Las organizaciones campesinas de Honduras condenaron este viernes los hechos violentos ocurridos en la aldea de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde varias personas trabajadoras del campo fueron asesinadas el pasado 21 de mayo.
El pronunciamiento fue emitido por el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) y la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), que expresaron su “profundo pesar y consternación” por la tragedia registrada en la zona.
Las organizaciones manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas y señalaron que la violencia en el campo continúa afectando gravemente a las comunidades rurales hondureñas.
“Nos solidarizamos profundamente con los familiares de las víctimas, compartiendo su dolor y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de quienes perdieron la vida de manera violenta y repudiable”, indicaron en el comunicado.
En el documento, los movimientos campesinos exigieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público desarrollar una investigación “exhaustiva, objetiva y transparente” que permita identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Las organizaciones sostuvieron que la situación registrada en Rigores refleja la crisis de inseguridad que enfrenta el sector rural, especialmente en el Bajo Aguán, una región marcada históricamente por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y hechos vinculados al narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado, las familias campesinas han vivido durante años bajo amenazas, agresiones y un clima permanente de incertidumbre, mientras persisten problemas relacionados con el acceso a la tierra y la falta de presencia estatal.
Los representantes campesinos también cuestionaron la falta de avances en la implementación de la Reforma Agraria y señalaron que muchas comunidades continúan expuestas a la violencia y al abandono institucional.
Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, para impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad en las zonas rurales y garantizar mayor presencia del Estado en las comunidades campesinas.
Las organizaciones también solicitaron al Instituto Nacional Agrario (INA) destinar recursos técnicos y presupuestarios que permitan avanzar en la entrega de tierras a familias campesinas sin acceso a ellas.
