Koriun: sin rastro de los millones de la estafa un año después

A un año de la denuncia pública del esquema piramidal de Koriun Inversiones —que dejó a unos 30 mil hondureños con pérdidas millonarias y deudas abrumadoras—, el proceso penal contra los imputados avanza con lentitud en su etapa intermedia, y no hay rastro del dinero que en su momento le encontraron al gerente Iván Velásquez.

Las pruebas de la Fiscalía se perciben débiles por delitos graves como lavado de activos y asociación para delinquir, según alegatos de la defensa e informes judiciales.

Fue en febrero de 2025 cuando LA PRENSA Premium, tras una investigación exhaustiva, reveló cómo miles de hondureños acudían diariamente a las oficinas de Koriun en Choloma, Cortés, para depositar dinero en efectivo.

Trabajadores de maquilas, comerciantes, empleados públicos e incluso jueces y policías invertían sumas considerables, formando largas filas para reclamar el 5% de las ganancias prometidas cada semana.

La denuncia pública impulsó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a emitir un comunicado alertando a los hondureños sobre los riesgos de invertir en empresas como Koriun, calificadas como esquemas Ponzi o piramidales.

Sin embargo, ya era demasiado tarde: Koriun Inversiones llevaba más de dos años expandiendo agresivamente su captación de fondos, no solo en Choloma, sino en La Entrada, Copán; Santa Bárbara, Santa Bárbara; Juticalpa, Olancho; Danlí, El Paraíso; Choluteca, Choluteca; e incluso, iniciando operaciones en Tocoa, Colón.

La última alerta de la CNBS no disuadió a los miles de inversionistas de Koriun, quienes en cambio aumentaron sus aportes tras conocer que la municipalidad de Choloma había otorgado a la empresa un permiso de operación, exhibido públicamente para generar confianza.

El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) allanaron seis sucursales de Koriun Inversiones y la casa del gerente Velásquez, donde hallaron 358 millones de lempiras en efectivo.

Tras un exhaustivo día de conteo y levantamiento de actas de decomiso, por órdenes superiores, fiscales, agentes de la ATIC y personal de la CNBS procedieron a devolver el dinero a Velásquez. Él firmó las actas respectivas y se comprometió a reembolsar el capital a los socios; no obstante, muchos decidieron permanecer en la empresa e incluso incrementaron sus depósitos.

El 13 de mayo, las cuentas bancarias a nombre de Velásquez y su esposa, Kefi Gavarrete Sánchez, fueron descongeladas. La Fiscalía ordenó la devolución de L69.2 millones de los fondos a los aportantes, por lo que el dinero en efectivo fue transportado en un vehículo blindado hasta las oficinas de Koriun para dar inicio al proceso.

Lamentablemente, el trámite derivó en desórdenes, y los millones de lempiras desaparecieron sin que hasta ahora las autoridades sepan quiénes de los empleados se quedaron con el dinero.

Ante el incumplimiento de la devolución del dinero por segunda vez, Velásquez fue capturado y acusado por los delitos de lavado de activos, posesión de armas de fuego, desobediencia y, luego, agregaron el delito de asociación para delinquir.

Además de Velásquez, están acusados su esposa Kefi Gavarrete Sánchez —quien goza de medidas sustitutivas a la prisión— y Marcos Abel Villeda Galdámez, Elder Jeovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, quienes guardan prisión por los mismos delitos.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que, desde el año pasado, tras tomar declaraciones a unos cien afectados por Koriun, se decomisaron 15 vehículos y allanaron varios lugares en busca de 300 millones de lempiras. Sin embargo, no se han realizado más diligencias.

Localizar esos 300 millones de lempiras ha resultado imposible para los agentes, ya que el núcleo cercano a Velásquez no registra inversiones en propiedades ni cuentas bancarias.

Las investigaciones a exempleados de Koriun y personas mencionadas por el propio Velásquez han dado resultados negativos, con objetivos identificados que resultaron falsos.

Además, han surgido sospechas sobre accionistas de Koriun vinculados al crimen organizado. En un caso, tras los operativos, empleados de la empresa devolvieron 8 millones de lempiras a uno de ellos, aunque se cree que pudo haberse quedado con más dinero en connivencia con personal de seguridad.

Luego de que los imputados quedaran en prisión por los delitos que les imputan, sus defensores interpusieron un recurso de apelación, el cual fue remitido el 3 de diciembre de 2025 y aún los magistrados no han resuelto.

A la Fiscalía tiene el desafío de probar el delito de lavado de activos, el cual —según el Código Penal— requiere de un delito precedente. En el caso de Koriun no se presentó ningun. La defensa de Velásquez planea formular su estrategia en que el dinero en poder de Velásquez y los gerentes de otras sucursales no proviene de actos ilícitos, pues los inversionistas firmaban contratos, los que se presentarán supuestamente para demostrar en juicio, junto a constancias de préstamos adquiridos para depositar en Koriun.

Roberto Talavera, abogado de Velásquez, conversó con LA PRENSA Premium sobre la acusación por lavado de activos de la Fiscalía, que se basa en L63 millones hallados en cuentas bancarias. “Ese dinero era de inversionistas y se les devolvió completo, sin rastro de delito”, enfatizó.

”Confiamos en un fallo favorable: tenemos recibos de miles de inversionistas, contratos y evidencia de ganancias semanales del 5%”, agregó.

Sobre la supuesta asociación para delinquir —que exige unión para cometer ilícitos—, Talavera aclaró que solo existía una relación laboral, respaldada por contratos y pagos de salarios. “Como el gerente de Choloma, todos manejaban fondos de inversionistas con registros claros de depósitos”, precisó.

Afirmó que su representado, Iván Velásquez, está dispuesto a entregar el dinero cuando salga en libertad “y eso siempre lo ha manifestado, desde el inicio del proceso cuando quiso colaborar con la Fiscalía”.

Velásquez también enfrenta el delito de posesión de armas de fuego, pero su defensa alega que en la oficina había muchas personas armadas y él no era responsable de esas armas.

Expertos han señalado que en el área penal no hay manera de resarcirles el daño a las personas que fueron víctimas y, aunque logren condenar por los delitos imputados a los acusados, no habrá forma de que el Estado pueda pagarles.

Por ahora, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) administra apenas cinco millones de lempiras: fondos extraídos de cuentas de los imputados, billetes escondidos en el techo de las oficinas de Koriun en Choloma y una suma menor decomisada en una casa de San Manuel, propiedad de la novia de Velásquez.