Congreso de Honduras aprueba beneficios fiscales para migrantes retornados
La nueva ley permitirá a migrantes retornados ingresar bienes y vehículos sin pagar impuestos en Honduras.
- Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 11:24 -
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en mayo de 2026 la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una normativa orientada a apoyar a los ciudadanos que regresan al país mediante incentivos fiscales para la importación de bienes personales, maquinaria y vehículos.
La legislación establece que los hondureños retornados podrán introducir al país hasta 150,000 dólares, equivalentes a 3,988,909.50 lempiras, libres del pago de aranceles e impuestos por concepto de enseres domésticos y bienes de casa. Asimismo, autoriza la importación de hasta 100,000 dólares, unos 2,659,273 lempiras, en herramientas e implementos de trabajo destinados a actividades productivas o emprendimientos.
El decreto también permite la importación de un vehículo de uso particular y otro de trabajo por grupo familiar. La disposición contempla un plazo de hasta dos años para ingresar los automotores al país, incluyendo modelos fabricados en 2010 o años anteriores, mediante el pago único de 10,000 lempiras.
La normativa prohíbe el ingreso de artículos considerados peligrosos o restringidos, entre ellos armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y bienes suntuarios o de lujo. Las autoridades indicaron que la medida busca facilitar la reinserción económica y social de las familias migrantes que retornan al territorio nacional.
El flujo de migrantes retornados a Honduras continúa en aumento durante 2026. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) señalan que más de 15,449 personas fueron retornadas o deportadas al país durante los primeros 120 días del año, lo que equivale a un promedio de 129 personas por día, es decir, una cada 11 minutos.
Cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) y de organismos defensores de derechos humanos reflejan además que Honduras cerró 2025 con más de 42,000 personas retornadas, una tendencia que mantiene presión sobre las instituciones encargadas de atender a la población migrante.
Especialistas en temas migratorios consideran que esta ley podría representar un alivio económico para miles de familias que regresan al país tras permanecer varios años en el extranjero. Diversos sectores han señalado que muchos retornados llegan con herramientas de trabajo, maquinaria o vehículos adquiridos durante su estadía fuera de Honduras, los cuales anteriormente debían nacionalizar pagando altos costos tributarios.
Analistas también advierten que el impacto de la normativa dependerá de la capacidad del Estado para agilizar los trámites aduaneros y garantizar transparencia en la aplicación de los beneficios. Organizaciones de apoyo a migrantes han pedido que el proceso sea accesible y que exista acompañamiento institucional para evitar retrasos o cobros indebidos.
La aprobación de esta ley ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento de políticas migratorias en varios países de tránsito y destino, especialmente Estados Unidos y México, situación que ha incrementado el número de retornos hacia Centroamérica durante los últimos años.
Autoridades hondureñas sostienen que la iniciativa busca incentivar la reintegración productiva de los migrantes retornados y aprovechar sus conocimientos, experiencia laboral y capital adquirido en el extranjero para dinamizar la economía local.
No obstante, la normativa todavía deberá ser publicada oficialmente en el diario oficial La Gaceta para que pueda entrar en vigencia y comenzar a aplicarse en los procesos aduaneros y migratorios del país. Mientras no se complete ese procedimiento legal, los beneficios contemplados en el decreto, como la exoneración de impuestos para bienes, maquinaria y vehículos de los migrantes retornados, no podrán ejecutarse oficialmente.
