La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció este martes y calificó como un “duro golpe” para los migrantes hondureños la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte del Gobierno de Estados Unidos.
“La cancelación del régimen de protección temporal (TPS) es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política, y representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños. A ellos les digo con firmeza: no están solos”, manifestó Castro en un mensaje publicado en redes sociales.
En ese sentido, informó que ha instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a utilizar todos los recursos legales disponibles, así como a reforzar el apoyo consular y jurídico, a fin de proteger los derechos de los hondureños amparados bajo este régimen migratorio.
“El Gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva”, expresó.
Asimismo, la presidenta subrayó que el Gobierno apelará al interés mutuo de mantener una relación estrecha con Estados Unidos y a la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y migración.
El TPS ha sido un mecanismo de alivio migratorio temporal para miles de hondureños que residen en Estados Unidos desde 1999, tras el paso del huracán Mitch en 1998 en Honduras.
Anuncio de cancelación del TPS
La determinación de la cancelación del TPS fue tomada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DSH), que argumenta que ya no se justifican las condiciones que motivaron el otorgamiento del TPS.
Las autoridades estadounidenses consideran que “ya no se justifican las condiciones del programa debido a que el país ha mejorado su capacidad tras el huracán Mitch”, enfatizó el canciller hondureño.
La pérdida del estatus legal, que tenía como fecha límite para ampliarse el pasado sábado 5 de julio, afectará a un aproximado de 72,000 hondureños, según las estimaciones del Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 95,7% de la población tiene acceso a agua, un 83,8% cuenta con saneamiento básico y el 93,2% tiene electricidad, señaló Bu.
Además, recordó que el país ha logrado captar 1,8 millones de dólares en inversión extranjera directa entre 2023 y 2024, y ha ejecutado proyectos de infraestructura urbana.
