Austin, Estados Unidos. Estados Unidos reducirá de treinta a diez días el plazo que tienen los refugiados para defenderse cuando el Gobierno pretenda retirarles su estatus, según adelantó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La nueva normativa acorta el tiempo para presentar pruebas y argumentos en respuesta a una notificación de las autoridades sobre su intención de retirar esa protección.
La medida, señaló el DHS en el documento, busca "restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos a la seguridad pública y nacional y prevenir el fraude".
Según la ley, EE.UU. solo puede retirar el estatus de refugiado si determina que la persona no cumple los requisitos para obtenerlo cuando fue admitida en el país.
Si las autoridades consideran que las pruebas y los argumentos presentados no justifican mantener la protección, pueden retirarle el estatus y someterla a un proceso de deportación.
El proceso para obtener esta protección puede prolongarse durante años. Entre las vías de acceso está la remisión al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) por parte de la ONU, una embajada estadounidense o una organización no gubernamental.
Los solicitantes también deben superar entrevistas y controles de seguridad, que incluyen la verificación de sus antecedentes por distintas agencias federales.
La organización International Refugee Assistance Project (IRAP) rechazó los cambios y advirtió que facilitarán las deportaciones "masivas" de refugiados.
En un comunicado, IRAP denunció que, desde principios de este año, la Administración Trump ha estado "persiguiendo" a refugiados y deteniendo de manera "ilegal" a personas con este estatus.
La organización ha exigido al Gobierno por detener e intentar deportar a refugiados de países como Ruanda, Irak y Afganistán.
La campaña de deportaciones masivas de Trump también ha alcanzado a personas que contaban con autorización para permanecer en EE.UU.
Su Gobierno ha retirado protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, cancelado programas de permiso humanitario y promovido el rechazo de determinadas solicitudes de asilo sin una audiencia completa.
Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), durante el primer año de su segundo mandato, 1,6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal.
El plazo reducido convierte el proceso en una "mera formalidad" para "quitarles su estatus a refugiados que fueron admitidos legalmente y viven legalmente en el país, y deportarlos a lugares donde sufrirían persecución o algo peor", afirmó Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de IRAP en Estados Unidos.
