Honduras continúa rezagada como destino para la inversión extranjera, mientras sus países vecinos como Guatemala y Nicaragua registran mayores flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región al segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el Boletín Competitivo Regional.
Con base en datos de la Cepal, el Boletín Competitivo Regional, elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señala que en Centroamérica, Costa Rica y Panamá cuentan con las condiciones más favorables de la región, según el Índice de Oportunidad Global (GOI).
Este indicador mide la capacidad de los países para atraer inversión, considerando factores como la percepción de negocios, la estabilidad económica, los servicios financieros y la gobernanza institucional.
La región muestra brechas importantes en condiciones para invertir. Mientras Costa Rica ofrece el entorno más favorable y un marco institucional más estable, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua enfrentan mayores costos regulatorios y menor seguridad jurídica, lo que incrementa el riesgo percibido y limita la llegada de inversión productiva sostenida.
En línea con lo anterior, los flujos de IED recibidos al segundo trimestre de 2025 reflejan que la República Dominicana y Costa Rica son los países con mayores montos en lo que va del año, evidenciando su capacidad para captar capital.
República Dominicana recibió 2,892.8 millones de dólares en IED, Costa Rica 2,066.2 millones, Guatemala 818.7 millones, Honduras 500.4 millones y El Salvador 361.1 millones.
Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Cohep, declaró a LA PRENSA que Honduras ha tenido un crecimiento en la IED; sin embargo, cerca del 95% corresponde a reinversión de utilidades, es decir, empresas ya establecidas que deciden reinvertir sus ganancias, no nuevos capitales.
“No hemos sido un país atractivo para los nuevos capitales, esto lo dice el Índice de Oportunidades Globales. Costa Rica y Panamá ofrecen mejores condiciones, más certidumbre jurídica, un Estado de derecho más fortalecido, una institucionalidad mucho más fuerte y sólida que la de nosotros.
En comparación, nosotros como país lo que ofrecemos es inseguridad jurídica, altos niveles de corrupción, debilitamiento institucional, costos regulatorios elevados, además de que se tarda dos años en poder abrir una empresa formalmente, infraestructura insuficiente tanto tecnológica como vial y limitada estabilidad política y social, lo que ahuyenta la inversión”, expresó.
El informe también establece que en 2025 Centroamérica mantuvo un promedio de 0.47 en el Índice de Estado de Derecho, reflejando debilidades en justicia, corrupción y derechos fundamentales. Costa Rica y Panamá sobresalen por su mayor estabilidad y transparencia.
Con un índice promedio de 0.41, Honduras, y de 0.42 El Salvador, registraron retrocesos en su Estado de derecho. Honduras redujo su puntuación debido al debilitamiento en el control gubernamental, la corrupción y la justicia, aumentando los riesgos para la gobernabilidad democrática y la inversión.
Kaffati indicó que el retroceso en el Estado de derecho en el caso de Honduras se fundamenta en tres aspectos: debilitamiento en el control gubernamental, aumento en la percepción de corrupción y fallos en la independencia y eficiencia del sistema de justicia.
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“Esto al final se ve traducido en menor inversión, encarecimiento del financiamiento tanto privado como público, frena la productividad y genera un clima poco favorable para la inversión”.
Desde el Cohep señalan la necesidad de recuperar la confianza en la institucionalidad, incrementar la productividad y diversificar la economía, ya que el país ha dependido de los mismos sectores y productos de exportación durante los últimos 30 años.
“Se debe mejorar las condiciones para atraer inversión y generar empleo. Esto pasa por mejorar la infraestructura logística y energética, simplificar trámites, crear incentivos y, sobre todo, aprovechar las remesas y la ubicación geográfica que tiene Honduras”, concluyó Kaffati.
A pesar de un crecimiento moderado y un flujo constante de remesas, Honduras no ha logrado reducir de manera significativa la pobreza durante la última década. El 62.9% de los hogares en Honduras vive en pobreza; en Guatemala, el 56%. Son los países de la región con mayor número de hogares pobres.
Fortalecer la seguridad jurídica en Honduras
Juan Carlos Sikaffy, expresidente del Cohep, manifestó que el deterioro de la gobernabilidad y del Estado de derecho es un tema preocupante, ya que incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos al reducir considerablemente la oferta de empleos decentes.
“Es un deber de la clase política no crear ese caos permanente en que vivimos. Los políticos deben pensar primero en Honduras que en sus aspiraciones personales, eso es fundamental para generar confianza”.
Sikaffy sostiene que para atraer inversión se requiere fortalecer la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana.
“La Inversión Extranjera Directa ha disminuido por ese caos en que vivimos permanentemente. El otro factor clave es el costo de la energía eléctrica. Es imposible que vengan nuevas inversiones manufactureras con los precios actuales. Si comparamos el precio de la energía en Guatemala, ellos pagan en industria de gran escala la mitad de lo que pagan las nuestras”, aseveró.
El empresario enfatizó que se debe detener la confrontación y el odio y empezar a trabajar juntos para sacar a Honduras del hoyo en que se encuentra. “Necesitamos alinear agendas, todos los sectores, para crecer a un ritmo no menor del 8% y empezar a sacar gente de la pobreza, que es la mayor de la región”.
Agregó que se requieren reglas claras y un ambiente amigable a la inversión.
Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), opinó que los datos oficiales confirman lo que el sector empresarial ha señalado durante años: cuando se debilita el Estado de derecho por corrupción, ineficiencia institucional, falta de controles o falta de independencia judicial, se deteriora la confianza.
“En el caso de Honduras, la ausencia de seguridad jurídica, la falta de certidumbre en las decisiones públicas, cambios repentinos en reglas y una institucionalidad debilitada afectan la atracción de inversión. Urge fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar procesos transparentes y establecer reglas claras y duraderas. Si el país quiere crecer y generar empleo, el Estado de derecho es el punto de partida”.
Para revertir este panorama y atraer inversión, se requiere un pacto mínimo por la seguridad jurídica. “Armonizando el discurso público, planificando con visión de Estado y fortaleciendo las instituciones. Si generamos un entorno predecible y estable, la inversión llega por sí sola”.
Qubain recalcó que si Honduras logra estabilidad después de las elecciones generales del 30 de noviembre, la inversión extranjera —así como la del sector privado local— podría acelerarse de manera considerable.
