Corrupción policial reabre el debate sobre nueva depuración

El cierre de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) encendió las alarmas en distintos sectores de la sociedad, ya que expedientes judiciales y declaraciones revelan cómo agentes de esta unidad y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se involucraron en actos delictivos y criminales.

La eliminación de la Dipampco, tras el asesinato de cinco agentes en Corinto, Omoa, Cortés, el pasado 21 de mayo, cuando intentaban realizar un “quite” de droga, abre el debate sobre una nueva depuración de toda la Policía, de acuerdo con expertos consultados.

Tras el proceso de depuración policial de 2016, alrededor de seis miembros separados, entre agentes y oficiales, regresaron a la institución, unos por orden judicial y otros gracias a influencias políticas. Uno de los reintegrados es el subcomisionado Francisco Leiva Gamoneda, quien ahora figura como uno de los hombres de confianza del director policial Rigoberto Oseguera Mass.

Este caso, así como otros ocurridos en 2025, evidencia la necesidad de que el Estado retome cuanto antes el control sobre la idoneidad de los efectivos policiales, consideró Omar Rivera, exmiembro de la Comisión Especial para la Depuración Policial. Asimismo, advirtió que la falta de un proceso de depuración permanente conduce al deterioro de la institución.

De acuerdo con registros del Conadeh, la institución atendió 1,071 quejas vinculadas directamente con actuaciones de autoridades en el contexto del estado de excepción.

Estas comprenden presuntas vulneraciones a derechos como la libertad personal, la integridad física, la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y la protección judicial.

En mayo de 2025, la Fiscalía logró que los jueces enviaran a prisión a seis de siete agentes de la DPI que allanaron sin orden judicial la vivienda de un prestamista en San Pedro Sula y sustrajeron 14 millones de lempiras.

En los expedientes judiciales también consta cómo algunos agentes allanaron viviendas sin orden judicial, destruyeron portones, cámaras y mobiliario en busca de botines, privaron de libertad a personas, las torturaron, implantaron pruebas, confeccionaron actas de vigilancia falsas, amenazaron de muerte a testigos y, posteriormente, comparecieron a audiencias, donde, bajo juramento, habrían dado declaraciones falsas.

En los documentos también se deja entrever una presunta colusión entre agentes de la desaparecida Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), posteriormente denominada Dipampco y ahora transformada en la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, adscrita a la DPI.

Expertos consultados por este equipo señalaron que la protección de participantes en actos criminales ha sido una constante. Asimismo, cuestionaron que sus superiores opten por trasladarlos de unidad en lugar de sancionarlos.

Según Omar Rivera, tras el proceso histórico de depuración iniciado en 2016, en el cual fueron separados más de 6,000 agentes, el impulso necesario para mantener una Policía libre de vicios se perdió, dando paso a una actitud complaciente durante los últimos años.

Esa situación, sostuvo, facilitó el resurgimiento de problemas estructurales en los que policías terminan involucrados en actividades criminales o coludidos con organizaciones delictivas.

Para Rivera, la depuración no puede ser un evento aislado, sino un ejercicio permanente dentro del sistema de seguridad pública. En ese sentido, calificó como “digno y plausible” que las autoridades actuales hayan intervenido tras los hechos violentos registrados en Corinto, en lugar de intentar ocultar la realidad.

No obstante, expresó reservas respecto al traslado de las funciones de la Dipampco a la DPI.

El abogado Germán Licona considera que la depuración policial, por sí sola, ha dejado de ser una solución efectiva para el sistema de seguridad.

A su criterio, el enfoque debe trascender a las instituciones individuales y convertirse en un proceso integral que involucre a todos los operadores de justicia, incluida la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.