San Pedro Sula.
Nasry 'Tito' Asfura fue declarado presidente electo de Honduras, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre.
"Papi a la orden", como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un "golpe de Estado electoral".
Ante la ausencia de Ochoa, su puesto lo cubrió el consejero suplente Carlos Cardona.
Según la declaración del CNE, quedó tercera con el 19,19 % la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien con anticipación reiteró que no aceptaba los resultados de los comicios, celebrados en paz y cívicamente el 30 de noviembre.
Plan de gobierno
Durante su campaña, Nasry Asfura presentó una planificación de gobierno centrada en la generación de empleo, el fortalecimiento del Estado de derecho y una estrategia integral de seguridad, con el objetivo de reducir la migración forzada y reactivar la economía nacional.
El plan gubernamental prioriza la seguridad jurídica y el respeto a la independencia de los poderes del Estado como base para atraer inversiones y crear un clima favorable de negocios, especialmente orientado a atender la principal demanda de la población joven y adulta: oportunidades laborales.
Seguridad
En materia de seguridad, Asfura propone abandonar la aplicación generalizada del estado de excepción, al considerarlo ineficiente y violatorio de derechos, aunque plantea su uso focalizado en zonas con altos índices de criminalidad. La estrategia se enmarca en el denominado “Plan vivir y trabajar sin miedo”, que incluye una reestructuración de la Policía Nacional para hacerla más operativa y menos administrativa.
El proyecto contempla la formación de 4,000 nuevos agentes policiales por año hasta alcanzar el estándar internacional de 300 policías por cada 100,000 habitantes. En el combate a la extorsión, se plantea tipificar este delito como terrorismo, controlar las comunicaciones telefónicas desde los centros penitenciarios y eliminar el uso de efectivo en el transporte público mediante pagos digitales.
El fortalecimiento del sistema penitenciario incluye programas de alfabetización y trabajo voluntario en parques industriales dentro de las cárceles, la aplicación de cadena perpetua en casos de masacres y castración química para violadores de menores. Asimismo, el plan propone restituir la extradición a través de una Ley de Extradición Recíproca, que derogaría el actual auto acordado.
Para enfrentar el narcotráfico, se contempla el uso de tecnología avanzada, como drones marinos para la vigilancia costera, un sistema integrado de radares y la instalación de escáneres en todas las aduanas del país.
Salud y educación
En el sector salud, la propuesta busca transformar el sistema actual hacia un modelo preventivo, moderno y equitativo, comenzando con la reducción de la mora quirúrgica. Para ello se realizará un censo de los más de 20,000 pacientes en lista de espera, con el fin de implementar un programa nacional de atención prioritaria.
El plan incluye garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos, reducir el gasto de bolsillo de las familias y fortalecer la producción de fármacos genéricos. También se plantea regionalizar la atención médica para evitar que los pacientes deban desplazarse más de 100 kilómetros en busca de tratamiento.
Entre las acciones anunciadas figura la creación de tres nuevos centros para enfermedades renales, unidades móviles de diálisis y la modernización de la red sanitaria, priorizando 37 servicios materno-infantiles, 22 laboratorios y 18 almacenes regionales con atención permanente.
En educación, la estrategia se orienta a vincular el sistema educativo con el mercado laboral y la era digital, mediante una transformación curricular con enfoque STEAM. Se prevé la creación de laboratorios y espacios maker de robótica y programación en al menos el 50% de los institutos de educación media, además de un Programa Nacional de Becas y un sistema de alerta temprana para prevenir la deserción escolar.
La propuesta incluye la rehabilitación de centros educativos, mejoras en saneamiento y cocinas escolares, así como la compra directa de alimentos a productores locales para fortalecer la nutrición escolar y dinamizar las economías comunitarias. El plan contempla elevar la inversión en educación hasta el 7% del PIB en el cuarto año de gobierno.
Agricultura, infraestructura y vivienda
En agricultura, se impulsará el programa “Manos a la Tierra”, orientado a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria mediante la tecnificación de 3,000 manzanas adicionales de tierra, con el objetivo de cubrir la demanda nacional de maíz blanco y frijol.
En el ámbito logístico, el plan identifica a Puerto Cortés como un cuello de botella y propone su modernización para reducir costos y tiempos de inspección, actualmente hasta 150% más lentos que en otros países de la región.
En infraestructura vial se priorizará la pavimentación del Corredor Central, la finalización del Canal Seco y la construcción de libramientos en zonas de alto tráfico como San Pedro Sula y Choloma, para agilizar el transporte de carga hacia Puerto Cortés.
Finalmente, para enfrentar un déficit habitacional estimado en 1.2 millones de viviendas, se plantea reactivar la Secretaría de Vivienda de Honduras (Sevih) y ejecutar el programa “Mejora tu Vivienda”, además de promover el acceso a lotes con servicios básicos.
