoridad del maestro dentro del aula.
La problemática también alcanza el ámbito administrativo. Benítez señaló que algunos docentes han denunciado hostigamiento y presiones por parte de directores de centros educativos, lo que complica aún más el ambiente laboral.
A pesar de ello, las denuncias difícilmente llegan a instancias distritales o departamentales, ni siquiera de manera anónima. El miedo a sanciones, traslados o represalias limita que los casos se documenten oficialmente.
En cuanto a la seguridad, docentes cuestionan la limitada intervención policial ante conflictos en los centros educativos. Señalan que, aunque los agentes se presentan en situaciones como tomas de instalaciones, su actuación suele restringirse a la observación.
El deterioro del respeto hacia la figura del maestro es otro de los aspectos señalados. De acuerdo con testimonios, se han registrado agresiones físicas contra docentes, quienes en algunos casos optan por no denunciar.
Una docente de educación básica con más de 15 años de servicio, que por seguridad omitió su nombre, relató que el año pasado recibió amenazas luego de sancionar disciplinariamente a un estudiante.
“Me dijeron que sabían dónde vivía y que tuviera cuidado, sentí miedo, pero no denuncié por temor a que la situación empeorara”, expresó. Según contó, desde entonces evita permanecer sola en el centro educativo después de clases.
Por su parte, Carlos Mejía, maestro de secundaria, afirmó que fue víctima de agresión verbal por parte de un padre de familia que ingresó al plantel para reclamar una calificación.
“Me gritó frente a los alumnos y golpeó la puerta del aula, uno se siente desprotegido, porque no siempre hay acompañamiento inmediato”, manifestó. Indicó que decidió no interponer una denuncia formal para evitar conflictos mayores con la comunidad.
Uno de los hechos mencionados ocurrió en un centro educativo donde una madre de familia habría agredido a un profesor frente a estudiantes y otros padres. También se reportaron intentos de agresión dentro de oficinas administrativas.
Ante este panorama, el director distrital hizo un llamado a las autoridades nacionales para que refuercen la protección en los centros educativos y restituyan la autoridad del docente en el aula, consideró que se requieren acciones concretas más allá de reuniones o mesas de trabajo.
La preocupación aumenta por el hallazgo de objetos prohibidos dentro de algunos planteles, entre ellos cigarrillos electrónicos, fósforos y proyectiles de armas. Estos incidentes reflejan un entorno cada vez más complejo para la comunidad educativa.
A la par de los problemas de seguridad, el sistema educativo enfrenta la disminución de matrícula y la deserción escolar, las autoridades advierten que, si no se atienden de manera integral los factores de violencia y abandono, la crisis podría profundizarse en los próximos años.
