Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), comisiones del Congreso Nacional y representantes del sector energético integrarán una mesa de trabajo encargada de dar seguimiento a la aplicación de las reformas a la Ley de Justicia Energética y de identificar las medidas adicionales que requiera la estatal para ponerlas en marcha.
"Hay más elementos a los que hay que darles seguimiento y se va a instalar una mesa de trabajo con todas las partes para ver qué otros aspectos ocupa la Enee, con el fin de que todo lo que aprobamos pueda funcionar en el menor tiempo posible", explicó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional.
La instancia tendrá como propósito verificar que las disposiciones aprobadas se ejecuten en tiempo y forma, así como evaluar las herramientas complementarias necesarias para implementar los nuevos esquemas de operación en las áreas de generación, transmisión y distribución de energía.
El seguimiento también estará orientado a que las reformas se traduzcan en una reducción de las tarifas eléctricas y en un suministro continuo de energía para la población.
La conformación de la mesa surge después de que el pleno del Congreso Nacional aprobara con 78 votos el paquete de reformas al sistema eléctrico.
Entre los objetivos de las modificaciones legales está agilizar la administración de la Enee y facilitar la incorporación de inversiones privadas, sin comprometer la propiedad estatal de sus activos.
Ante los cuestionamientos de algunos sectores sobre una posible privatización, la comisión legislativa aseguró que las reformas contienen salvaguardas para garantizar que el patrimonio de la empresa continúe bajo propiedad del Estado de Honduras.
"De ninguna manera hay privatización; hay más candados que otra cosa y salvaguardas para que la Enee se mantenga como estatal y sus bienes sigan siendo ciento por ciento del Estado; al igual que las subsidiarias, el único dueño es el Estado de Honduras y se permite la inversión privada para dinamizar la administración, para que sea más rápida y ágil", enfatizó el diputado Puerto.
El modelo aprobado permite la participación de capital privado para fortalecer la gestión y el mantenimiento operativo de la red, mientras la titularidad de los bienes permanece en manos del Estado.
Puerto recordó además que se estableció un blindaje que exige una mayoría calificada de tres cuartas partes del Congreso Nacional para modificar la estructura general del sistema eléctrico.
Entre los efectos de las reformas, la comisión parlamentaria destacó beneficios tarifarios, incluida la facturación en cero para unas 60,000 familias con consumos menores a 250 kilovatios hora, además de alivios económicos para las municipalidades con mayor vulnerabilidad.
La mesa de trabajo también dará seguimiento a la preparación de próximas licitaciones públicas internacionales para la compra de energía a menor costo y a los proyectos de ampliación de la red de transmisión, con el objetivo de mejorar la estabilidad del suministro en los centros urbanos con mayor demanda.
