El Partido Liberal de Honduras, a través de su Consejo Central Ejecutivo, emitió un pronunciamiento este miércoles en el que asegura que sus dirigentes locales están siendo víctimas de persecución política, ataques mediáticos y campañas de desprestigio.
De acuerdo al comunicado, estas acciones responden a la derrota sufrida por sus adversarios en las urnas, al no contar con el respaldo de la voluntad popular.
En el texto, la institución política manifestó su solidaridad con Roberto Contreras, presidente del CCEPLH y actual alcalde de San Pedro Sula, así como con otros dirigentes que —afirmaron— sufren presiones y procesos judiciales injustificados.
El Partido Liberal condenó la supuesta utilización indebida de los recursos de los entes de justicia, y exigió al Ministerio Público actuar con objetividad e imparcialidad en las investigaciones. Asimismo, cuestionó la falta de avances en casos de alto impacto como el de SEDESOL, el “narco video” y diversos expedientes de corrupción vinculados al oficialismo, que, de acuerdo con el comunicado, aún no han sido judicializados.
“Demandamos, asimismo, el cese inmediato de estas prácticas represivas que atentan a la democracia y la convivencia ciudadana y dañan las instituciones”, señala el pronunciamiento, en el que se reitera que el Partido Liberal “seguirá en pie de lucha por la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos”.
Finalmente, la organización política aseguró que no permitirá que la intimidación ni el abuso de poder debiliten su histórica lucha por una Honduras más justa, democrática y en paz.
Este mismo día, en horas matutinas, el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, expresó su apoyo al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, a quien calificó como un “gran ser humano” y un funcionario municipal “súper trabajador”.
Nasralla también dijo que el edil sampedrano enfrenta una persecución política promovida, por lo que llamó la “dictadura del partido Libertad y Refundación”, al recordar que esa fuerza política impulsó la designación del fiscal general, sobrino de Rixi Moncada, con el respaldo de dirigentes tradicionales del Partido Nacional.
