Tenía 16 años y llevaba un revólver calibre 38. La noche del miércoles 16 de septiembre, el adolescente se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona por la colonia La Joya, en Tegucigalpa. De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ambos pretendían perpetrar una fechoría.
La víctima fue Abel Edgardo Rodríguez Romero, de 42 años, quien regresaba de trabajar en un carwash y se dirigía hacia su vivienda. Según la versión policial, los dos sujetos lo interceptaron para despojarlo de sus pertenencias y, durante el forcejeo, Rodríguez Romero recibió un disparo en el tórax. Sus familiares lo trasladaron a un centro asistencial, donde posteriormente murió.
Esa misma noche, agentes policiales aprehendieron en flagrancia al adolescente y le decomisaron el revólver calibre 38. La DPI lo remitió por suponerlo responsable de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. El segundo involucrado logró escapar.
El caso de La Joya ocurre en medio de un fenómeno que los datos oficiales permiten dimensionar. Un análisis de LA PRENSA Premium a los registros proporcionados por la Secretaría de Seguridad, mediante la solicitud de información SOL-SSSS-3240-2026, encontró que las aprehensiones de menores aumentaron 30%: entre el 1 de enero y el 15 de agosto pasaron de 891 en 2025 a 1,161 en 2026.
Este equipo analizó los 11,997 registros de aprehensiones entre 2015 y 2026 y detectó un cambio de tendencia en los últimos años, después de un período prolongado de descenso.
Territorialmente, Francisco Morazán y Cortés concentran casi la mitad de las 11,997 aprehensiones analizadas, mientras que el Distrito Central sobresale ampliamente entre los municipios.
La edad del adolescente detenido en La Joya también se aproxima al grupo que concentra la mayoría de los registros. El 73% de las aprehensiones corresponde a jóvenes de 16 y 17 años; los de 15 representan otro 16%.
Los hombres concentran el 92% de las aprehensiones, frente al 7% correspondiente a mujeres; en menos del 1% de los registros no se consignó el sexo.
Un repunte después de años de caída
El comportamiento de las aprehensiones cambió después de varios años de descenso. Tras alcanzar 1,304 registros en 2017, la cifra disminuyó cada año hasta tocar su punto más bajo en 2022, con 568 casos. A partir de entonces, la tendencia se revirtió.
El repunte comenzó en 2023, pocos meses después de que el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro pusiera en marcha el estado de excepción parcial, el 6 de diciembre de 2022. La medida comenzó en 89 sectores del Distrito Central y 73 del Valle de Sula y fue planteada para combatir delitos como extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros. Posteriormente fue prorrogada y ampliada a otras zonas del país.
Durante ese período, las aprehensiones de menores pasaron de 568 en 2022 a 662 en 2023, 1,052 en 2024 y 1,489 en 2025. El estado de excepción permaneció vigente durante más de tres años y concluyó el 26 de enero de 2026.
El aumento continuó en 2026. Para evitar comparar un año completo con otro todavía en curso, el análisis tomó el mismo período de ambos años: del 1 de enero al 15 de agosto. En ese intervalo, las aprehensiones aumentaron de 891 en 2025 a 1,161 en 2026, es decir, 270 registros más, equivalentes a un incremento del 30%.
El incremento no significa necesariamente que haya 1,161 adolescentes distintos involucrados en delitos. La información analizada corresponde a registros de aprehensión y la base entregada por Seguridad no contiene un identificador único que permita determinar si una misma persona aparece más de una vez durante el período.
Los registros permiten medir la magnitud de las aprehensiones, pero no explican las condiciones que llevan a los adolescentes a involucrarse en actividades ilícitas.
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el involucramiento de menores en actividades ilícitas no puede analizarse únicamente desde la respuesta policial, sino también desde las condiciones estructurales que enfrentan niños y adolescentes en el país.
“Hay jóvenes que no tienen acceso a sus derechos fundamentales: educación, salud y, sobre todo, seguridad. Ante la realidad que enfrentan, buscan formas de sobrevivir y de ayudar a sus familias, y terminan envueltos en circunstancias que derivan en sus aprehensiones”, explicó.
Francisco Morazán y Cortés sobresalen en la distribución territorial y coinciden con dos de las zonas donde comenzaron las intervenciones del estado de excepción. En diciembre de 2022, la medida arrancó precisamente en el Distrito Central y el Valle de Sula, incluidos sectores de San Pedro Sula, Choloma y La Lima.
La concentración también se refleja a nivel municipal. El Distrito Central acumula casi 3,000 aprehensiones, más del doble de las más de 1,300 registradas en San Pedro Sula. A considerable distancia aparece El Progreso, con cerca de 500 casos.
El caso que abre este análisis ocurrió precisamente en el Distrito Central. La aprehensión del adolescente de La Joya no está incluida en la base porque ocurrió el 16 de septiembre, después de la fecha de corte, pero sirve para ilustrar un fenómeno cuya mayor concentración territorial se encuentra en la capital.
Drogas encabezan los delitos registrados
Más allá de cuántos adolescentes son aprehendidos y dónde ocurre, los datos permiten identificar otra característica del fenómeno: los delitos asociados a esos registros.
El tráfico de drogas aparece asociado a 4,014 aprehensiones, muy por encima de cualquier otro delito consignado en la base. La portación ilegal de armas ocupa el segundo lugar, con 1,626 registros.
Extorsión y robo aparecen después, con 991 y 913 registros, respectivamente, mientras que la posesión de droga está consignada en otras 838 aprehensiones. Las asociaciones ilícitas también figuran entre los principales delitos asociados, con 733 registros.
Para Gonzalo Sánchez, analista en temas de seguridad, el aumento de menores vinculados a hechos delictivos evidencia que todavía existe margen para que las autoridades fortalezcan las estrategias de prevención dirigidas a niños y jóvenes, especialmente frente al riesgo de reclutamiento por estructuras del crimen organizado.
“Este mal histórico se ha desproporcionado porque las estrategias no han sido efectivas. Se volvió una constante escuchar y ver noticias en las que menores aparecen como presuntos autores de hechos criminales”, señaló Sánchez.
A su juicio, las autoridades todavía tienen margen para reforzar programas preventivos dirigidos a la niñez y juventud, particularmente frente al reclutamiento de menores por estructuras del crimen organizado.
Una misma aprehensión puede incluir más de un delito, por lo que las categorías pueden superponerse.
Los registros dibujan un perfil predominante: las aprehensiones recaen principalmente en adolescentes hombres de 16 y 17 años, se concentran territorialmente en Francisco Morazán —particularmente en el Distrito Central— y tienen al tráfico de drogas como el delito más recurrente.
El aumento de 30% registrado hasta el 15 de agosto de 2026 ocurre, además, después de tres años consecutivos de crecimiento en las aprehensiones. Para los especialistas consultados, la respuesta al fenómeno no debería limitarse a la acción policial, sino incorporar políticas de prevención capaces de reducir las condiciones que exponen a niños y adolescentes al delito y al reclutamiento criminal.
Los reportes de aprehensiones de menores fueron proporcionados por la Secretaría de Seguridad mediante la solicitud SOL-SSSS-3240-2026. Para comparar 2025 y 2026 se tomó como referencia el corte al 15 de agosto de cada año, mientras que para analizar la evolución histórica se utilizaron los datos anuales completos. Las cifras de delitos corresponden a registros de aprehensiones y no a casos individuales, por lo que no deben sumarse entre sí: un mismo menor puede haber sido aprehendido por más de una infracción.
