El proceso de juicio político contra altos funcionarios electorales continuará, pese a que Marlon Ochoa, consejero separado del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció públicamente que no asistirá a las citaciones del Congreso Nacional.
Miembros de la comisión especial y diputados advirtieron que la normativa vigente establece que la falta de comparecencia del denunciado no interrumpe ni anula el curso de la investigación parlamentaria.
Merary Díaz, diputada del Congreso Nacional, señaló que, si bien la Constitución garantiza el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, estos son recursos que el denunciado decide ejercer de forma voluntaria.
Según Díaz, el juicio político seguirá su curso con o sin la presencia de los señalados, y se dejará constancia en el expediente de la incomparecencia, la cual será valorada por el pleno al momento de la votación final.
“La misma Ley Especial de Juicio Político señala que la no comparecencia no va a atrasar el desarrollo del proceso. Esperamos que el señor Ochoa recapacite y no intente utilizar esta figura para luego victimizarse ante la comunidad internacional alegando persecución política, porque aquí no existe tal cosa; el juicio busca la destitución de quienes utilizaron su cargo para socavar el Estado de derecho”, manifestó Díaz.
La congresista también desestimó los argumentos de defensa y afirmó que todo funcionario debe contar con respaldo documental de sus actuaciones.
“No necesitan decir que no se informaron; si actuaron apegados a la ley, deben tener las pruebas en su mochila”, expresó.
El artículo 13, numeral 7, de la Ley Especial de Juicio Político establece que la comisión especial debe citar al enjuiciado a una audiencia pública para que presente sus pruebas y contraargumentos; sin embargo, aclara que, en caso de no comparecer, esto no constituye impedimento para la prosecución de las actuaciones.
El artículo 14, que regula la etapa de discusión y votación en el pleno del Congreso Nacional, indica que el denunciado tiene derecho a exponer sus argumentos hasta por cuatro horas, pero precisa que, en caso de incomparecencia, el proceso continúa.
Las horas de las citas el lunes 13 de abril
Lissi Cano, diputada e integrante de la comisión especial, confirmó que el cronograma de audiencias iniciará el lunes 13 de abril, respetando el plazo de 48 horas establecido por ley para la preparación de la defensa.
Las comparecencias comenzarán a las 9:00 am con Marlon Ochoa; al mediodía está citado Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y por la tarde deberán presentarse los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, señalados por presunto boicot y negligencia en el proceso electoral de 2025.
El proceso contra los cuatro funcionarios electorales es el segundo en la historia de Honduras. El primero fue promovido contra el entonces fiscal Johel Zelaya, que derivó en su separación del cargo.
Dos funcionarias evitaron el juicio político al presentar su renuncia: Karen Rodríguez, suplente del CNE, y Suyen Muñoz, quien dejó la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, aunque continúa como comisionada.
Cano asegura que la comisión actuará con objetividad y que la investigación no se limitará a los testimonios de los denunciados.
El órgano legislativo tiene la facultad de citar a otros funcionarios en calidad de testigos, entre ellos Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del CNE, quienes podrían ser convocadas para rendir su versión de los hechos.
“Estamos exhortando a que comparezcan y presenten su versión; no existe ninguna sentencia anticipada. Actuaremos de manera expedita pero responsable, evacuando todos los medios de prueba para que el pleno determine si procede o no la destitución”, explicó Cano.
El derecho a su defensa
Tania Pinto, presidenta de la comisión especial, reiteró el llamado a los denunciados para que ejerzan su derecho a la defensa bajo las garantías del debido proceso.
Pinto recordó que la admisión de la denuncia obtuvo 91 votos, superando los 86 requeridos por la Constitución, "lo que otorga legitimidad al proceso".
La legisladora subrayó que la comisión no es un tribunal penal, sino un órgano de control político encargado de evaluar la idoneidad y responsabilidad de los funcionarios.
Uno de los puntos de controversia ha sido la denuncia de los señalados sobre una supuesta falta de acceso a documentación para preparar su defensa.
El ambiente en el Congreso Nacional se mantiene tenso, mientras distintos sectores permanecen a la expectativa del desarrollo de este proceso, que podría sentar un precedente en la fiscalización de los entes electorales en Honduras.
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