No existen: En Copán cobraron cheques de L100,000 por ayudas para casas que nadie ha visto

Santa Rosa de Copán, Honduras.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium se movilizó hasta Santa Rosa de Copán (Copán), una de las ciudades donde figuran más nombres en la lista de beneficiarios de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), canalizados a través de la diputada oficialista Isis Cuéllar.

El objetivo era constatar la existencia de proyectos o mejoras de vivienda que habrían sido financiados con recursos públicos. Lo que encontramos, sin embargo, fue un entramado de inconsistencias, silencio y viviendas fantasmas. Se identificaron al menos nueve solicitu​​​des para reparar y remodelar casas entre Cucuyagua y Santa Rosa de Copán.

Visitamos los barrios El Calvario, Santa Teresa, Villa Belén y Dolores, algunos de los puntos señalados como lugares de residencia de los beneficiarios, según se constató dentro de los expedientes que este equipo analizó y a los cuales se tuvo acceso previamente. Aparecen personas en registros oficiales como receptoras de hasta 100,000 lempiras cada una, supuestamente para mejoras habitacionales.

Con lista en mano y fotografías digitales de los presuntos proyectos, tocamos puertas. “No, aquí no hay una casa así, tal vez en las aldeas”, nos respondieron vecinos una y otra vez. En algunos casos los nombres resultaban familiares, como el del ingeniero Cristian Gabriel Chávez, que va como candidato a alcalde en Santa Rosa por el Partido Libre, pero nadie pudo señalar alguna vivienda nueva, reparada o intervenida con fondos públicos en su zona.

Más aún, varios vecinos expresaron su sorpresa al enterarse de que en sus barrios supuestamente se habían financiado mejoras con fondos de Sedesol. “Aquí no hemos visto ninguna construcción reciente", exclamó una vendedora, que tiene unos 30 años de vivir en el barrio Santa Teresa.

"No gasten, aquí no van a encontrar una casa así, aquí he vivido toda la vida", manifestó una señora de la tercera edad, un tanto esquiva, en el barrio Dolores, cuando intentábamos buscar la casa de Chávez.

Uno de los nombres más sonados, como se dijo antes, es el de Gabriel Chávez, a quien han mirado por televisión, según comentaron copanecos. De acuerdo con la información recabada, se mudó de una residencial habitada mayormente por maestros y se pasó a una de alta plusvalía, alejada de las zonas más vulnerables de Santa Rosa, pero en los papeles figura como beneficiario de ayuda social.

El joven político, vinculado al mismo circuito de fondos, según los registros, envió una solicitud directa al entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, pidiendo apoyo económico para reparar su vivienda. En su carta explicaba que él y su familia no se sentían seguros por el estado deteriorado del techo y del suelo de tierra, afectado por el paso del tiempo y las lluvias.

Alegando condiciones de escasos recursos, adjuntó copias de documentos personales, cotizaciones e información institucional. La solicitud fue aprobada y el 16 de agosto del año pasado recibió un cheque por 100,000 lempiras, pero en la dirección registrada no se encontraron signos de reparación ni evidencia de que ese dinero haya sido usado con el fin declarado.

Las direcciones proporcionadas en los documentos están mal redactadas, son ambiguas o simplemente inexistentes. En más de una ocasión, las referencias apuntaban a calles donde ni los vecinos ni los registros municipales tenían información sobre las supuestas obras.

Intentamos establecer contacto con algunos de los nombres incluidos en los listados, sin éxito. Los números de teléfono, en su mayoría, estaban fuera de servicio o no contestaban.

Durante el proceso de verificación, la única persona que respondió a nuestra llamada fue Mélida Xiomara Lemus Melgar, nos presentamos como medio de comunicación y explicamos que queríamos conocer su vivienda, presuntamente en mal estado y por la cual habría solicitó 100,000 lempiras de fondos públicos, pero al mencionar el tema del dinero, la respuesta al otro lado del teléfono fue evasiva: “Hola, hola... perdón, no escucho, parece que no hay señal...”. Como ya lo imaginábamos, cortó la comunicación y no volvió a responder.

