Afectados por Koriun: gobierno asegura devolución, expertos piden claridad

Tras la promesa del gobierno de devolver la totalidad los fondos a los socios de Koriun Inversiones, una empresa que operaba sin permisos y bajo un esquema de estafa piramidal en siete departamentos de Honduras, crecen las dudas en distintos sectores sobre el origen de los recursos con los que el Estado cubrirá el millonario desfase generado por la empresa.

El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, informó en televisión nacional que "les vamos a garantizar de forma responsable cómo se van a entregar estos dineros, primero lo de las cajas, después lo que está bloqueado en las cuentas de bancos, luego a las víctimas se va a resarcir. Podría entrar ahí la liquidación de los bienes, como vehículos y propiedades".

LA PRENSA Premium conoció que durante la intervención se hallaron cerca de 240 millones de lempiras, entre recurso en efectivo y en cuentas bancarias, según el conteo parcial. Preliminarmente se informó que solo en cuentas bancarias detectaron 70 millones de lempiras.

Además, se informó que entre los bienes asegurados figuran una propiedad y 15 vehículos, los cuales serían sometidos a un proceso de liquidación para resarcir a los accionistas, aunque aún se desconoce si estos activos bastarán para cubrir el total del capital invertido.

Sin embargo, las autoridades, por instrucción de la presidenta Xiomara Castro, garantizaron la devolución del dinero que no logre recuperarse mediante la liquidación de los bienes, pero todavía no han explicado con claridad de dónde saldrán exactamente los recursos para cubrir ese compromiso.

El economista Roberto Lagos cuestionó la drástica medida del gobierno, al advertir que se necesitarán recursos millonarios para responder por las pérdidas, considerando que, según Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, ya se han desviado unos 400 mil dólares (más de 10 millones de lempiras) fuera del país.

"No hay mecanismos legales que le permita al gobierno devolver el dinero a afectados de actividades ilícitas, entonces, le pregunta es, si lo hacen ¿están dispuestos a asumir las consecuencias o eso que dijeron es algo que se hizo solo para calmar los ánimos a la gente y les están mintiendo?", criticó.

El entrevistado mencionó que el dinero que pierde ya no se puede recuperar y que esta situación ocurrió por falta de una Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) más proactiva en temas de prevención.

Cabe destacar que la CNBS emitió un comunicado el 17 de febrero, después de que LA PRENSA Premium revelara, en una investigación exclusiva, el modus operandi de Koriun Inversiones, y que la empresa estaba siendo investigada por el Ministerio Público.

"No es suficiente un comunicado para alertar, él -Marcio Sierra- debía salir ante el público y ante los medios explicando que hay una organización que está captando dinero y que no cumple con los requerimientos para evitar lo que ocurrió y que se vuelva un problema grande", opinó.

Lagos instó a una investigación a fondo, particularmente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la CNBS, para esclarecer en qué momento detectaron las operaciones de Koriun Inversiones y si fue posible frenar su expansión.

A su juicio, resulta inconcebible que la empresa operara durante siete años sin ser intervenida, y que recién en diciembre del año pasado se remitiera el expediente al Ministerio Público. "¿Cómo es que no se pudo detectar?", cuestionó."

Y es que, según anunció Marcio Sierra, presidente de la CNBS, el expediente fue enviado por esta institución al Ministerio Público en diciembre del año pasado, luego de que sus operaciones se viralizaran en redes sociales y que las personas consultaran en la institución al respecto.

"El representante legal se convirtió en inversionista como persona, luego hizo una escritura donde crea una empresa, pero en ningún momento tiene giro de financiera. En aquel entonces él lo hizo y como no está registrada, siguió", argumentó.

Expertos señalaron que la decisión del gobierno de cubrir los gastos de empresas privadas como Koriun Inversiones puede generar riesgos significativos para el futuro económico del país.

Aunque la intención inicial podría ser proteger a los ciudadanos y evitar un colapso económico, la medida implica que el gobierno asuma la responsabilidad de inversiones que no le corresponden, lo cual abre la puerta a posibles abusos y fraudes.

El principal peligro radica en que otras empresas privadas, al ver este precedente, podrían buscar una especie de "respaldo estatal" ante posibles fracasos, sin contar con un fondo de seguros o mecanismos adecuados para garantizar su estabilidad financiera.

El abogado e investigador Lester Ramírez proyectó que, a largo plazo, los ciudadanos serán los que terminen pagando los costos de una posible crisis derivada de este tipo de intervenciones.

"Los que pagamos impuestos no deberíamos cargar con las deudas de errores cometidos por el mismo Estado o de empresas que actúan al margen de la ley", señaló.

Además, alertó sobre el mensaje que esta acción podría enviar. "Esto puede mandar una mala señal porque ahora todo mundo va a hacer este tipo de jugadas sabiendo que los que pagamos impuestos y hacemos las cosas bien les vamos a salvar las castañas del fuego."

Las siete sedes de Koriun Inversiones fueron intervenidas el miércoles por las autoridades del Ministerio Público, donde encontraron y aseguraron aproximadamente L240 millones de lempiras guardados en cajas, bolsas y pailas de plástico, así como en cuentas bancarias.

El múltiple operativo generó inconformidad entre los socios, quienes salieron a las calles para defender a la empresa e impedir la posible incautación del dinero. Ante ello, el fiscal general, Johel Zelaya, ordenó que el dinero fuera devuelto a los socios por parte de los administradores de la empresa.

"Esta devolución se va a ir haciendo de menor a mayor, a quienes menor depósito hicieron ellos son prioridad ahora. Al final, vamos igual a convocar para mostrarle al pueblo de que el Estado tenía razón porque sin duda habrá un enorme faltante de dinero en efectivo", expuso Zelaya.

El presidente de la CNBS reconoció que esta acción "No es correcta, pero el gobierno se debe al pueblo. En ese sentido, hay que ver cuál es el mal menor y la ley establece que se puede por única vez". Sin embargo, se desconoce el artículo en el que se ampara.