Escrutinio especial: A revisión visual 691 actas de las 2,792 con inconsistencias
A 11 días del plazo para la declaratoria oficial, el pleno del CNE aprobó por mayoría reducir el alcance del escrutinio especial y enviar 691 actas a revisión visual, una medida que ha generado fuertes cuestionamientos.
- Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 22:48 /
El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió reducir el alcance del escrutinio especial al aprobar la revisión únicamente visual de 691 actas de un total de 2,792 con inconsistencias, una decisión que ha reavivado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y profundizado la polarización política en la recta final del conteo electoral.
La determinación fue adoptada el domingo a las 8:30 de la noche, durante una sesión del pleno de consejeros, con una votación dividida 2 a 1.
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López votaron a favor de la revisión visual, mientras que el consejero Marlon Ochoa se pronunció en contra. La sesión fue grabada y posteriormente divulgada por Ochoa a través de su cuenta de X.
La medida se sustenta en una auditoría externa remitida al CNE el 20 de diciembre de 2025, así como en recomendaciones previas de la Comisión TREP.
Es decir que de las 2,792 actas había 1,440 en un inicio que estaban como posicionadas para ser corregidas por transcripción, ese número con una revisión más minuciosa se redujo a 1,138 y se volvió a revisar, saliendo la misma cantidad,,
De ese total, el informe técnico identificó 691 actas cuyas inconsistencias podrían corregirse mediante un procedimiento visual, mientras que 447 actas, por la naturaleza de sus errores, deberían remitirse a escrutinio especial.
Las 691 actas pasarán ahora por un módulo que está conformado por tres personas que se rotan en transcripción en teoría, y que los otros son observadores.
La consejera explicó que la verificación de transcripciones es un procedimiento que surge a raíz de que en las elecciones primarias, el Partido de Libertad y Refundación (Libre) metió, a través del proyecto de acciones administrativas, 135 correcciones de transcripciones.
"No se va a anular algo porque la calculadora está mala, lo que se hace es ver el acta física y se vuelve a transcribir correctamente, si es que hubo algún error. En teoría, ese procedimiento debió haberse ejecutado desde hace dos semanas", dijo López.
"La revisión visual se trata de inconsistencias atribuibles a errores de transcripción, donde el sistema puede haber identificado, por ejemplo, un ‘6’ cuando en el acta física figura un ‘8’, cruces mal ubicadas, cifras legibles que no coinciden con el registro digital o sumas incorrectas que no alteran la coherencia interna del acta", explicó una fuente del CNE.
Sin embargo, el ajuste en el número de actas sometidas a escrutinio especial ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales, que cuestionan el cambio de criterio respecto a decisiones previamente adoptadas por el propio pleno del CNE.
El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció públicamente que la resolución compromete la transparencia electoral y acusó a las autoridades de actuar de forma concertada.
“Esto es una confabulación en contra del pueblo hondureño”, expresó, al señalar que actas con inconsistencias graves estarían siendo excluidas del escrutinio especial.
Desde el partido Libertad y Refundación (Libre), otros dirigentes también han rechazado la medida, mientras que el Partido Nacional ha salido en defensa de la decisión adoptada por las consejeras, argumentando que responde a criterios técnicos y no políticos.
De acuerdo con el portal oficial de resultados del CNE, hasta las 3:00 de la tarde del lunes se habían revisado y transmitido 1,352 actas con inconsistencias, de un total de 2,792.
Permanecen pendientes 1,440 actas, de las cuales 691 serán sometidas únicamente a revisión visual, dejando 749 actas para el escrutinio especial.
Tomando como referencia un promedio de 184 votos por acta, aún quedarían por definirse mediante escrutinio especial más de 137 mil votos, una cifra determinante en un escenario de estrecha diferencia entre los principales contendientes.
La última actualización del CNE, con el 99.92% de actas escrutadas, otorga la ventaja a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, con 1,396,287 votos (40.33%), frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien registra 1,366,134 votos (39.46%), una diferencia de poco más de 30 mil votos.
Sesión
30 de diciembre
es la fecha máxima que tiene el CNE
para emitir la declaratoria de resultados
La sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 21 de diciembre, convocada a las 8:30 de la noche, dejó al descubierto las diferencias técnicas entre los consejeros y un clima de tensión y cuestionamientos en torno a la decisión de enviar 691 actas a revisión únicamente visual, de un total de 2,792 con inconsistencias.
Al justificar la decisión de someter el punto a votación, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, sostuvo que ya existía una postura definida basada en criterios técnicos.
“Ya se había tomado postura por parte de la consejera López y mi persona con base en un oficio remitido por la Comisión TREP del CNE. El consejero Marlon Ochoa solicitó elementos adicionales y han pasado bastantes días para sus consideraciones, por lo que se somete a votación”, expresó.
Acto seguido, Hall abrió formalmente el proceso. “Tienen la palabra, consejeros”, dijo al iniciar la votación.
La consejera Cossette López respaldó la moción y afirmó que su voto se sustentaba en un análisis detallado de las actas cuestionadas.
“En consonancia con el voto emitido hace ya varios días y con el trabajo adicional que realicé en mi despacho, revisando una por una para obtener el detalle de los comentarios, mi voto es a favor, conforme a lo consignado en el informe de auditoría”, manifestó.
Ochoa reiteró sus objeciones técnicas y cuestionó la falta de precisión en los documentos presentados. Señaló que ni el informe de la auditoría externa ni el de la Comisión TREP detallan cuál es el dato incorrecto y cuál el correcto dentro de cada acta.