Personas que se encontraban en el sector mencionaron, coincidentemente, que cerca de la dirección señalada existe una gran casa que pertenece a la familia Lemus, aunque no pudieron confirmar si se trata de los parientes directos de la joven. Lo que sí aseguraron es que se trata de personas con grandes recursos económicos.

Los documentos en poder de esta unidad de investigación describen que Mélida Xioma Lemus también envió una carta a José Carlos Cardona solicitando los 100,000 lempiras, en la que argumentaba que vivía con su abuela, una persona de la tercera edad, y con dos hermanos pequeños, en una casa a punto de colapsar por las lluvias. Solicitó el dinero, según expuso, para remodelar la vivienda.

A través de imágenes en su expediente se pudo observar que le fue autorizado un desembolso por todo el dinero requerido, exactamente el 16 de agosto del año pasado. Al igual que en otros casos, las condiciones actuales de su entorno residencial distan de reflejar el estado de precariedad descrito en su solicitud.

Otro de los casos más llamativos fue el de Mey Yessenia Pesquera Torres, identificada como miembro del partido Libertad y Refundación (Libre) y señalada como beneficiaria de ayuda habitacional. Visitamos su presunta vivienda en el barrio colocado, en la carretera y salida de Santa Rosa de Copán hacia Gracias, Lempira.

Los vecinos del sector confirmaron conocerla: “Sí, ella vive por aquí, su esposo está en Estados Unidos y ella trabaja con el Gobierno”, dijo una vecina, gentilmente, pero dudosa de lo que acontecía. La casa que aparece en las fotografías de su expediente no coincide con la realidad.

La supuesta vivienda humilde que figura no existe, al menos no en esa dirección, lo que sí hallamos fue su verdadera residencia ubicada a unos metros del punto señalado, y en condiciones muy distintas: es una casa en muy buen estado, de construcción sólida, con portón cerrado y una camioneta estacionada en el garaje. Al acercarnos, al menos cuatro personas que estaban en la entrada se metieron rápidamente al interior de la casa.

En su solicitud manifestó que su vivienda no reunía las condiciones mínimas para seguir habitándola y que tenía la “esperanza” de recibir el apoyo económico para realizar las reparaciones urgentes. Para agosto del año pasado ya estaba recibiendo el cheque con los 100,000 lempiras aprobados.

“Eso todo mundo ya lo sabe, aquí se hacen pasar por agricultores para recibir dinero del Estado, y tienen buenas casas. Prefiero no dar declaraciones públicas porque aquí por cualquier cosa lo matan a uno”, dijo al equipo de LA PRENSA Premium un maestro de generaciones de Santa Rosa de Copán, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.

La investigación sugiere que estos fondos, destinados originalmente para atender la pobreza y mejorar condiciones de vivienda, podrían haber sido redirigidos a personas con influencia política o, peor aún, utilizados como fachada para desviar recursos del Estado.

Esta realidad plantea como hipótesis, que es probable que los solicitantes de fondos hayan utilizado fotografías de viviendas humildes, captadas en caseríos, aldeas o zonas bajas de Santa Rosa de Copán y de otros municipios aledaños para justificar la supuesta condición de pobreza y así obtener el dinero. Estos beneficiarios resultan ser personas con empleos estables, muchos de ellos en instituciones del Estado, con salarios elevados, óptimos y viviendo en casas de mediana o alta categoría.

Otro hallazgo que refuerza las sospechas es que las fotografías de las supuestas viviendas, que aparecen en los expedientes, no se encuentran disponibles en Internet, como pudo comprobarse mediante búsquedas y verificaciones digitales. Esto hace suponer que se trata de imágenes reales captadas con cámaras o celulares, pero no se sabe con exactitud de dónde son o a quiénes verdaderamente pertenecen.

LA PRENSA Premium reveló a inicios de semana que la diputada Cuéllar gestionó la reparación de 21 casas en Copán con cotizaciones duplicadas, pese a que las solicitudes procedían de distintos poblados.

Lo anterior se evidencia en que los mismos negocios emitieron estos documentos, incluso con las mismas tablas de precios, caligrafía, fechas y, en algunos casos, el código de cotización.

