Conflicto de tierras deja 446 muertes: “El problema agrario fue absorbido por el crimen”

La masacre registrada el jueves en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, donde 20 personas fueron asesinadas en medio de una disputa por tierras, volvió a evidenciar la dimensión de un conflicto agrario que durante décadas se ha agudizado en Honduras.

Aunque las versiones oficiales apuntan que detrás del crimen hay estructuras criminales, pobladores también denuncian de amenazas para despojarlos de sus tierras.

Los registros de la Secretaría de Seguridad, analizados por LA PRENSA Premium, indican que los conflictos por terrenos dejaron al menos 446 personas muertas de forma violenta entre 2014 hasta abril de 2026. Esto de acuerdo a la solicitud de información SOL-SSSS-3143-2026.

La problemática, incluso, ya figura entre las diez principales causas de homicidios en Honduras, ocupando la novena posición dentro de los móviles registrados por las autoridades.

Para expertos en seguridad y autoridades locales, el conflicto dejó de limitarse únicamente a disputas agrarias y pasó a convertirse en un problema estructural donde convergen pobreza, desempleo, vacíos legales, invasiones, economías ilícitas y presencia del crimen organizado.

“La tierra se ha convertido en un recurso impregnado de actos delictivos. Las invasiones derivan en posesiones ilegales y posteriormente en procesos de comercialización entre distintos propietarios, por lo que el problema agrario dejó de ser exclusivamente un tema de aprovechamiento de tierras y terminó siendo absorbido por la actividad criminal”, explicó el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas.

Con él coincidió el comisario Carlos Rojas, quien reconoció la presencia de estructuras criminales en los conflictos por la tierra; sin embargo, sostuvo que se trata de un problema histórico de varias décadas que no recae exclusivamente en la Policía Nacional, sino en la falta de un ordenamiento estatal integral en zonas como Colón.

Entre 2014 y 2015 los homicidios por conflictos de tierras dejaban más de 60 muertos, pero luego disminuyeron a la mitad en los años siguientes. Entre 2016 y 2021 estos homicidios oscilaban entre los 19 y 36 casos. No obstante, en 2025 se experimentó un repunte alarmante al contabilizarse 54 muertes.

Al hacer un cálculo promedio con las cifras preliminares, al menos 34 personas murieron por riñas derivadas por disputas de tierras.

Los datos también revelaron que 9 de cada 10 fallecidos fueron hombres, al contabilizarse 401 muertes en personas de este sexo. Las 45 restantes fueron mujeres.

Por otro lado, el 65% de estas muertes ocurrieron en territorios rurales del país, lo cual se traduce en 288 víctimas mortales. Los 158 casos restantes se dieron en el área urbana.

Más de la mitad de los fallecidos —específicamente 262— tenían edades entre los 20 y 49 años. De estos, los más afectados fueron ciudadanos con edades que oscilaban entre los 20 y 29 años.

Otra característica de estos crímenes es que al 366 víctimas (82% de los casos) les arrebataron la vida usando armas de fuego. Este tipo de armas fueron utilizadas para acribillar a las víctimas de Rigores a eso de las seis de la mañana.

Los datos analizados por este rotativo también reflejan que en menor medida, se han utilizado armas blancas, objetos contusos, e incluso se ha optado por el estrangulamiento y la sumersión.

Desde la perspectiva local, el alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, relacionó la conflictividad con las condiciones sociales que predominan en muchas comunidades rurales del país.

El edil señaló que la pobreza, la falta de empleo, oportunidades y seguridad laboral empuja a varios sectores vulnerables hacia escenarios de tensión alrededor de la tierra, especialmente en áreas alejadas donde existe poca presencia institucional.

"Mire aquí en Trujillo el conflicto por tierras es en el área rural del municipio, donde hay carencia de oportunidades y no hay claridad en el sistema jurídico y nosotros como autoridades locales lamentamos tremendamente lo que ocurre ahí", expresó.

"Esas comunidades se sienten desprotegidas por la misma ley, hasta un punto que podríamos considerar anarquía, porque la misma autoridad no toma las acciones pertinentes para garantizarle seguridad al mismo ciudadano", agregó.

Cabe resaltar que desde 2014 hasta el pasado mes de abril, en Trujillo murieron 18 personas como consecuencia de estos pleitos, superado solo por Distrito Central (22) y San Pedro Sula (25).

También entre los municipios con más decesos por esta causa se posicionan Yoro (16), Choloma, (13), La Masica (12), San Esteban y Olanchito con 10 casos respectivamente.

Las 446 muertes se desataron en 124 de los 298 municipios del territorio nacional.

El edil se mostró alarmado por la cantidad de personas fallecidas en conflictos agrarios durante los últimos años y sostuvo que este tipo de violencia no puede normalizarse dentro de la sociedad. A su criterio, ninguna muerte relacionada con disputas de tierra debería ser aceptable, calificando la cifra registrada en la última década como “anormal e inhumana”.

Para Maldonado Galeas, el conflicto agrario en Honduras dejó de limitarse a disputas por tenencia de tierra y evolucionó hacia un escenario aprovechado por estructuras criminales para expandir control territorial y operaciones ilícitas.

"Las organizaciones criminales, en particular los cárteles de la droga transnacional, se apoderan de espacios de conveniencia para convertirlos en santuarios. Entonces estos espacios son proveídos por la gente que habita en ellos, pero que los ha adquirido ilegalmente", explicó.

Según explicó, muchas de estas áreas terminan bajo influencia de grupos criminales que ejercen presión sobre las comunidades locales mediante amenazas, pagos o mecanismos de intimidación, provocando que parte de la población se involucre directa o indirectamente en actividades ilícitas.

A criterio del militar, esta dinámica facilita la expansión de plantaciones de coca y marihuana, instalación de laboratorios clandestinos y corredores utilizados para operaciones ligadas al narcotráfico.

El general retirado señaló que regiones como La Mosquitia, el norte de Olancho y amplios sectores de Colón presentan condiciones vulnerables debido a la limitada presencia estatal, pobreza y control ejercido por estructuras criminales.

Olancho y Colón forman parte de los cinco departamentos que concentran el 52% de fallecidos en más de una década. En ambos, junto a Santa Bárbara, se han contabilizado 40 muertes respectivamente. Solo son superados por Yoro, donde se han registrado 46 decesos, y por Cortés con 69.

Resalta que ninguno de los 18 departamentos del país estuvo exento de reportar muertes por disputas de terrenos.

Maldonado Galeas alertó que las economías ilícitas comienzan a mezclarse con la economía formal de estas comunidades, generando dependencia económica y una “criminalización” progresiva de los territorios. “Hay una rentabilidad económica que termina entrando a la economía formal e informal y crea una competencia desleal”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que la ausencia de acciones contundentes permitió que el conflicto creciera hasta convertirse en un problema de seguridad nacional con efectos directos sobre inversión, gobernabilidad y estabilidad social.

“Al final no se resuelve por falta de voluntad política y por una especie de tolerancia que permitió que el problema siguiera creciendo para no hacer parecer al Gobierno como un opresor de campesinos”, señaló.