Tegucigalpa, Honduras. El debate sobre la reestructuración del sistema eléctrico nacional concluyó en el Congreso Nacional con un consenso transversal que sumó el apoyo de las cinco bancadas.
La Secretaría del Congreso Nacional ratificó que la Ley de Justicia Energética alcanzó un total de 78 votos a favor, consolidados tras la integración de diputados de las distintas fuerzas políticas representadas en la cámara.
El desglose final de la votación registró 49 votos aportados por la bancada del Partido Nacional, 25 del Partido Liberal, dos parlamentarios del partido Libertad y Refundación (Libre), un voto del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) y uno de la Democracia Cristiana (DC).
El resultado confirmó que, pese a la postura oficial en contra de la bancada de Libre, congresistas de esa afiliación respaldaron el dictamen definitivo.
"Tenemos las firmas de las cinco bancadas representadas en el Congreso Nacional", señaló Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
Entre los alcances inmediatos del texto legal aprobado destaca la congelación de las tarifas de energía eléctrica para la población durante un periodo inicial de seis meses.
Las autoridades parlamentarias detallaron que, ante eventuales fluctuaciones en los costos operativos durante este lapso, el Poder Ejecutivo absorberá los incrementos para evitar traslados financieros a los recibos de los consumidores.
Asimismo, la normativa contempla una prórroga de seis meses adicionales bajo la misma modalidad de compensación estatal en caso de ser requerido por las condiciones del mercado.
Esta disposición busca otorgar certidumbre económica a las familias y a los sectores productivos mientras se implementa el nuevo esquema de gestión en la estatal eléctrica.
"Es un claro mensaje, como dijo el presidente de la República, Nasry Asfura: la Enee es de los hondureños y seguirá siendo de los hondureños", expresó Ledezma.
El funcionario subrayó que la reestructuración corporativa no contempla la enajenación ni la venta de activos estratégicos a sectores privados, garantizando la titularidad pública de la institución.
Para blindar este aspecto, la Secretaría del Congreso verificó la inclusión de una cláusula que exige una mayoría calificada de 96 votos para modificar la naturaleza estatal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
En materia de transparencia y fiscalización, el ordenamiento prohíbe de forma expedita las contrataciones directas para la compra de potencia o adjudicación de proyectos, obligando al uso de subastas e instrumentos públicos competitivos.
Las reformas buscan revertir el déficit operacional de la empresa, que generaba pérdidas estimadas en 50 millones de lempiras diarios.
"Las medidas aprobadas tienen como objetivo atender, en el corto y mediano plazo, los problemas financieros que durante años han afectado a la estatal eléctrica", manifestó el secretario del Congreso.
Tras la votación, la Secretaría de la cámara continuará con el proceso de certificación y la remisión del acta oficial para su posterior promulgación en el diario oficial La Gaceta, con lo que entrará en vigencia el nuevo marco normativo del subsector eléctrico.