Los casos son evidentes: la cotización emitida por el negocio de Javier Adaly López Alvarado, bajo la razón social Inversiones López, aparece en todas las solicitudes de ayuda económica para reparar viviendas.

Se trata de la cotización con serie 000000052, emitida el 14 de mayo de 2024, que detalla la compra de 110 bolsas de cemento, 60 canaletas 2x4 galvanizadas de 1.10, 560 pies de aluzinc natural calibre 28 legítimo, entre otros materiales como varillas, clavos, tornillos, madera y arena, por un monto total de 100,004 lempiras.

El análisis revela que ocho de las viviendas estaban situadas en Santa Rosa de Copán, siendo esta la zona con más solicitudes. Le siguen Florida (4), El Paraíso (2) y Nueva Arcadia (2).

El resto se reparte entre Copán Ruinas, Cucuyagua, La Jigua, Santa Rita y Veracruz, con una solicitud cada una.

Para la reparación de estas moradas se destinaron 2.1 millones de lempiras, según el análisis de este equipo a partir de los expedientes oficiales.

El diputado Obed López, miembro de Libre, aseguró que han solicitado desde el inicio que se investigue a fondo el caso de los fondos otorgados a través de Sedesol y que, si hay indicios de corrupción, se actúe con objetividad y sin favoritismos.

“Hay que exigir que se muestren las empresas privadas que supuestamente ejecutaron estos proyectos. Si alguien de nuestros compañeros tiene responsabilidad, debe responder, todo debe ser investigado”, señaló López.

En su declaración, el congresista remarcó que el combate a la corrupción debe comenzar desde las propias estructuras del poder. “Debemos empezar a limpiar desde adentro, por eso desde el principio pedimos la renuncia de los funcionarios involucrados y una investigación objetiva por parte de las instituciones correspondientes”.

Sobre el caso de la diputada Isis Cuéllar, López opinó que, si existen elementos suficientes, corresponde al Ministerio Público realizar una investigación formal. “Lo que amerita este caso es que el MP actúe, si hay responsabilidad, pero eso no debe quedarse solo en lo simbólico", agregó.

El legislador hizo un llamado a que se garantice el derecho a la defensa: “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero hay que empezar, allí se podrá defender".

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó que se han desplegado equipos de investigación para rastrear el destino de los fondos entregados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de supuestos programas de ayuda social.

“El Ministerio Público ha solicitado copias de los cheques emitidos y cobrados, también se ha requerido a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) el seguimiento de la ruta financiera para determinar si el dinero fue depositado en cuentas personales o de terceros”, explicó Mora.

Como parte de esta investigación se realizarán al menos 21 inspecciones en distintas zonas del occidente del país, incluyendo Santa Rosa de Copán, con el fin de verificar si las personas que recibieron estos fondos realmente necesitaban ayuda, y si las obras de vivienda declaradas fueron ejecutadas.

“Se harán solicitudes de información a la alcaldía de San Pedro Sula y a la de Santa Rosa de Copán, queremos constatar si los beneficiarios existían, si eran verdaderamente emprendedores, si necesitaban apoyo económico, y cuál fue la ruta que siguieron los cheques hasta llegar a sus manos”, añadió el portavoz.

Mora también informó que, a medida que avance la investigación, se presentarán nuevas solicitudes de información y eventualmente se citará a declarar a personas claves en el caso, como el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona; la diputada Isis Cuéllar y otras personas de interés.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció ayer martes que concedió un permiso especial a la diputada Isis Cuéllar, para que comparezca ante los entes fiscalizadores del Estado y aclare su posible implicación en la gestión irregular de fondos públicos.

Redondo giró instrucciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que realice una auditoría absoluta de todos los proyectos de ayuda social ejecutados por el Estado bajo el artículo 349 del Presupuesto General. Asimismo, estableció un plazo de 60 días para que el TSC entregue un informe detallado, donde cualquier irregularidad detectada deberá ser judicializada y los implicados retirados del Legislativo.

El caso sigue bajo investigación y se suma a una serie de denuncias que podrían configurar una estructura de corrupción basada en la simulación de ayudas sociales para desviar millones de lempiras del erario.