Prometiendo impulsar el emprendimiento en el departamento de Francisco Morazán, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) distribuyó más de dos millones de lempiras de fondos públicos.
Sin embargo, la Unidad de Investigación de LA PRENSA comprobó que el dinero fue canalizado hacia destinatarios que no reúnen los requisitos: sin negocios, sin domicilio comprobado o que ni siquiera existen.
Diseñado como una herramienta para combatir la pobreza, el capital semilla se transformó en una fachada para desvíos irregulares de dinero público. Durante 2023 y 2024, el programa mostró 77 beneficiarios en Francisco Morazán: 36 durante el primer año y 41 en el segundo.
Los datos revelan que, aunque la cantidad de beneficiarios aumentó ligeramente, los fondos desembolsados en 2024 crecieron de manera desproporcionada y, en muchos casos, ni siquiera se sabe qué ocurrió con ese dinero.
Mientras en 2023 se entregaron aproximadamente 850,000 lempiras, en 2024 la cifra superó los 1.3 millones de lempiras. Es decir, el monto ejecutado se incrementó en más de un 60 % en apenas un año.
Además, el promedio por beneficiario pasó de 23,611 lempiras en 2023 a 34,100 lempiras en 2024, lo que representa un aumento del 44.5 % en el valor de cada ayuda.
La Unidad de Investigación buscó al menos 20 de estos negocios que recibieron fondos de Sedesol en el Distrito Central, pero al menos 19 de ellos —es decir, el 95 %— no existían, tenían direcciones falsas o no estaban relacionados con las actividades descritas en sus solicitudes.
Uno de los casos que llamó la atención fue el de Jaime Vásquez Díaz, quien supuestamente solicitó una máquina de café profesional para montar una cafetería en la primera etapa de la colonia Prados Universitarios de la capital hondureña.
Según el documento al que tuvo acceso la Unidad de Investigación, la cotización fue emitida por la empresa Imerco en noviembre de 2023 por un valor de 99,417.50 lempiras; sin embargo, el 3 de abril de 2024 recibió un cheque por 100,000 lempiras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Díaz indicó en los documentos que la dirección del negocio era junto a la pulpería “Chayo”, la única con ese nombre en la colonia. Sin embargo, al llegar al lugar, no existía ninguna cafetería.
Paola, empleada de la pulpería “Lácteos y Carnes”, afirmó que “aquí solo usamos una percoladora casera. Nunca ha habido una cafetería y no conocemos a ningún Jaime Vásquez”.
La dueña del local también expresó vía llamada telefónica —realizada por la empleada para obtener más información— que no conocía a esa persona. Los vecinos señalaron que el único Jaime que conocían trabajaba en la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), sin ningún vínculo comercial con el beneficiario.
Otro caso que refleja el patrón de irregularidades en el programa de emprendimientos es el de Miguel Arnaldo López, registrado como propietario de una carnicería en la colonia 21 de Octubre.
Según los documentos de Sedesol, recibió una ayuda de 112,167.16 lempiras para la compra de un exhibidor panorámico marca Wonder, cotizado también por Imerco.
La dirección proporcionada lo ubicaba frente al estacionamiento de la iglesia Cristo Rey. No obstante, el cuidador del templo fue contundente: “Aquí no hay ninguna carnicería. Llevo diez años cuidando esta iglesia y jamás vi un negocio así. La única carnicería está más abajo, en la Modesto Rodas, y no la maneja nadie con ese nombre”. Este rotativo consultó a varios vecinos, pero ninguno reconoció a Miguel Arnaldo López.
No obstante, este rotativo verificó que López es empleado de la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC), donde, según el memorándum No. 641-ANSEC-2024, fue designado como parte de la comisión evaluadora de ofertas para la adquisición de un plotter destinado a la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP). En esa junta, López ocupa el cargo de jefe de Análisis y Desarrollo de Sistemas, junto a otros dos colaboradores.
Mientras los expedientes de 2023 mostraban ayudas modestas —en su mayoría de entre 8,000 y 30,000 lempiras— dirigidas a tortillerías, pequeños comedores, ventas de lácteos y otros negocios, en algunos casos se entregaron hasta 100,000 lempiras con el supuesto objetivo de reparar viviendas. No obstante, no hay constancia de que esas obras se hayan ejecutado.
