El Congreso Nacional discutía anoche la derogación de la Ley de Empleo por Hora, cuyo proyectista es el diputado de Libre Juan Barahona.
El artículo 3 del dictamen del decreto encaminado a derogar la Ley de Empleo por Hora señala que los 40,000 trabajadores contratados bajo la modalidad de empleo por hora no podrían ser despedidos de sus puestos de trabajo, de lo contrario los patronos incurrirían en responsabilidad civil, administrativa y penal.
En un segundo párrafo dice: “El patrono o empleador de naturaleza pública o privada que incumpla, disminuya o transgreda los derechos de los trabajadores, incluido el despido o la cesación, será responsable civil, administrativa y penalmente, según corresponda conforme a derecho”.
“La Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social debe vigilar y garantizar la estabilidad laboral amparada en la supremacía de las normas constitucionales de protección de los trabajadores”, añade la parte inicial de la misma disposición del dictamen que podría sufrir cambios al discutirse anoche en el Congreso.
Experto
Rafael Medina, director ejecutivo de la CCIT:
“Honduras no está en condiciones de perder un solo empleo”.
Bajo la protección de artículos relativos con el derecho del trabajo, garantías de la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Código del Trabajo y demás legislación vigente quedarán protegidos los trabajadores contratados al amparo de la normativa contenida en el decreto 354-2013.
El dictamen con el que se abolirá el marco legal en vigor hace ocho años no podrá ser invocado como causal de despido, se estipuló.
La bancada del Partido Nacional fijó su postura en contra de la anulación de la Ley de Empleo por Hora, instando a presentar una propuesta alterna para conservar empleos y generar nuevas plazas de trabajo.
Aunque el artículo 3 de la derogatoria del instrumento jurídico establece que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, el congresista del Partido Liberal, Yuri Sabas, sugirió ampliar este plazo a 180 días.
