La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras continúa vigente en Estados Unidos, lo que deja a miles de beneficiarios sin la protección migratoria ni las autorizaciones de empleo que otorgaba el programa, mientras el Gobierno hondureño mantiene gestiones diplomáticas para solicitar una transición ordenada y buscar alternativas para los afectados.
La cancelación del TPS se hizo efectiva oficialmente el pasado 8 de septiembre de 2025, según una publicación del Registro Federal. Sin embargo, la medida fue suspendida temporalmente por un tribunal federal, aunque dicha protección judicial dejó de tener vigencia luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito autorizara nuevamente la finalización del programa mientras el caso continuaba en los tribunales.
La situación cambió nuevamente el 25 de junio, cuando el máximo tribunal determinó que las cortes federales no pueden revisar las decisiones del Poder Ejecutivo sobre la finalización del TPS, eliminando así los últimos obstáculos legales que mantenían suspendida la cancelación. Esta resolución ocurrió cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot.
Como resultado de esta decisión, los ciudadanos hondureños que aún estaban amparados por el TPS dejaron de tener acceso a las ventajas migratorias que ofrecía el programa, incluida la autorización de empleo en Estados Unidos.
La única excepción corresponde a quienes hayan conseguido otro permiso o categoría migratoria que les permita mantener su autorización para trabajar.
De acuerdo con cifras divulgadas en el Registro Federal, hasta abril de 2025 cerca de 21,000 hondureños que habían sido protegidos por el TPS lograron obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.
No obstante, aquellos que no hayan podido acceder a una nueva vía migratoria tendrán que buscar una alternativa para regularizar su permanencia bajo las leyes estadounidenses o podrían enfrentar procesos de deportación.
La carta de Nasry Asfura a Marco Rubio
Ante este panorama, el presidente Nasry Asfura solicitó el pasado 30 de junio el respaldo de Estados Unidos para atender la situación de miles de hondureños afectados por la terminación del programa.
En una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, el mandatario pidió considerar mecanismos que permitan una transición ordenada para las familias que han permanecido durante años en territorio estadounidense.
En la misiva, Asfura señaló que Honduras reconoce el carácter temporal del TPS y respeta las decisiones soberanas de Estados Unidos. No obstante, sostuvo que el nuevo escenario jurídico hace necesario fortalecer la coordinación bilateral para explorar las alternativas administrativas y legales disponibles que permitan proteger a los migrantes hondureños.
El gobernante advirtió que decenas de miles de hondureños han vivido y trabajado por más de dos décadas en Estados Unidos, donde han formado familias, creado empresas, adquirido viviendas y contribuido a la economía del país. A su juicio, una finalización abrupta del programa podría provocar separación familiar, pérdida de empleos, afectaciones económicas e interrupciones educativas.
Entre las solicitudes planteadas por Asfura figura que el Gobierno estadounidense considere un periodo adicional de transición o cualquier otro mecanismo administrativo que produzca efectos similares. Además, pidió que, en la medida que permita la legislación estadounidense, se mantenga temporalmente la vigencia de las autorizaciones de empleo para evitar impactos laborales mientras los beneficiarios definen su situación migratoria.
Un llamado a los hondureños
El mandatario también exhortó a los hondureños afectados a buscar asesoría legal especializada para determinar si califican para alguna otra vía migratoria contemplada en la legislación de Estados Unidos, como la residencia por vínculos familiares, visas de empleo u otras categorías aplicables a cada caso. Quienes no logren acceder a otro estatus migratorio deberán prepararse para cumplir con las disposiciones migratorias vigentes, incluido, cuando corresponda, un retorno coordinado, digno y seguro a Honduras.
