San Pedro Sula, Cortés
La Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, publicada en La Gaceta, tiene como objetivo apoyar a los ciudadanos que regresan al país mediante incentivos fiscales para la importación de bienes personales, maquinaria y vehículos.
El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, publicada el 28 de mayo de 2026 mediante el Decreto 73-2026. La normativa surge en un contexto en el que miles de hondureños han decidido retornar voluntariamente al país tras años de residir en el extranjero, donde construyeron su patrimonio.
La legislación establece que los hondureños retornados podrán introducir al país hasta 150,000 dólares (3,988,909.50 lempiras, según el tipo de cambio de referencia), libres del pago de aranceles e impuestos por concepto de menaje de casa y enseres domésticos.
Asimismo, autoriza la importación de hasta 100,000 dólares (2,659,273 lempiras) en herramientas e implementos de trabajo destinados a actividades productivas o emprendimientos.
El decreto también permite la importación de un vehículo de uso particular y otro de trabajo por grupo familiar. La disposición contempla un plazo de hasta dos años para ingresar los automotores al país, incluidos modelos fabricados en 2010 o años anteriores, mediante el pago único de 10,000 lempiras.
La normativa prohíbe el ingreso de artículos considerados peligrosos o restringidos, entre ellos armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y bienes suntuarios o de lujo. Las autoridades indicaron que la medida busca facilitar la reinserción económica y social de las familias migrantes que retornan al territorio nacional.
Crearán una ventanilla única del retorno
El decreto establece la creación de la Ventanilla Única del Retorno (VUR), integrada por la Administración Aduanera de Honduras, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin), a través de la Unidad de Franquicias Aduaneras; el Instituto Nacional de Migración (INM), y el Instituto de la Propiedad (IP), mediante el Registro Vehicular.
A través de esta plataforma se podrán tramitar en línea la Declaración Jurada de Domicilio en Honduras, la solicitud de exención, la Declaración Única Centroamericana (Duca), el despacho aduanero y el registro vehicular con la anotación de inalienabilidad. La ley también habilita el uso de firma electrónica y la representación mediante poder consular o documento apostillado.
Antes del arribo al país, el solicitante deberá presentar una lista valorada de bienes, constancia consular de residencia y pasaporte o historial migratorio. Posteriormente, la Sefin emitirá la dispensa en el sistema y se presentará la Declaración Única Centroamericana (Duca).
El plazo para acogerse al beneficio será de hasta 12 meses después del retorno
El plazo para acogerse a los beneficios será de hasta 12 meses desde la fecha de retorno para el menaje de casa y de hasta 12 meses para la importación de implementos de trabajo, contados a partir del ingreso al territorio nacional.
La Administración Aduanera aplicará mecanismos de gestión de riesgo mediante canales verde, amarillo y rojo. Si se detectan bienes no comprendidos en el menaje o en los implementos autorizados, estos serán clasificados y gravados conforme a la normativa vigente.
La venta o transferencia de los vehículos antes de 24 meses revocará la exención y obligará al pago de los tributos e intereses correspondientes. Asimismo, la simulación o falsedad de la información dará lugar al cobro de tributos, multas y las responsabilidades penales establecidas por la ley.
La VUR también articulará acciones con la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL), municipalidades, otras instituciones del Estado, programas de cooperación y organizaciones de la sociedad civil para facilitar procesos de formación, empleo y emprendimiento dirigidos a personas retornadas, previa autorización de los beneficiarios.
La ley dispone que la Sefin incorpore en su Reglamento Interno de Franquicias Aduaneras el procedimiento abreviado para la aplicación de esta normativa. Además, el Instituto de la Propiedad deberá incorporar la exención del Impuesto a la Primera Matrícula para los vehículos amparados por la ley y registrar la anotación de inalienabilidad durante 24 meses.
La Sefin y la Administración Aduanera deberán emitir, en un plazo de 90 días, el Reglamento Operativo de la Exención y el listado indicativo de menaje e implementos autorizados, además de establecer lineamientos de control e interoperabilidad con el Registro Vehicular y el Instituto Nacional de Migración.
Grupos con prioridad
Durante los primeros 18 meses de vigencia, la Ventanilla Única del Retorno dará prioridad a personas deportadas o en condición de vulnerabilidad, familias con niñas, niños y adolescentes, mujeres jefas de hogar y personas con discapacidad mediante una ventanilla preferente.
Carmen Martínez, gerente nacional de Gestiones Aduaneras, afirmó que la ley representa un esfuerzo del Gobierno para beneficiar a los hondureños que regresen al país, ya sea tras una deportación o por decisión voluntaria. "Uno de los principales requisitos es que sea un migrante retornado y será Migración la que ayude a corroborar esta parte", afirmó Martínez.
