Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene auditorías a las gestiones anteriores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para determinar posibles responsabilidades de exfuncionarios en el manejo de fondos públicos.
Ricardo Montes, presidente del órgano auditor, confirmó que las investigaciones se encuentran en la etapa de documentación de hallazgos, previo a la elaboración de los informes que determinarán si hubo responsabilidades en la administración de los recursos de la institución.
"Estamos haciendo los trabajos que corresponden, ya hemos avanzado bastante en todas las investigaciones que se va a documentar, y posteriormente vamos a elaborar los informes respectivos", apuntó.
El funcionario también señaló que los resultados de las auditorías permitirán establecer si existen responsabilidades civiles o administrativas y, en caso de encontrar indicios de responsabilidad penal, remitir los informes al Ministerio Público (MP) para que proceda conforme a sus atribuciones.
Las auditorías se desarrollan en medio de los cuestionamientos que enfrentó Sedesol durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro por la administración de los recursos destinados a ayudas sociales, becas y proyectos comunitarios.
El caso adquirió relevancia pública en junio de 2025, después de que se difundiera un video de una conversación entre el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la exdiputada de Libertad y Refundación (Libre) por Copán, Isis Cuéllar, relacionada con la gestión de fondos públicos.
Posteriormente, una investigación de LA PRENSA documentó inconsistencias en 65 expedientes de ayudas sociales gestionadas por Cuéllar en ese departamento.
De ese total, 61 presentaban anomalías, principalmente por la utilización de cotizaciones duplicadas para respaldar diferentes solicitudes de recursos.
Los cuestionamientos también alcanzaron a otros diputados y exdiputados de Libre que gestionaron fondos públicos para ayudas sociales. Entre 2023 y 2024 se tramitaron casi 224 millones de lempiras para estos programas, entre cuyos beneficiarios figuraban personas vinculadas con estructuras políticas.
Una vez concluidas las auditorías, el TSC deberá consignar sus hallazgos en los informes correspondientes. Estos permitirán establecer si existen responsabilidades civiles o administrativas y si corresponde remitir antecedentes al Ministerio Público ante posibles indicios de responsabilidad penal.