De L5,500 millones sería el capital total de socios de Koriun a nivel nacional

Una deuda estimada de 5,504 millones de lempiras es la carga que podría asumir el Estado hondureño si cumple con la promesa de respaldar económicamente a los más de 35,000 socios que habrían depositado su dinero en Koriun, una entidad no registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Este monto es el resultado de una proyección de LA PRENSA Premium basada en el caso documentado en Choluteca, donde 1,348 personas habrían entregado 212 millones de lempiras a la estructura financiera informal.

Si se replica esa relación a nivel nacional, considerando los 35,000 aportantes reconocidos públicamente por el gerente de la entidad, Iván Vásquez, y mencionados por autoridades en los primeros días de la intervención, la cifra asciende a 5,504 millones de lempiras.

La estimación indica que cada aportante dio a Koriun cerca de 157,270 lempiras en promedio, aunque esta cifra podría incrementarse o reducirse debido a que Koriun no tiene registros oficiales de los socios.

Sin embargo, en los primeros días tras estallar el escándalo, el Ministerio Público informó que la empresa almacenaba su base de datos en una nube digital, pero hasta ahora no se ha confirmado si los fiscales lograron acceder a esa información, que sería clave para la devolución del desfase.

Posteriormente, tras la orden oficial para que la entidad devolviera el capital a sus aportantes, los representantes de Koriun aseguraron tener un registro interno en una computadora. No obstante, también se ignora si ese archivo fue entregado o inspeccionado por las autoridades.

Para el analista Lester Ramírez, cualquier intento del Gobierno por utilizar fondos públicos para indemnizar a los afectados por la estafa financiera de Koriun sería un acto ilegal, inmoral e irresponsable.

Ramírez fue enfático al señalar que el dinero de los contribuyentes no debe ser usado para cubrir lo que considera un problema originado y manejado con negligencia por el propio Ejecutivo.

"Estoy totalmente en contra de pagar, de que nosotros, que pagamos impuestos y somos honestos, que trabajamos, estemos resolviendole los problemas al gobierno. Este es un problema de Gobierno, si quieren ellos resolver el problema que ellos descalfen su dinero de sus salarios y paguen", expresó.

"Y va a dejar también un mal precedente. Además de eso, estos son delitos, ¿no? Si realmente se ponen a pagar usando dinero público, están cometiendo delitos que tarde o temprano los van a procesar también y que después no digan que es persecución política", agregó.

La deuda de los L5,504 millones a los 35 mil socios roza el 1% del Presupuesto General, (L430,907.8 millones), una carga que ahora podría terminar sobre los hombros del Estado.

En términos comparativos, los 5,504 millones de lempiras que el Estado tendría que asumir representan la mitad del presupuesto asignado en 2025 a la Secretaría de Defensa, que asciende a 10,845 millones, y son apenas inferiores a los 9,713 millones que recibirá la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

La cifra incluso supera ampliamente los 4,746 millones de lempiras destinados al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), lo que evidencia la dimensión fiscal de la carga que podría recaer sobre las finanzas públicas.

Desde la intervención de Koriun Inversiones, el Estado, a través de Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), anunció que cubriría el pago a los socios afectados, reconociendo implícitamente el grave desfase financiero de la entidad, catalogada como un esquema Ponzi.

Se informó que la devolución se realizaría en orden ascendente, comenzando por quienes invirtieron menos, hasta alcanzar a los mayores aportantes. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen los criterios ni los parámetros claros para la entrega de los fondos, debido a que la investigación aún no ha concluido, según informaron desde el Gobierno.

Fuentes confidenciales revelaron a este medio que actualmente se elabora un proyecto de ley que será presentado al Congreso Nacional, el cual incluye reformas para endurecer la legislación sobre delitos financieros y, al mismo tiempo, plantea utilizar recursos públicos para resarcir el capital perdido por los socios de Koriun.

La propuesta ha generado controversia en diferentes sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), entre otros expertos, quienes argumentan que el Estado no tiene responsabilidad sobre fraudes privados.

El diputado Marlon Lara, del Partido Liberal, y Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), expusieron que es una medida inconstitucional "que no se puede realizar".

El diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, criticó que el oficialismo esté usando el tema como herramienta política en lugar de dar una solución real e inmediata.

“Libre se comprometió a resolver el problema. Pero yo soy del criterio que están jugando política con los afectados, queriéndonos tirar la responsabilidad al Congreso Nacional para luego salir diciendo que la oposición está retrasando la aprobación de una solución”, expresó.

En ese sentido, el jefe de la bancada nacionalista fue enfático al señalar que la salida está en manos del Ejecutivo, no del Legislativo.

Durante el aseguramiento de Koriun Inversiones, las autoridades encontraron 358 millones de lempiras en efectivo en las oficinas centrales y la residencia del gerente, sumados a 69 millones en cuentas bancarias, totalizando poco más de 427 millones de lempiras.

Aunque la orden oficial fue devolver a todos los socios el capital aportado, la empresa comenzó a pagar primero las ganancias y luego a devolver el capital únicamente a quienes solicitaban retirarse.

Semanas después, en una reunión con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público, Velásquez aseguró que gran parte del dinero había sido devuelto, sin embargo, fuera de esas reuniones aún se reportaban socios reclamando sus aportes, evidenciando un claro desfase en el esquema financiero.

Desde ese momento, los socios en las siete sedes de la empresa comenzaron a organizarse y recopilar sus documentos para esperar las instrucciones oficiales sobre la devolución de sus fondos.

En Choluteca, donde LA PRENSA Premium realizó una visita, el monto adeudado a 1,348 socios supera los 200 millones de lempiras.

En un comunicado emitido por el Ministerio Público el 23 de abril, se informó que en 2024 la empresa reportó ingresos superiores a 86.9 millones de lempiras, provenientes de aproximadamente 35,000 inversionistas.

No obstante, las cifras podrían ser mayores, ya que en Choloma, sede principal de Koriun, se identificaron cerca de 25,000 socios con documentación completa.

Las investigaciones revelan que Koriun captó clientes principalmente a través de la red social TikTok, promocionando sus intereses semanales y modalidades de inversión.

Paradójicamente, fue esta misma plataforma la que generó las primeras alertas sobre las operaciones irregulares, lo que llevó a la CNBS a iniciar la investigación que finalmente fue remitida al Ministerio Público.

Ante la ausencia de respuestas concretas por parte del Gobierno, los socios de Koriun Inversiones en todo el país han comenzado a organizarse mediante grupos de WhatsApp para coordinar protestas y exigir la devolución de su capital.

El pasado martes se registraron manifestaciones frente a la sede principal de Koriun en Choloma, Cortés, donde un contingente policial intervino para evitar que los manifestantes bloquearan la carretera.

Para este jueves, los afectados de Choluteca convocaron a una movilización pacífica a partir de las 6:30 de la mañana en el sector de Santa Elena, con el mismo objetivo de exigir al Estado que cumpla su promesa de reintegrar los aportes realizados.

En otras sedes como la de Santa Bárbara, Olancho, Copán y El Paraíso continúan en incertidumbre, mientras se organizan para tener la documentación de los socios completa.

LA PRENSA Premium confirmó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) remitió el miércoles al Ministerio Público la resolución oficial que ordena el cese definitivo de operaciones de Koriun Inversiones, luego de que surgieran versiones sobre una posible reactivación virtual de sus actividades. La resolución fue aprobada el mismo día y se prevé que sea publicada este jueves.