La funcionaria indicó que la medida responde a la posibilidad de un incremento en el retorno de hondureños, especialmente si se agotan las vías legales para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que han vivido más de dos décadas en Estados Unidos y que ya cuentan con un patrimonio.
Presidente Nasry Asfura envía carta al secretario de Estado Marco Rubio
Ante un eventual incremento en el retorno de beneficiarios del TPS, el Gobierno de Honduras solicitó, mediante una carta oficial dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, una coordinación bilateral para evitar una transición abrupta que implique separación familiar, pérdidas económicas, afectaciones laborales y otros perjuicios.
La comunicación solicita considerar un período adicional de transición ordenada o cualquier otro mecanismo administrativo o jurídico con efectos equivalentes.
Aunque la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, ya entró en vigencia con su publicación en La Gaceta, todavía no se encuentra en aplicación, ya que la Sefin y la Administración Aduanera elaboran el reglamento operativo de la exención, según información proporcionada a LA PRENSA.
Datos de migrantes retornados
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero al 1 de julio, más de 23,978 hondureños han sido deportados desde Estados Unidos, México y Guatemala. De ese total, 20,865 han sido deportados vía aérea. El Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de Omoa registra 2,309 deportados y el CAMR Belén registra 804 vía terrestre.
Desde el INM informaron a LA PRENSA que la institución trabajará de forma coordinada con las demás entidades involucradas para garantizar la aplicación de los beneficios establecidos en la ley para las personas deportadas y quienes retornen voluntariamente.
Menotti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y expresidente de Fedecámara, señaló que la exoneración para la importación de maquinaria debe beneficiar exclusivamente a los retornados y evitar que personas ajenas al programa intenten aprovechar el beneficio para actividades comerciales.
Especialistas en temas migratorios consideran que esta ley podría representar un alivio económico para miles de familias que regresan al país tras permanecer varios años en el extranjero. Diversos sectores han señalado que muchos retornados llegan con herramientas de trabajo, maquinaria o vehículos adquiridos durante su estadía fuera de Honduras, los cuales anteriormente debían nacionalizar pagando altos costos tributarios.
Analistas también advierten que el impacto de la normativa dependerá de la capacidad del Estado para agilizar los trámites aduaneros y garantizar transparencia en la aplicación de los beneficios. Organizaciones de apoyo a migrantes han solicitado que el proceso sea accesible y cuente con acompañamiento institucional para evitar retrasos o cobros indebidos.
ICE intensifica las redadas: en cinco días lograron un récord de detener a 10,000 personas.
Itsmania Platero, defensora de los derechos de los migrantes, manifestó que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) aún no han agotado las instancias legales y que el proceso judicial continúa. "La última palabra no está dicha", afirmó.
Platero calificó como incorrecta la decisión del presidente Nasry Asfura de enviar una carta a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, al considerar que "esas negociaciones deben ser en una reunión presencial y de presidente a presidente. No hemos tenido respuesta de esa carta ni la vamos a tener", dijo.
La defensora agregó que, aunque no existen cifras exactas debido a que muchos hondureños retornan en vuelos comerciales como cualquier otro viajero, el endurecimiento de las redadas y el temor que estas han generado han motivado a numerosas personas a regresar de manera voluntaria.
"Se le dio más presupuesto a las autoridades del ICE, al extremo que se intensificaron las redadas. En cinco días lograron un récord de detener a 10,000 personas. La meta es de 2,000 detenciones diarias y duplicar esa cifra en los próximos días", señaló.
Platero aseguró que incluso se está deteniendo a personas con estatus migratorio legal o con procesos en curso, lo que calificó como detenciones ilegales.
"Están deteniendo a tanta gente que se contrataron empresas privadas para detener a las personas. Eso está desesperando a la gente porque adentro los están maltratando. Ya ha habido 12 personas que se han quitado la vida, porque están siendo separados de su núcleo familiar y maltratados, eso produce depresión y ansiedad", afirmó Platero.
Es importante recordar que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras finalizó oficialmente el 8 de septiembre de 2025. Posteriormente, distintas resoluciones judiciales suspendieron temporalmente esa decisión; sin embargo, el Noveno Circuito de Apelaciones dejó sin efecto dichas protecciones provisionales, por lo que la situación jurídica del programa continúa sujeta a procesos judiciales en curso.
En 2024 se estimaba que alrededor de 55,000 hondureños estaban amparados por el TPS.