“Un acta de diputados, por ejemplo, puede tener más de 105 casillas en el caso de Francisco Morazán, sumadas a las papeletas válidas, nulas y el total de votantes, lo que eleva el número a cerca de 119 campos. El informe solo nos indica que un acta presenta inconsistencias, pero no especifica cuál es el error de transcripción ni cuál es el valor correcto”, argumentó.
Ochoa advirtió que la ausencia de esa información impide verificar la integridad de las correcciones que se pretenden realizar y sostuvo que las 691 actas excluidas del escrutinio especial presentan inconsistencias que no son visibles, pero sí detectables en las bases de datos.
“Los electores registrados en las actas no coinciden con la cantidad registrada en el dispositivo biométrico, tal como lo establece el artículo 263. Además, no sabemos qué valor se les va a aplicar a estas actas, lo que nos deja sin posibilidad de comprobar si la interpretación humana será correcta. Por estas razones, mi voto es en contra”, concluyó.
Posteriormente, la presidenta del CNE reiteró su posición a favor de la medida y aseguró que la recomendación técnica ya había sido planteada con anterioridad.
“Este pronunciamiento ya lo había manifestado. En esta segunda ocasión se respalda mediante oficio de la empresa de auditoría externa, cuyas recomendaciones son similares a las de la Comisión TREP”, afirmó Hall.
Asimismo, explicó que ya se tiene definida la comisión encargada de ejecutar la corrección de errores, la cual trabajará en calidad de testigo, acompañada por la auditoría externa.
Detalló que el proceso debería iniciar a las 8:00 de la mañana de este lunes y que, en caso de ausencia de alguno de sus integrantes, este deberá ser sustituido por una persona con conocimiento técnico acreditado.
Reunión
En medio del aumento de tensiones por el escrutinio especial y la falta de una declaratoria oficial, tanto Hall como López comparecieron el lunes ante los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa virtual, convocada a través de la plataforma Zoom.
Durante su intervención inicial, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, aseguró que la comparecencia se dio tras lo que calificó como acciones sistemáticas de boicot al proceso electoral, orientadas —según dijo— a impedir la declaratoria de las elecciones generales.
Hall también mencionó la reciente presentación de un recurso de habeas corpus por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) como un nuevo elemento que, a su criterio, agrava el escenario institucional.
“Hoy, después de sufrir día a día, minuto a minuto, innumerables acciones de boicot al proceso electoral que buscan impedir la declaratoria de elecciones, hemos decidido comparecer públicamente para aclarar hechos y situaciones jurídicas en este contexto”, expresó Hall, antes de ceder la palabra a la consejera Cossette López.
López afirmó de manera categórica que su integridad física, psíquica y emocional no se encuentra en riesgo, y que continúan trabajando activamente para que la declaratoria se realice dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La consejera sostuvo que la situación que enfrentan responde exclusivamente a lo que calificó como una persecución política, impulsada por sectores que —según denunció— no desean que se concrete la declaratoria electoral.
Señaló que se ha utilizado la institucionalidad del Estado de forma indebida, lo que, a su juicio, ha provocado un deterioro del Estado de derecho y ha puesto en entredicho el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
“El respeto a la soberanía del pueblo hondureño expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre nos obliga a adoptar decisiones de carácter personal y preventivo para salvaguardar nuestra seguridad e integridad”, manifestó López, al tiempo que aclaró que ambas consejeras permanecen en territorio nacional, y no en el extranjero.
Las declaraciones de las consejeras se produjeron en un contexto de creciente presión internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó en la red social X su “profunda preocupación” por las acciones de ciertos partidos y candidatos que continúan perturbando el proceso electoral hondureño, e instó a cumplir oportunamente con las obligaciones legales para permitir al CNE finalizar los resultados oficiales.
Advirtió, además que "cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble".
En la misma línea, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado urgente a las autoridades electorales para completar el escrutinio con apego estricto a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales.
"Este proceso debe cumplir con su obligación constitucional de certificar la elección antes del 30 de diciembre, garantizando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a su próximo presidente", mencionaron.
A nivel interno, este lunes simpatizantes y dirigentes del Partido Liberal realizaron protestas pacíficas en distintos puntos del país. Candidatos a alcaldes, diputados y designados presidenciales se presentaron en las instalaciones del CNE para exigir transparencia en el proceso electoral.
El candidato a designado presidencial liberal, Marco Tulio Medina, denunció que, pese a que el CNE estableció como obligatorio el registro biométrico el pasado 30 de noviembre, en alrededor de 6,663 actas dicho procedimiento no se realizó. Según explicó, el reglamento electoral establece que, en esos casos, las urnas deben ser evaluadas junto con los cuadernillos electorales.
"Nosotros lo que solicitamos es que se revisen las 8 mil actas, pero particularmente las más de 6 mil (donde no se cumplió con el registro biométrico", afirmó.
El escrutinio especial, que arrancó el jueves pasado con cinco días de retraso, estaba previsto para durar alrededor de cuatro días y conducir a una declaratoria presidencial antes de Navidad, pero el bloqueo de los partidos políticos ha impedido su desarrollo normal, denunció López.
Los partidos políticos a los que se refiere son Libertad y Refundación (Libre) y una facción del Partido Liberal, tal y como lo señaló Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, quien advirtió que se busca implementar el plan Venezuela en Honduras.
