Armando Suchite, padre de dos de las 19 personas asesinadas el jueves en una finca en el litoral atlántico hondureño, dijo a EFE que sus hijos "solo se dedicaban a trabajar" y no se explica qué pudo suceder para que se produjera esta matanza, perpetrada por hombres armados vestidos con uniformes de la Policía en una zona golpeada por los conflictos de tierras.
"No le puedo decir qué es lo que pasó. Solamente ellos saben", dijo Armando, padre de Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, asesinados en la madrugada cuando, como el resto de las víctimas, se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana.
Mientras avanza la jornada, familiares, vecinos y miembros de iglesias evangélicas se congregan en el patio de la vivienda de la familia Suchite para orar y preparar alimentos para el velatorio, entre ellos Cristina García, de 53 años y madre de los jóvenes asesinados, en medio de la consternación que sacude a esta comunidad en la colonia Nueva Vida, en el departamento de Colón.
Eran jóvenes “humildes" y "bien tranquilos”, dedicados únicamente al trabajo agrícola, dice el padre, de 55 años. El mayor de sus hijos, Elmer, deja dos niñas pequeñas, y Wilmer tenía otra hija.
“Mis hijos trabajaban allí en esa finca por un salario que les pagaban; no eran socios, solo eran trabajadores", insiste, tras explicar que eran originarios del departamento de Yoro, en el norte del país.
Elmer y Wilmer serán sepultados en la mañana del viernes en el cementerio de la comunidad de Rigores.
En la colonia Nueva Vida el luto es colectivo, donde varias familias lloran a las víctimas de una masacre ocurrida en una región en la que las disputas de tierras han dejado cerca de 200 muertos en las últimas décadas.
El conflicto en Colón se originó tras la venta de tierras —otorgadas originalmente a labradores mediante una reforma agraria hace medio siglo— a grandes empresarios agrícolas, unas propiedades que en la actualidad reclaman las nuevas generaciones de campesinos.
Según las autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado en los últimos años por la infiltración de grupos criminales, políticos y el narcotráfico.
El Gobierno de la expresidenta hondureña Xiomara Castro creó en 2022 una comisión especial para buscar una solución pacífica en Colón, principalmente en lo que se conoce como el valle del Aguán, pero los esfuerzos han resultado infructuosos.
