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A un año de lo ocurrido con el caso Koriun Inversiones —que dejó miles de afectados y millones de lempiras en pérdidas— Honduras continúa sin contar con las herramientas legales y técnicas necesarias para prevenir y frenar las estafas piramidales.
Mientras otros países han reformado sus marcos legales tras escándalos similares, en Honduras la discusión parece quedarse en el castigo mediático y no en la transformación de fondo del sistema.
En conversación con LA PRENSA Premium, expertos en derecho y finanzas explicaron los principales vacíos legales que rodean el caso Koriun y otras estafas piramidales.
Señalaron la urgencia de implementar reformas que permitan sancionar efectivamente los delitos económicos y garantizar la protección de los inversionistas.
Iván Velásquez, gerente de Koriun, quien guarda prisión desde mayo de 2025, está acusado de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido.
Los demás involucrados en el caso también enfrentan cargos por lavado de activos y asociación para delinquir. Ninguno está acusado del delito de fraude y si así lo fuera, las penas son consideradas "irrisorias", por los entrevistados.
El abogado penalista Marlon Duarte puso en duda el delito de lavado de activos, uno de los imputados del caso. Su argumento es técnico, pero revela un problema mayor que es la posible utilización expansiva del tipo penal en casos de alto impacto público.
“El lavado de activos funciona de una manera en la que, al mismo tiempo que persiste la estafa o el fraude millonario, el dinero tiene que regresar mediante un retorno. Es un círculo donde usted lo invierte y regresa limpio”, explicó.
“Es decir, si yo tengo dinero producto del narcotráfico, compro un negocio lícito, luego lo retorno y lo pongo a circular en el comercio. Por ejemplo, agarro ese dinero, hago una inversión, compro vacas; de las vacas saco leche, vendo la leche, sigo comprando vacas, y el dinero regresa ya limpio con la venta de la leche o de la carne, y vuelve a entrar en ese círculo”, agregó
Aclaró que el dinero de Koriun nunca tuvo retorno. “Ellos lo que hicieron fue comprar cosas o enviar el dinero a Estados Unidos o a otras cuentas en el extranjero. Entonces no hay ese retorno. Si nos ponemos desde ese punto de vista, sin retorno todos los delitos serían lavado de activos”, mencionó.
De ser correcta esta lectura, la acusación por lavado que tienen los involucrados en el caso Koriun podría debilitarse en tribunales. Sin embargo, Duarte advirtió el factor de la presión mediática, que, a su juicio, tiene un impacto en Honduras.
“En casos mediáticos, usted sabe los resultados. Los jueces condenan influenciados por lo mediático”, sostuvo. "La justicia debería ser la correcta aplicación de la ley, pero tengo mis reservas", agregó.
En cuanto al delito de estafa o fraude, que no fue imputado a ninguno de los involucrados en el caso Koriun, Duarte señaló que, pese a la magnitud del perjuicio económico, las penas son relativamente cortas.
“No creo que se impongan penas por cada depósito individual. Jurídicamente correspondería un delito continuado o concurso ideal”, explicó.
Eso implicaría aplicar la pena más grave aumentada en una tercera parte. Si el fraude contempla hasta siete años, la condena podría superar los diez, pero difícilmente mucho más, una cifra desproporcionada frente a la magnitud del daño causado, según expertos.
Más allá del proceso penal, la pregunta central es ¿por qué el esquema operó durante tanto tiempo (siete años) sin intervención efectiva?
José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), apuntó directamente a la responsabilidad estatal.
“La Constitución delega en el Ejecutivo la obligación de cuidar al ciudadano y al depositante. Es una acción pública”, señaló. “Se debería reforzar la ley de la Comisión y tal vez crear otra institución que tenga el colmillo para vigilar que no se den estas actividades irregulares", expresó.
Por otro lado, la experiencia internacional demuestra que las reformas suelen llegar después del escándalo.
En Perú, tras una estafa piramidal de gran escala, el Estado endureció las penas y fortaleció la supervisión financiera. Aunque no prosperaron cargos por lavado de activos —por razones similares a las expuestas por Duarte— sí se modificaron marcos legales para tipificar con mayor precisión estos esquemas y evitar vacíos interpretativos.
“Aquí (en Honduras) debería existir una tipología más específica para estos casos, aunque no encajen estrictamente en lavado de activos, porque actualmente el tipo penal exige ese retorno del dinero. En este caso el dinero no regresaba; simplemente se iba y aparentemente se estaban preparando para huir”, mencionó el entrevistado.
En países como Estados Unidos, España y Colombia, la prevención ante estafas financieras suele ser mucho más efectiva. Instituciones están facultadas para intervenir rápidamente cuando surgen esquemas que prometen rendimientos irreales.
Además, mantienen listas públicas de entidades no autorizadas, emiten alertas tempranas para proteger a los inversionistas y ofrecen educación financiera a sus ciudadanos.
En Honduras, en cambio, la intervención en el caso Koriun Inversiones llegó cuando el daño ya era irreversible. Durante al menos siete años, las captaciones crecieron de manera exponencial a través de redes sociales, alcanzando a inversionistas en siete departamentos del país.
En los últimos 12 meses, la discusión mediática se ha centrado en determinar quiénes son los responsables y si los detenidos enfrentarán 10, 20 o más años de prisión.
Pero, según los expertos, el problema de fondo es otro, ya que el país carece de una arquitectura institucional que permita detectar, frenar y sancionar eficazmente estos esquemas antes de su colapso.
Las estafas piramidales, aseguran los entrevistados, no desaparecen con condenas mediáticas, sino que deben ser desmontadas mediante regulación moderna, supervisión técnica y prevención efectiva. Hoy, Honduras no parece tener ninguna de las tres.