En la colonia 3 de Mayo, el ciudadano Wilmer Barahona recibió una transferencia de 94,000 lempiras. A diferencia de otros casos, no presentó ninguna cotización ni documentos que justificaran el uso del dinero, de acuerdo con los archivos.
El cheque, según los registros, fue entregado sin un proceso transparente de verificación o fiscalización previa. Este rotativo intentó comunicarse con Barahona, pero no respondió las llamadas.
Al año siguiente, en 2024, estos montos se volvieron comunes. En ese periodo, varios beneficiarios recibieron entre 94,000 y 112,000 lempiras, bajo el argumento de que se trataba de negocios más “consolidados”, como carnicerías, imprentas o reposterías.
En los recorridos realizados, muchos de estos supuestos comercios no fueron localizados. En algunos casos, ni siquiera los vecinos reconocían a las personas que realizaron las solicitudes.
Al menos ocho locales —incluidos en los expedientes de beneficiarios— no exhibían ninguna rotulación, carecían de infraestructura visible para operar o, en otros casos, solo funcionaba una pulpería sin relación alguna con el giro comercial declarado. A pesar del incremento en los montos, el patrón de opacidad y falta de control persistió e incluso se profundizó.
De todos los casos investigados, solo uno pudo confirmarse como negocio auténtico: Prisma Digital, una imprenta ubicada en el barrio San Rafael, cerca del distrito hotelero, propiedad de Silvio Joel Brizo Ramos.
Según Brizo, su negocio existe desde 2018, mucho antes de recibir una ayuda de 100,000 lempiras para adquirir un plotter (máquina que se utiliza junto con la computadora e imprime en forma lineal). Aunque inicialmente compró un equipo más económico, posteriormente invirtió en maquinaria por 210,000 lempiras.
Esa no fue la única ayuda que recibió. Documentos publicados por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae) en noviembre de 2024 indican que el empresario ya había sido beneficiado con 26,086 lempiras entregados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica para pauta publicitaria institucional.
“No me quiero ver involucrado, ni que mi negocio se dañe... Esto lo hicimos directamente con él, con el ministro... Ya el cagadal está hecho”, afirmó. Aun así, insistió en que la ayuda fue invertida en maquinaria funcional, que le permite generar empleo.
Este rotativo evidenció que estos casos se suman a una larga lista de irregularidades dentro de Sedesol a nivel nacional. En Copán, por ejemplo, la diputada de Libertad y Refundación, Isis Cuéllar, benefició a su asistente, Ilsy Valeska Baquedano Mejía, y a su excuñada, Iris Paola Pérez Moreno.
Ambas fueron acreditadas como proveedoras del Estado, recibieron ayudas sociales y, al mismo tiempo, obtuvieron contratos de construcción.
Además, en Copán se entregaron cheques por 100,000 lempiras para la reconstrucción de 21 viviendas cuyas solicitudes presentaban la misma cotización; lo único que cambiaba era el nombre del solicitante y el lugar.
Investigaciones sobre el supuesto desfalco de Sedesol
El Ministerio Público informó la semana pasada que realiza diligencias investigativas en Sedesol por presunta corrupción, tras la filtración del video en el que Cuéllar dialoga con el exministro José Carlos Cardona.
En la conversación, admitía que parte de los fondos públicos fue desviado para equipos de coordinaciones del partido Libre. La revelación llevó a Cardona a presentar su renuncia el 27 de junio, mientras Cuéllar —aún en el cargo— guarda silencio, pese a las exigencias de diversos sectores para que también dimita.
Según reportes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Transparencia, existen “deficiencias relevantes” en el proceso de asignación de recursos. Dos listados institucionales de octubre y diciembre de 2024 señalan que 65 personas recibieron un total de 5,666,581.35 lempiras en ayudas para emprendimientos, educación y vivienda.
En octubre, 38 beneficiarios obtuvieron más de 1.2 millones de lempiras, entre ellos 13 con presuntos vínculos partidarios. En diciembre, 27 personas recibieron 575,076.35 lempiras, de los cuales al menos seis están relacionados con la diputada Cuéllar o su entorno político.
Los cheques emitidos oscilaron entre 100,000 lempiras y montos atípicos de hasta 163,036.36 lempiras. En la llamada, Cuéllar reconoció que “las coordinaciones” del partido fueron las principales beneficiarias.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.
