Tegucigalpa, Honduras. Tras semanas de negociaciones y diferencias entre las fuerzas políticas, el Congreso Nacional aprobó la noche de este lunes 31 de agosto, con 78 votos, las reformas al subsector eléctrico, con las que se busca reestructurar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y enfrentar su deteriorada situación financiera y operativa.
Tras varias horas de deliberaciones, fue aprobada la Ley de Justicia Energética, una reforma de amplio alcance que congela durante seis meses la tarifa eléctrica, ordena la transformación de la Enee, cambia las reglas para comprar energía y otorga al Poder Legislativo un papel decisivo en contratos cuyos efectos se extiendan al siguiente período constitucional.
La medida de impacto inmediato para los consumidores es el congelamiento de la tarifa. Desde la entrada en vigencia de la ley, el cobro aplicado por la Enee en el último recibo generado a cada usuario no podrá incrementarse durante seis meses. El Congreso Nacional podrá extender el congelamiento por otros seis meses.
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Así se divide la Enee
Generación, transmisión y distribución funcionarán mediante empresas subsidiarias con autonomía operativa, financiera y administrativa, aunque el Estado seguirá siendo el único propietario a través de Enee Matriz.
Pero el cambio más profundo está dentro de la propia Enee. La ley ordena separar jurídica, operativa, administrativa, financiera y contablemente las actividades de generación, transmisión y distribución mediante empresas subsidiarias. Estas serán sociedades mercantiles cuyo único socio será el Estado, a través de Enee Matriz.
Los activos estratégicos permanecerán bajo la titularidad de la matriz y serán entregados a las subsidiarias para su administración, operación, mantenimiento y custodia.
La reforma deja expresamente establecido que la Enee conservará su carácter estatal y de servicio público. Sin embargo, las nuevas subsidiarias tendrán autonomía operativa, técnica, administrativa, comercial, financiera y contractual. La transformación también contempla la transferencia de pasivos, personal, cuentas por cobrar y contratos correspondientes a cada unidad de negocio, con respeto a los derechos laborales.
Otro de los puntos que puede generar mayor discusión política es el control sobre los contratos de energía. La ley establece que los contratos de suministro de electricidad, potencia, capacidad firme y servicios asociados cuyos efectos económicos, financieros o jurídicos alcancen el siguiente período constitucional deberán contar con aprobación previa del Congreso Nacional.
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¿Y los bienes?
Los activos estratégicos permanecerán en manos de la estatal y también se distribuirán personal, pasivos, contratos y cuentas entre las nuevas unidades.
La normativa también endurece las reglas para las compras de energía. La Enee y las distribuidoras deberán recurrir a procesos competitivos, principalmente mediante licitaciones públicas. Las bases deberán permitir la participación de distintas tecnologías y contemplar mecanismos para procurar estabilidad de precios y diversificación de los riesgos de suministro.
Los funcionarios que manipulen, retrasen o tramiten contrataciones al margen de los procedimientos establecidos podrán enfrentar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
El Congreso también incorpora nuevas reglas para enfrentar el hurto de energía. La ley identifica como conductas irregulares las conexiones clandestinas, las reconexiones no autorizadas, la manipulación de medidores y sellos de seguridad, así como los mecanismos destinados a alterar el registro real del consumo.
Además, concede por una sola vez un período de tres meses para que quienes tengan conexiones ilegales puedan regularizar voluntariamente su situación bajo las condiciones establecidas.
Regularización
La legislación crea, además, un Registro Nacional de Cumplimiento del Servicio Eléctrico. Los usuarios podrán figurar como solventes, en regularización o con obligaciones firmes pendientes. La condición de “En Regularización”, cuando exista un convenio de pago vigente y al día, tendrá efectos habilitantes equivalentes a la solvencia.
La Enee podrá emitir una constancia que podrá ser requerida en procesos de contratación pública, concesiones y alianzas público-privadas.
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Facultades
Las subsidiarias podrán contratar préstamos y emitir deuda, pero no podrán poner como garantía las acciones ni activos estratégicos como centrales, presas, embalses, redes, subestaciones, servidumbres y otros.
La ley incorpora beneficios directos para determinados hogares. Los usuarios residenciales que tengan una deuda acumulada y hayan registrado un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora podrán solicitar, bajo los requisitos establecidos, la condonación de la deuda, incluidos recargos, intereses y multas.
El beneficio será por una sola vez y para un único servicio residencial. Quedarán excluidos los suministros destinados total o parcialmente a actividades comerciales, industriales o de generación.
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Sin ISR
Las empresas resultantes de la escisión tendrán un régimen de exoneración del Impuesto sobre la Renta durante el período establecido por el decreto para las rentas derivadas directamente de sus actividades propias.
También se condonan las deudas por consumo de electricidad de las municipalidades de categorías C y D acumuladas hasta la entrada en vigencia de la ley.
A partir del mes siguiente, sus nuevos consumos deberán pagarse mediante débito automático de las transferencias que reciben de la Secretaría de Finanzas. Las municipalidades de categorías A y B podrán conciliar y negociar sus saldos con la Enee.
La reforma crea, además, el Operador del Sistema y del Mercado (OSM), que sustituirá progresivamente al actual operador del sistema, e incorpora el almacenamiento de energía al mercado eléctrico.
La Enee deberá implementar medición inteligente, telemedición y monitoreo remoto para reducir pérdidas.
Ante la sequía y el déficit hídrico, la estatal tendrá que adoptar un plan para 2026-2027 y podrá recurrir a mecanismos temporales de contratación o incorporación de generación, aunque los contratos de energía derivados de esas medidas deberán ser ratificados por el Congreso.
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Obligaciones
Los contratos de compra de capacidad y energía que ya tiene la Enee continuarán hasta su vencimiento, pero su renovación, prórroga o extensión quedará sujeta a las nuevas reglas. Requerirá autorización del CN.
La nueva legislación también permite que las familias adquieran sistemas solares residenciales con exenciones tributarias, bajo las condiciones que establezca el reglamento.
Además, ordena que la Enee informe al Congreso, en un plazo de 120 días desde la entrada en vigencia, sobre su deuda histórica y que, junto con la Secretaría de Finanzas, presente un plan estratégico para atenderla.
