Tegucigalpa, Honduras. La reforma eléctrica denominada Ley de Justicia Energética establece una serie de medidas para combatir el hurto de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que registra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
De acuerdo con el documento, estas pérdidas han representado históricamente entre 30% y 35% del total de la energía generada, un porcentaje que supera el límite considerado aceptable internacionalmente, situado entre 10% y 15%. La situación compromete la sostenibilidad financiera del sector eléctrico y genera un impacto sobre los recursos públicos.
Entre las principales disposiciones de la reforma se contempla un régimen transitorio para que los usuarios con conexiones ilegales o medidores alterados puedan regularizar voluntariamente su situación.
Tres meses para regularizar conexiones ilegales
La normativa establece un período excepcional de tres meses, contado a partir de la entrada en vigencia del decreto, para que los usuarios en condición irregular formalicen su contrato, eliminen las conexiones ilegales y permitan las inspecciones técnicas correspondientes.
Durante ese período no se promoverían acciones administrativas ni penales contra quienes regularicen voluntariamente su situación. Sin embargo, el beneficio no los eximiría del pago de los costos legales de instalación o de los depósitos correspondientes.
Una vez concluido el plazo de tres meses, la Enee, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejercerían las acciones civiles y penales correspondientes. Estas podrían incluir el cobro retroactivo de la energía consumida ilegalmente, además de multas, recargos e intereses, según lo establecido en el documento.
Registro para casos de hurto y fraude eléctrico
La reforma también contempla la creación del Registro Nacional de Cumplimiento del Servicio Eléctrico, en el que se registrarían las obligaciones firmes derivadas de casos de hurto o fraude eléctrico.
El documento establece una diferencia entre la mora ordinaria por consumo regular y las obligaciones relacionadas con el hurto o la manipulación de equipos.
Las personas con “Obligaciones Firmes Pendientes” por hurto o fraude eléctrico no podrían ser adjudicatarias, contratistas ni concesionarias del Estado. Además, la Enee exigiría una “Constancia de Solvencia y Cumplimiento Eléctrico” para participar en licitaciones públicas y alianzas público-privadas.
Estas obligaciones firmes también podrían ser reportadas a los sistemas de información crediticia, según la propuesta.
Conexiones clandestinas y manipulación de medidores
El artículo 30 de la reforma identifica como conductas irregulares, entre otras: Las conexiones clandestinas y reconexiones no autorizadas, la manipulación o alteración de medidores y sellos de seguridad, la instalación de mecanismos destinados a alterar el registro real del consumo.
El suministro de energía a terceros sin autorización, la obstrucción de las inspecciones técnicas de la empresa, medición inteligente y responsabilidad sobre los medidores.
Como parte de las medidas para reducir las pérdidas, la reforma ordena implementar programas de telemedición y monitoreo remoto, con prioridad en las zonas consideradas de alto riesgo.
La normativa también establece obligaciones para los usuarios respecto al cuidado de los medidores. En caso de robo del equipo, el usuario tendría un plazo de 24 horas para reportarlo a la empresa distribuidora y posteriormente presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.
Las medidas forman parte de una estrategia planteada para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico y fortalecer la sostenibilidad financiera de la Enee.
